El legado más peligroso

La nefasta gestión de Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior ha llegado a su fin y, con su salida, ha venido la expectativa por un sucesor que muestre las capacidades mínimas para frenar el avance de la inseguridad.

¿Qué nos deja Santiváñez? En cuestión de cifras, nada positivo y, en cuanto a soluciones, poca eficacia. El último estado de emergencia por inseguridad ciudadana decretado por el Ejecutivo el pasado 17 de marzo es el sexto –entre declaraciones y prórrogas– en lo que va del gobierno de Dina Boluarte, y el tercero que se dio bajo el mando del ahora exministro del Interior.

Desde la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData) hemos calculado que, tras cumplirse el mes de vigencia establecido para la medida, el gobierno habrá tenido distritos de Lima y Callao bajo estado de excepción por motivos de seguridad ciudadana por un total de 253 días, casi un tercio del tiempo que Boluarte lleva en el poder.

Uno pensaría que el ahínco en esta medida –que es, por definición, excepcional– ha servido de algo, pero los números dicen lo contrario: las denuncias por delitos contra el patrimonio (que incluyen extorsión y robo agravado) y por homicidio han ido en aumento. Lo mismo con los homicidios registrados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), como informó este Diario el domingo. Según esta última fuente, en el Perú se produce un asesinato cada cuatro horas. El exministro del Interior Rubén Vargas se ha referido a la actual crisis delictiva como “la mayor crisis de desborde criminal en nuestra historia republicana”. Tal parece que la rimbombante medida continúa siendo solo “para la foto”.

En un contexto electoral, el aumento de los delitos violentos no es solo un riesgo para la seguridad, sino para la democracia del país. Una encuesta de Datum publicada ayer en El Comercio le puso números a una sensación omnipresente: para los peruanos, el primer problema que debería atender el próximo presidente de la República es la criminalidad (52%), muy por encima de la economía (42%) y la corrupción (41%).

El válido reclamo de los peruanos bien podría desembocar en un voto dispuesto a sacrificar derechos y libertades en aras de la seguridad. Según cifras del Informe Latinobarómetro (2024), el Perú es uno de los únicos dos países de la región donde el apoyo a la democracia se redujo entre el 2023 y el 2024. Para este último año, dos de cada diez peruanos consideraban que un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático.

El resultado de este explosivo cóctel de inseguridad, miedo, hartazgo y elecciones es claro: un nicho aprovechable por candidatos presidenciales antisistema que ofrezcan soluciones de ‘mano dura’ ineficaces en la práctica (o eficaces, pero igualmente peligrosas), en lugar de soluciones reales que no sacrifiquen los pequeños avances democráticos y económicos que, a pesar de los golpes, hemos conquistado.

Y es lógico: ¿no es, acaso, comprensible que los peruanos prefieran poner su vida y seguridad por encima de cuestiones institucionales? Lamentablemente, cualquier valor democrático se tiñe de frívolo o secundario cuando la supervivencia es la prioridad, y sobran ejemplos en el plano internacional para seguir insistiendo en lo contrario. Este riesgo es, quizá, el legado más grande que nos dejará el gobierno de Dina Boluarte.