(Foto: Archivo El Comercio)
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El domingo pasado, el programa “Cuarto poder” reveló el testimonio de la empresaria Mirtha Gonzales Yep, quien acusa al congresista de haber recibido sobornos para que este intercediera a favor de la empresa Constructora CRD –en la que ella se desempeñaba como consultora comercial– en Chiclayo. De acuerdo con Gonzales, quien está involucrada en las investigaciones del Caso Los Temerarios del Crimen, ella compró materiales valorizados en más de 74 mil soles para remodelar la casa del legislador de , con el fin –según su versión– de que la referida compañía se mantuviera a cargo de la planta de tratamiento de residuos sólidos en la ciudad norteña.

Este testimonio llega en el marco de las investigaciones que conduce el fiscal Juan Carrasco y que involucran, entre otras personas, al parlamentario Becerril, a sus hermanos y al ex alcalde de Chiclayo David Cornejo, quien está purgando 36 meses de prisión preventiva. Este último, además, en su declaración a la fiscalía, afirmó que el señor Becerril participó en el señalado esquema de coimas con su hermano Wilfredo Segundo como facilitador, versión que coincide con las declaraciones de Mirtha Gonzales.

Cabe recordar, además, el reportaje difundido por “Panorama” en abril del 2018, en el cual el alcalde de Aucallama (Huaral) aseguró que el señor Becerril habría intentado fungir como mediador para que el municipio le pagara una deuda de S/300 mil a Red Medical Dental & Business, empresa en la que trabaja el hermano del congresista, Wilfredo Becerril. Situación que delata que existe un patrón en los cuestionamientos al legislador.

Está claro que la acumulación de controversias no supone por sí misma la culpabilidad del cuestionado, pero sí entraña un peso que debilita las estructuras de la institución que lo alberga. Esto último harían bien en advertirlo los congresistas que, como han mostrado en ocasiones anteriores, les atribuyen mayor importancia a las alianzas políticas que a ejercer sus responsabilidades.

En ese sentido, vienen a la mente casos como el del congresista Edwin Donayre, quien, incluso cuando pesa sobre él una sentencia a cinco años y seis meses de prisión por el Caso ‘Gasolinazo’, aún es protegido gracias a la renuencia de sus pares de Fuerza Popular a levantarle la , a pesar de ser una orden del Poder Judicial.

En esa línea, el interés de la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, por conducir “una investigación profunda” sobre el caso del señor Becerril resulta positivo. Sin embargo, más importante será la voluntad de los congresistas para permitir que el proceso de indagación se lleve a cabo sin obstáculos propiciados por los correligionarios del investigado, incluyendo aquellos congresistas que pretendan sacarle provecho a la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.

Con el caso del señor Héctor Becerril, el Congreso de la República tendrá una nueva oportunidad para mostrarle a la ciudadanía una cara diferente a la que ha venido mostrando en los últimos años. Una que privilegie los principios democráticos por encima de las consideraciones políticas. No obstante, si nos basamos en el comportamiento que han exhibido en ocasiones anteriores, las posibilidades de que esto ocurra son, más bien, remotas.