Editorial: Tercera llamada

A pesar de resultar indispensables para su funcionamiento, los parlamentos no suelen ser la institución más popular en una democracia. Aquí y en otras latitudes, la gente tiende a ver a sus integrantes como personas que trabajan poco y gozan de privilegios injustificados. La labor de fiscalización y contrapeso que deben cumplir frente al Ejecutivo solo es apreciada en circunstancias excepcionales; y las de legislación y representación a duras penas son comprendidas por una minoría de la población.

Dicho todo eso, sin embargo, es forzoso precisar que, en nuestro país, las distintas conformaciones congresales que se han sucedido en el recinto de la plaza Bolívar durante los últimos lustros han hecho méritos adicionales para ganarse la reprobación ciudadana. “Blindajes” a personajes nefastos, obstaculizaciones que obedecen solo a ojerizas políticas, tráficos de influencias y demás conductas vergonzosas –o directamente delictivas– han ocasionado que cada representación nacional haya culminado su mandato bajo la impresión general de que aquella que la sucedería no podría ser peor… Pero, tristemente, esa opinión ha tenido que ser revisada una vez que los nuevos elencos legislativos se estrenaban.

El caso del Congreso elegido en el 2016 (y disuelto tres años más tarde por orden del entonces presidente Vizcarra), y luego reemplazado por el elegido en el 2020, es un ejemplo paradigmático del problema que describimos, pues en menos de un año, los reemplazantes se las arreglaron para granjearse una desaprobación (73% en todo el país, de acuerdo con la última encuesta de El Comercio-Ipsos) que compite de igual a igual con la que en su momento se habían ganado a pulso los reemplazados.

En lo que concierne a la presente conformación parlamentaria, la pobreza de la evaluación pública tiene que ver, sobre todo, con la andanada de iniciativas populistas y sin respaldo técnico que ha aprobado en diez meses. Y casi invariablemente por una mayoría tan abrumadora que hace ocioso intentar distinciones por bancadas.

Para muestra, algunos botones:

- la ley para que los afiliados a las AFP pudiesen retirar hasta el 25% de sus fondos, con 107 votos a favor y solo 4 en contra;

- la insistencia de la suspensión del cobro de peajes administrados por privados durante la emergencia (que luego fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional), con 102 votos a favor, 1 en contra y 25 abstenciones;

- la insistencia también de la ley que sanciona con cárcel “el acaparamiento y la especulación” durante la emergencia, con 106 votos a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones;

- el dictamen para que alrededor de 14.000 docentes cesados por no aprobar o no haber rendido la evaluación dispuesta por el Minedu en el 2014 puedan ingresar en la carrera pública magisterial sin evaluación alguna de por medio, con 107 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones;

- la insistencia de la ley sobre “devolución” de los aportes de los afiliados a la ONP, con 87 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones.

Y la lista podría continuar…

Pues bien, es esa misma representación nacional la que ha iniciado ayer la tercera y última legislatura a su cargo. Y lo hace en medio de malos presagios, porque ya hay voces que declaran la necesidad de censurar a la Mesa Directiva y anuncian interpelaciones ministeriales que tienen un claro sabor a campaña

Esa circunstancia, sin embargo, no tendría que ofrecerse como un futuro inexorable. Quizás los actuales legisladores deberían ver esta situación como una tercera llamada. Es decir, como una oportunidad para reivindicarse ante la población procurando cumplir esta vez su tarea con responsabilidad y mesura. Y, en la medida en que estamos ad portas de la elección de un nuevo Parlamento, dejar que las decisiones que tendrán un impacto en el siguiente quinquenio sean adoptadas por sus sucesores sería un buen principio.