Bulos y patrañas

El congresista Guido Bellido (Perú Bicentenario) ha anunciado que está elaborando un proyecto de ley para que se le conceda una amnistía al expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre pasado. Según ha precisado, “la amnistía iría sobre los delitos de rebelión y sedición, mas no sobre otros temas que se estén tratando en el fuero judicial”. Es decir, no comprenderá los delitos de corrupción y organización criminal por los que también se investiga al exgobernante y que, al igual que en el caso anterior, determinaron que se le dicte prisión preventiva.

Vale la pena tener presente que la amnistía es una figura legal que decreta el ‘olvido’ de un delito (con la consecuente interrupción del juicio que se le seguía a la persona que lo cometió) y que debe ser aprobada por el Congreso. Así las cosas, la iniciativa de Bellido se muestra singularmente descabellada, no solo porque es evidente que en el Parlamento no existen los votos para aprobarla, sino también porque, así fuese aprobada, no conseguiría la libertad del actual inquilino del penal de Barbadillo. Su prisión preventiva, en efecto, continuaría hasta el 2026 por los otros crímenes que se le imputan.

Pedir que se ‘olvide’ un delito, además, supone en principio aceptar que este fue cometido, pues de otra manera no habría cosa alguna que olvidar: una tesis curiosa de parte de quien sostuvo originalmente que el que había ‘olvidado’ el mensaje golpista era el propio Castillo. Bellido, como se sabe, fue uno de los principales alentadores de las versiones que postulaban que el exmandatario habría sido drogado para leer su proclama de atropello al orden constitucional, pues declaraba no tener memoria del hecho.

Su propuesta luce, en realidad, como un esfuerzo artificioso por ganar titulares en la prensa y mantener vivo un alegato alimentado por los valedores de Castillo desde el absurdo. A saber, el de que el golpe no fue tal o tuvo atenuantes que lo harían dispensable.

Sin ir más lejos, la semana pasada, Eduardo Pachas, uno de los abundantes abogados del expresidente, estrenó la especie delirante de que su patrocinado hizo lo que hizo como parte de una estrategia para evitar la muerte. “Fue arrinconado, emboscado y con amenazas de muerte hacia su persona. Ese día, si no se le suspendía o se vacaba, se le iba a matar”, aseveró. Para luego agregar: “El presidente Castillo, como estratega y gran hábil [sic], tomó una decisión de leer ese discurso”. Es de notar que la construcción “se le iba a matar” es impersonal. Es decir, escamotea al sujeto de la presunta acción, lo que subraya la inconsistencia de la teoría conspirativa del abogado.

Pocos días atrás, por otro lado, se conoció la denuncia interpuesta por el propio Castillo ante la fiscalía contra más de 100 personas –entre las que se contaba a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; al coronel Harvey Colchado; a un grupo de congresistas que votó a favor de su vacancia; a la presidenta Dina Boluarte y hasta a su exministro de Defensa Gustavo Bobbio– por haber integrado una presunta organización que buscó destituirlo del cargo y por no haber respaldado su atentado contra la institucionalidad democrática. La denuncia, por cierto, ha sido ya desestimada por el Ministerio Público en varios de sus extremos, pero no por eso debe ser ignorada, pues forma parte de una construcción mayor. Un entramado de bulos y patrañas montado por quienes no se cansan de buscarle disfraces y excusas a lo que fue un mondo y lirondo delito, dictado por los afanes de Pedro Castillo por imponer una dictadura y escurrirse al mismo tiempo de la acción de una justicia que lo tenía cercado a él, a sus familiares y a varios de sus colaboradores más cercanos. Y no habrá amnistía que pueda hacer olvidar eso.