Editorial: A sus anchas

Ayer, la jueza Judy Baldeón decidió no imponer prisión preventiva contra 20 de los 38 investigados por el Caso Los Dinámicos del Centro, y eligió, más bien, dictar comparecencia con restricciones para algunos de ellos. Como se sabe, el Ministerio Público había solicitado 36 meses de encierro contra los miembros de la presunta organización criminal mientras continúan las pesquisas en su contra por los delitos de falsedad ideológica, concusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias. Según la letrada, sin embargo, el pedido de la fiscalía no cumple con las condiciones que el recurso solicitado demanda. Y, a nuestro juicio, se está cometiendo un grave error.

En más de una oportunidad desde estas páginas hemos cuestionado el uso abusivo que se le ha venido dando a la prisión preventiva. Bajo el amparo de esta herramienta, cuyo uso debería ser excepcional, se ha llevado a prisión a decenas de personas por el Caso Lava Jato, dentro de investigaciones que, en muchos casos, todavía ni siquiera han desembocado en una acusación. Sin embargo, que antaño el recurso se haya usado con debatible pertinencia no justifica que no se emplee cuando sí es necesario. Y en el caso de Los Dinámicos del Centro, la renuencia de algunos de los implicados para ponerse a derecho y la escala de los crímenes, relacionados a Perú Libre, que se imputan –que incluirían actos de corrupción para financiar la campaña de quien podría ser el próximo presidente–, deberían justificar que la medida se aplique.

De hecho, la contumacia con la que algunos de los implicados han evitado presentarse ante la justicia ha sido pavorosa. Por ejemplo, el fundador de Perú Libre y ex director regional de Transportes de Junín Eduardo Bendezú apareció en una audiencia a través de una videollamada luego de permanecer por semanas en la clandestinidad. Su abogado argumentó que “todo ciudadano tiene derecho a salvaguardar su derecho a la libertad personal cuando considera que una medida es ilegal o arbitraria” y aseguró que, de variar la medida, “se pondrá a derecho”. Pero la obligación de todo ciudadano es asistir cuando la justicia lo demanda, lo contrario es rehuirla y una circunstancia que abona a lo adecuado de la prisión preventiva.

Asimismo, aquellos delitos de los que se acusa a Los Dinámicos del Centro tampoco son poca cosa y tampoco lo son los indicios que los demostrarían (a diferencia de lo que sostiene la jueza en cuestión). En corto, se habría querido copar los puestos dentro de la Dirección de Transportes de Junín para poder recaudar cobros ilícitos a personas interesadas en tramitar sus licencias para conducir en Huancayo y Satipo. Las coordinaciones fueron hechas por WhatsApp y los pantallazos de las conversaciones están en manos de la fiscalía. Además, durante los allanamientos se encontraron más de 800 mil soles en diversas viviendas y una maleta con casi medio millón de soles. El dinero recaudado habría sido destinado, como hemos dicho, a la campaña de Pedro Castillo.

Existen audios, también, en los que Arturo Cárdenas secretario de Organización de Perú Libre, involucrado en el caso, decide a quién se contrata, declarando desiertos procesos de selección de plazas de trabajo y pedir a proveedores del gobierno regional que aporten a la campaña.

El Ministerio Público ha apelado la resolución de la jueza y la decisión será evaluada en segunda instancia. Ahí, el Poder Judicial podrá enmendar el rumbo. Preocupa, pues, el impacto que pueda tener en los colaboradores eficaces del caso que aquellos a los que están delatando permanezcan en libertad. Sobre todo, por la influencia que ostentan al interior del probable partido de gobierno algunos de los involucrados y por el poder que ya han demostrado tener, como cuando algunos supieron que se les allanaría antes de que las intervenciones se llevasen a cabo.

Así las cosas, las autoridades deberían reconsiderar mantener a sus anchas a personas que podrían ser peligrosas y amenazar la investigación que pesa sobre ellos. Es clave que se sepa la verdad y que se evite a toda costa cualquier acercamiento a la impunidad.