Desde hace casi 30 años la ley dispone que el reparto de utilidades a los trabajadores se distribuya en un 50%, en función de los días trabajados, y el otro 50%, en función de las remuneraciones. El Congreso ha aprobado en primera votación una modificación de esos porcentajes, de manera que el 75% se distribuya en proporción a los días trabajados y sólo el 25% en proporción a las remuneraciones. No es necesaria mucha aritmética para llegar a la conclusión de que la nueva forma de reparto “beneficiará” a los trabajadores de menores ingresos.
Eso creen los congresistas. Pero el mercado laboral se ajusta, a la larga, a las restricciones que impone la ley; y, hechos los ajustes, los trabajadores de menores ingresos pueden salir perjudicados.
El principio económico fundamental es que una empresa contrata a un trabajador si y sólo si lo que produce vale más de lo que cuesta mantenerlo en planilla. El costo no está limitado al sueldo; incluye también la participación en las utilidades y todos los “beneficios sociales”. Si la ley obliga a distribuir más utilidades entre los trabajadores de menores ingresos, otros componentes de su remuneración tendrán que ajustarse hacia abajo.
Las empresas no ignoran el poder de los incentivos a la productividad, y tratan de recompensar la contribución a la generación de utilidades, no porque la ley se lo exija, sino por su propia conveniencia. Por eso pagan voluntariamente bonos a sus trabajadores. Pero no todos los trabajadores están en la misma posición para contribuir a las utilidades.
El gerente general, cuyas decisiones son las que más impacto tienen en los resultados, suele ser el que recibe el bono más alto (cuando las cosas van bien). Puede ser una cantidad mucho mayor de la que le tocará en el reparto legal de utilidades. Éstas son solamente un pago a cuenta del bono que la empresa de cualquier manera le otorgará.
En el otro extremo de la escala salarial, el empeño que ponga un operario puede contribuir a aumentar la producción o reducir los costos, pero no será tan determinante. A la empresa no le queda sino acatar la ley, pero si la participación de ese operario en las utilidades supera el bono que la empresa voluntariamente le daría, el sueldo que se ofrece para ese puesto será menor o no aumentará a la velocidad que uno esperaría. O quizás el puesto desaparezca.
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