El poder de sacar de carrera al adversario

Entre las sombras de la inestabilidad política, la violencia criminal y la polarización radical, vuelve a asomar el poder de exclusión de partidos y precandidaturas, aún revestido de ambigüedad, pero que genera un profundo daño en el sistema electoral y en la democracia.

Que esto se presente en el clima que vivimos (inestabilidad política, violencia criminal y polarización radical) escala las posibilidades de que lleguemos a las elecciones de abril del 2026 en condiciones muy precarias de confianza y viabilidad democráticas, que las encuestas de la última semana (Datum, Ipsos y CPI) han puesto énfasis en advertir con severidad.

Salvo la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA y su respuesta policial-militar entre los años 80 y los 90 del siglo pasado, y el crimen organizado de la última década de este siglo –entre el 2016 y el 2025–, la inestabilidad política y la polarización radical han atravesado toda nuestra vida republicana, como escenarios propicios en los que las estrepitosas exclusiones de partidos y candidaturas no han estado ausentes.

Los vetos contra el Partido Aprista y sus liderazgos podían manifestarse en el siglo XX mediante persecuciones y golpes de Estado, o de manera más sutil impidiendo que el Congreso les reconociera victorias presidenciales y parlamentarias. Los antivotos contra Keiko Fujimori del 2016 y 2021 no llegaron a la exclusión directa de su candidatura presidencial, pero sí hubo mecanismos oscuros, bajo la vista gorda de la autoridad electoral, que disminuyeron y ensombrecieron sus caudales de votos. En el 2016, las exclusiones de las candidaturas presidenciales de César Acuña y Julio Guzmán evidenciaron más presiones y ardides políticos que infracciones propiamente dichas que la autoridad electoral tampoco pudo despejar debidamente.

Ahora último, la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, prácticamente se despidió de su cargo pidiendo al Poder Judicial la declaración de ilegalidad del partido Fuerza Popular por presuntamente desplegar conductas antidemocráticas, lo que revela en el fondo el propósito velado de excluir anticipadamente la candidatura de Fujimori. En las próximas semanas, el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que resolver asimismo una apelación de César Acuña Peralta, gobernador de La Libertad y a su vez líder de Alianza para el Progreso, por supuestamente haber vulnerado la neutralidad electoral según resolución del Jurado Especial de Chiclayo.

En poco tiempo más, a las comunes carpetas de investigación fiscal van a sumarse carpetas de infracción electoral, orientadas, dentro de lo que es nuestra típica idiosincrasia política, a sacar de carrera a precandidaturas incómodas o desafiantes en el previsto ránking de primera y segunda vuelta.

López Aliaga, Fujimori, Acuña y Álvarez no solo tienen que cuidarse del poder de la exclusión que ronda sus cabezas. Tienen que ser conscientes, y esto es lo más grave, de que la presidenta Dina Boluarte, convocante de las elecciones libres y democráticas, no viene haciendo nada realmente eficaz y confiable para que quienes compitan por gobernar el país los próximos cinco años lleguen a abril y junio del 2026 con plenas garantías para su vida, sus campañas y la limpia emisión de votos de sus electores.