(Foto: Archivo El Comercio)
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Editorial El Comercio

Aunque los mediáticos casos de engaños a consumidores o los indignantes cárteles de empresas (como los sonados acuerdos de precios entre farmacias y productores de papel higiénico) suelen ser los que más captan la atención de la prensa y de la ciudadanía en su conjunto, es otra tarea a cargo del Indecopi la que probablemente mayor impacto produce en la sociedad. Nos referimos a la eliminación de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad.

En sencillo, esta tarea consiste en identificar y suprimir aquellos requisitos, tasas, obligaciones o prohibiciones que diversas entidades públicas imponen a las personas y empresas, y que contravienen la ley, no persiguen un verdadero fin público, son innecesarios o desproporcionales. Es decir, las trabas para el desarrollo económico que no deberían existir.

Desde hace más de una década, y de forma silenciosa, el Indecopi ha venido inaplicando estas barreras caso por caso con la ayuda de aquellos agentes económicos que se animaban a enfrentarse a las instituciones públicas que se las imponían. En los últimos meses, sin embargo, esta labor se ha potenciado tanto en alcance como en impacto.

Gracias al Decreto Legislativo 1256, aprobado el año pasado, el Indecopi puede ahora eliminar barreras burocráticas con carácter general –es decir, las entidades no pueden volver a exigírselas a ninguna otra persona–, y también se han reforzado las potestades de la institución para sancionar a aquellos funcionarios públicos que impongan este tipo de barreras o ignoren el mandato del Indecopi.

Así, el último jueves, el presidente del Indecopi, Ivo Gagliuffi, explicó en este Diario que la institución que dirige ya había resuelto los primeros seis casos con efectos generales de un total de 106 casos en trámite y que, gracias a las nuevas potestades del Indecopi, diversas entidades públicas habían decidido durante el 2017 eliminar voluntariamente 2.224 barreras burocráticas, lo que se traducía en un ahorro de S/80 millones.

Lograr un ahorro voluntario de tal magnitud es, sin duda, muy positivo y, además, un buen augurio para los próximos años. En el 2016, el número de barreras burocráticas voluntariamente retiradas ascendió a 914. Y, en total, considerando también las barreras declaradas inaplicables por las instancias del Indecopi, en total fueron 2.356 barreras burocráticas las eliminadas, para alcanzar un ahorro efectivo de S/278 millones y un ahorro potencial de más de S/1.169 millones, según un reporte de la institución.

Durante su presentación en CADE, el presidente del Indecopi anunció además una nueva estrategia: la institución buscará a los distintos gremios empresariales para conocer de posibles trabas burocráticas subsistentes y, con dicha información, contactar a las entidades estatales que las aplican con el objeto de que estas retiren voluntariamente dichas barreras y, en caso esto no funcione, iniciarían los procedimientos de eliminación respectivos.

A la luz de los resultados, entonces, parece claro que el Decreto Legislativo 1256 resultó una muy buena idea, y que el Indecopi ha hecho muy bien en destinar sus esfuerzos a una labor que genera grandes ahorros para las personas y empresas y provoca más eficiencias en las entidades públicas al dejar de lado procedimientos y exigencias de poca o nula utilidad.

Conseguir un ahorro de S/80 millones sin tener siquiera que invertir en procedimientos ni sanciones equivale a cazar bastante más que un gallinazo… y sin gastar pólvora.