No me hagas esperar, por Rossana Echeandía

Lo que ocurre durante los primeros años de la vida de un niño le deja una huella profunda para el resto de su vida. En esta etapa de su desarrollo el ser humano establece las bases, sólidas o débiles, para su capacidad afectiva y de comunicación, su inteligencia emocional e incluso sus habilidades de aprendizaje y abstracción. La interacción con su padre y su madre, fundamentalmente, será la que estimule la actividad cerebral sobre la cual se construye todo lo anterior. Evidentemente, cada uno viene con su propia carga genética, pero las relaciones que establezca, o no, durante esa etapa de su vida contribuirán a su despliegue o a su retraimiento. 

Por eso, cuando se denuncia que un proceso de adopción puede durar hasta cinco años, como lo hizo Gabriel Daly en un informe publicado el domingo en este Diario, lo que en realidad se está denunciando es que hay un grupo de seres humanos a quienes, desde el principio de su vida, se les arrebata la posibilidad de desarrollarse adecuadamente, con un padre y una madre. 

Lo más grave es que esta situación resulta de una burocracia instalada en el Poder Judicial y en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), cuya Dirección de Investigación Tutelar es la encargada de buscar los antecedentes del niño para declararlo en estado de abandono. Solo entonces es posible entregarlo en adopción. La propia directora de Adopciones del MIMP admite que cinco años es demasiado. 

El camino de la ilegalidad al que algunas personas se ven tentadas no es la solución. Sin embargo, es tiempo de que la ley que rige las adopciones se revise, se agilicen los trámites y plazos para la declaratoria de abandono, y se hallen soluciones prácticas para que, aun antes de que se concrete la adopción, los niños puedan vivir con las familias que aspiran a ello. Todo, por supuesto, bajo una supervisión cercana de las autoridades. 

Actualmente, en cambio, lo que se advierte es una gran indiferencia de las autoridades, especialmente del MIMP, respecto de la situación de los niños en centros de atención residencial que permanecen años allí sin que se aclare su situación judicial. También es evidente la impericia e ineptitud de la Dirección de Investigación Tutelar que depende del MIMP. Hoy se ha convertido en una entidad burocrática que olvida que detrás de un expediente hay un niño sin padre y madre, con funcionarios que tienen miedo de usar las herramientas legales que tienen como, por ejemplo, buscar a las familias extendidas o familias que puedan hacerse cargo temporalmente de los niños mientras se aclara su situación jurídica. Demoran los expedientes como si fueran juzgados.

Inexplicablemente, tampoco está funcionando el mecanismo de acogimiento familiar y el MIMP no le está dando impulso. Si lo hiciera, permitiría dar acogida temporal a los niños en familias, en lugar de que estén en hogares, a cuyo personal ni siquiera se les da el apoyo necesario. 

Finalmente, es escandalosa la falta de coordinación entre el MIMP y el Poder Judicial para que los jueces dicten la sentencia y declaren la situación de abandono de un pequeño para que pueda ser dado en adopción. Es frecuente saber de familias que esperan durante años a un niño que será su hijo, mientras hay niños que van creciendo solitarios, con carencias irrecuperables, porque hay funcionarios que no se dedican a lo que deberían. El MIMP debe poner este tema en su agenda. ¿O será que a este gobierno no le interesa la niñez en abandono?