Muchas veces en la historia moderna, cuando han existido atropellos groseros a los derechos de los más vulnerables respaldados por ley, estos típicamente se han revestido en lo formal de “prácticas culturales”, “tradición” o simplemente como resultado del devenir inexorable del destino, sin culpa alguna. En realidad, como sucedió con la esclavitud o con las formas de discriminación más abyectas avaladas por el marco legal, se trata simplemente de ignorar la humanidad en el más débil por prejuicio, por ignorancia o por llana conveniencia.
Esto no es algo muy diferente de lo que sucede hoy alrededor de la discusión sobre el matrimonio infantil en el Perú. En todo el país, desde el 2018, se permite que los adolescentes desde los 14 años puedan contraer matrimonio con autorización de sus padres. Esta política abre la puerta para que niñas y jóvenes que han sufrido abusos sexuales sean revictimizadas al forzarlas a casarse con su agresor. Aun en los casos donde no ha mediado violencia, situaciones en las que una menor de edad se une con un hombre décadas mayor que ella hiede a manipulación y a abuso de poder.
La situación, además, no es inusual. En los últimos diez años, Reniec tiene registrados 4.357 casos de matrimonios de menores de edad. Seis involucran a niñas de 11, 12 y 13 años, lo que es ilegal bajo el actual marco legislativo. De acuerdo con un informe de EC Data, desde el 2012 cada año se registran 27 uniones con menores de 16 años.
Aun así, diversos legisladores se han opuesto a una mejora normativa que prohíba los matrimonios de personas por debajo de los 18 años. Jorge Morante (Fuerza Popular), por ejemplo, opinó que a partir de los 16 años “ya hay buena capacidad de discernimiento” entre los menores. Gladys Echaíz (Renovación Popular) dijo que la realidad es que las familias se forman “desde temprana edad” y que no se debería limitar los derechos de la persona, sino abordar el asunto desde “la familia, la escuela, etcétera”.
Sin embargo, José Balcázar (Perú Bicentenario) fue mucho más allá. En el debate del predictamen, declaró que “mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”. “La medicina legal ha confirmado que las relaciones sexuales tempranas ayudan al desarrollo psicológico de la mujer. Las personas de 14 años para arriba son sumamente maduras e inteligentes a estas alturas del siglo XXI. Lo han demostrado la psicología y criminología”, agregó entonces. Los comentarios generaron una previsible ola de indignación y un pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero, lejos de corregirse, Balcázar insistió en su argumento en distintas entrevistas posteriores. “No me disculpo, quiero que la gente lea primero”, indicó con soberbia. E incluso recibió el respaldo del líder de Perú Libre, el partido que lo llevó al Congreso, Vladimir Cerrón, que aseguró que “el Perú es un país de tabúes”.
Los dichos de Balcázar son aberrantes y de una tremenda falta de empatía. Más allá de que no ha podido explicitar las fuentes en las que se basa, ilustran con claridad el tipo de pensamiento que obvia el desbalance de poder entre edades y entre géneros en el Perú. Esta visión facilita y normaliza los abusos contra niñas y adolescentes y, por lo tanto, encamina al Estado a fallar en su tarea de resguardar la dignidad de los más vulnerables, una de sus principales razones de existir.
Ninguna práctica cultural ni tradición ni teoría a medio cocer puede jamás justificar el atropello a personas indefensas que aún no han alcanzado una madurez intelectual ni emocional suficiente. Es sorprendente y triste que algo tan obvio deba aún ser enfatizado.
Sucesos
