Cuando las instituciones fallan, falla el país: una advertencia para el 2026

Uno de los grandes retos del nuevo gobierno que acaba de asumir es sentar las bases para la consolidación de la institucionalidad en el país durante el proceso de transición, la cual ha sido debilitada de forma evidente durante los últimos cuatro años. Las autoridades salientes parecieron olvidar que, sin instituciones sólidas, no hay progreso sostenible. La manipulación política de entidades públicas, sumada al uso del aparato estatal para agendas personales, ha colocado al Perú en una de sus crisis institucionales más profundas, con impactos notorios en la confianza ciudadana y en el crecimiento económico.

El economista Douglass North recordaba que las instituciones son “las reglas del juego” que ordenan la vida económica y política y que reducen la incertidumbre, permitiendo la cooperación entre ciudadanos, empresas y el Estado. En términos similares, los laureados nobeles en economía Daron Acemoglu y James Robinson han demostrado, en su libro “Por qué fracasan las naciones”, que los países que prosperan lo hacen porque cuentan con instituciones inclusivas, capaces de garantizar estabilidad, promover la inversión y evitar la captura del Estado por intereses particulares. Cuando estas reglas se ven debilitadas o distorsionadas, la economía se resiente, la ciudadanía pierde confianza y la democracia se vuelve frágil.

Lamentablemente, eso es lo que ha ocurrido en varios sectores del Estado durante los últimos años. Algunas entidades fueron convertidas en plataformas de promoción personal, reemplazando su función pública por intereses individuales o convirtiéndose en instrumentos para desplegar venganzas políticas y personales. Esta mala práctica no solo afecta la credibilidad institucional; también erosiona el profesionalismo interno, desperdicia recursos y genera un alto costo de oportunidad en un país que necesita recuperar rumbo y velocidad.

A partir del 28 de julio del 2026, el nuevo gobierno que sea elegido tendrá la oportunidad histórica y responsabilidad de revertir este retroceso. Más aún, en un contexto preelectoral como el actual, resulta fundamental que los candidatos comprendan que el fortalecimiento institucional no es un lujo técnico, sino un compromiso democrático y necesario. En “Los orígenes del orden político”, Francis Fukuyama recuerda que la construcción institucional exige profundidad y constancia, señalando que: “Construir una institución no es como construir una represa hidroeléctrica o una red de carreteras. Se requiere un gran esfuerzo para convencer a las personas de que el cambio institucional es necesario… y luego lograr que adopten un nuevo conjunto de comportamientos como algo rutinario y esperado”. Esta reflexión es especialmente pertinente para el Perú, donde la estabilidad institucional ha sido históricamente frágil frente a los recurrentes cambios de gobierno.

Las instituciones deben adaptarse, sí, pero no reinventarse desde cero cada vez que cambia el gobierno. Lo responsable es fortalecer lo que funciona, potenciar a los mejores cuadros profesionales y corregir aquello que falla. Destruir lo avanzado solo nos devuelve al punto de partida y profundiza la desconfianza ciudadana. La construcción institucional requiere tiempo, continuidad y voluntad política.

Con miras a las próximas elecciones, este es un llamado a que los candidatos coloquen la institucionalidad en el centro de sus propuestas. Un Perú con instituciones sólidas es un país con democracia estable, economía próspera y ciudadanos que vuelven a confiar en su Estado. Ese es el camino que merecemos recorrer.