Carta Magna digital

En el Perú se ha empezado a popularizar el término ‘ciudadanía digital’ para referirse a servicios públicos que se entregan a través de medios digitales. Así, por ejemplo, algunos expertos y tecnófilos expresan que es necesario promover un set de servicios digitales como la identidad digital, la billetera electrónica o el uso de firmas digitales, entre otros, que les den contenido a nuestras potencialidades en los espacios digitales.

No obstante, en estricto, ser un ciudadano digital es algo más que poder acceder de manera inclusiva a servicios digitales. Porque, en verdad, el núcleo mismo de tal categoría nos refiere a un ámbito (el digital) con el que nos relacionamos en base a facultades (derechos) y obligaciones (deberes). Cuando pensamos en ciudadanos en el espacio digital, a veces se comete un error de concepto, pues se percibe a lo digital como una abstracción. Pero lo digital no es una nube que anda dando vueltas, ni tampoco una progresión de ceros y unos.

Cuando uno piensa en lo digital, la imagen que deberíamos tener es la de una gran cantidad de personas juntas en un “espacio compartido” que, además, se construye en base a nuestra participación en otros espacios públicos o privados en Internet.

El entorno digital es ese gran espacio compartido del que todos somos parte como ciudadanos y lo que pase con este nos afecta a todos. Interactuamos en este espacio en base a derechos y obligaciones que es necesario conocer, pero, mejor aún, reconocer. Está muy bien que empecemos a hablar de la ciudadanía digital, pero hagámoslo conscientes de la dimensión política de dicha noción. Pues lo relevante de la condición tecnológica radica en el poder que confiere respecto de los otros, más allá de si el Estado nos entrega o no servicios públicos digitales.

En ese sentido, los gobiernos de varios países están concentrando sus esfuerzos en definir ese set de derechos al que me refería líneas arriba. Y la definición se desarrolla a través del consenso plasmado en una suerte de Carta Magna o Constitución, en la que nosotros, los ciudadanos, transamos con el Estado el mejor marco posible para mejorar lo que ya tenemos, así como facilitar la irrupción de nuevas facultades vía lo digital.

Una carta de derechos digitales sirve, entonces, para defender los derechos ciudadanos que ya tenemos y, al mismo tiempo, para reconocer y ampliar otros. Se trata de ampliar el “ancho de banda” de nuestra ciudadanía y, por ello, de la democracia en tanto forma inteligente de convivencia.

Por ejemplo, quién puede negar que actualmente se hace necesario hablar de un derecho a ser protegidos de las noticias falsas (‘fake news’) o que tengamos derecho de acceso al teletrabajo y, más aún, un derecho a la alfabetización digital: que todos tengamos la posibilidad de usar en nuestro beneficio las tecnologías. Nadie puede negar que hay muchas personas que han llegado tarde al manejo y al conocimiento de las computadoras y que son incapaces de realizar gestiones cotidianas con su banco, con alguna plataforma que le transfiere ayudas económicas o, peor, que no pueden colaborar con la formación educativa de sus hijos, pues no saben cómo acceder a contenidos educativos vía los sitios web del Minedu, por ejemplo.

Si algo nos mostraron los meses de confinamiento debido al COVID-19 es que lo digital tiene cada vez más relación con cuestiones esenciales para nuestro bienestar. Por ello, es importante que empecemos a involucrarnos más con la iniciativa que la PCM –a través de su Secretaría de Gobierno y Transformación Digital– está desenvolviendo mediante una convocatoria ciudadana que se orienta a definir los derechos que constituirán nuestra novísima carta de derechos digitales.

Dicho esto, sería muy recomendable que la PCM haga una mayor difusión de esta iniciativa de modo que la mayor cantidad posible de ciudadanos se involucre en ella.