Este jueves, un aluvión de agua y barro bajó desde la precordillera hacia la comuna santiaguina de Las Condes. Arrastró decenas de vehículos y un bus, inundó viviendas y clínicas, dejó seis heridos y llevó al presidente de Chile, José Antonio Kast, a decretar zona de catástrofe. La alcaldesa Catalina San Martín calificó la lluvia de “absolutamente inesperada”, pero reconoció que venían de un invierno muy lluvioso y que El Niño se anunciaba fuerte. Según la ONU, podría ser el más intenso en medio siglo.
Este jueves, un aluvión de agua y barro bajó desde la precordillera hacia la comuna santiaguina de Las Condes. Arrastró decenas de vehículos y un bus, inundó viviendas y clínicas, dejó seis heridos y llevó al presidente de Chile, José Antonio Kast, a decretar zona de catástrofe. La alcaldesa Catalina San Martín calificó la lluvia de “absolutamente inesperada”, pero reconoció que venían de un invierno muy lluvioso y que El Niño se anunciaba fuerte. Según la ONU, podría ser el más intenso en medio siglo.
El episodio importa porque Chile tiene un sistema de prevención y respuesta ante desastres más sólido y una capacidad de gestión superior a la nuestra. Aun así, sufrió los embates de la naturaleza. Si un país con esas fortalezas es golpeado de este modo, cabe imaginar lo que puede ocurrir en el Perú que, como ha advertido este Diario, vuelve a enfrentar el fenómeno con una preparación insuficiente.
Las señales están a la vista. El río Tumbes alcanzó un caudal tres veces superior al habitual, y Piura y Tumbes registraron lluvias récord para setiembre. El Senamhi anticipa precipitaciones de mucha mayor intensidad desde noviembre. El Enfen estima una probabilidad de al menos 62% de que el evento sea de magnitud extraordinaria, y el Cenepred ubica en riesgo muy alto de inundaciones a 209 distritos donde viven más de 7,9 millones de peruanos. Credicorp Capital calcula un costo de unos S/16.000 millones entre el 2026 y 2027.
Quedan pocas semanas. El Gobierno Central debe acelerar la limpieza de cauces, la protección de quebradas, la reubicación de familias en zonas críticas y el abastecimiento de servicios de salud y escuelas. Pero no puede hacerlo solo. Las autoridades regionales salientes tienen la responsabilidad de ejecutar hasta el último día las obras y los planes de contingencia que les corresponden. Las recién electas, que asumirán en enero, en pleno verano lluvioso, deben involucrarse desde ya, conocer los diagnósticos y coordinar con el Ejecutivo para que la transición no sea un vacío. El sector privado ha mostrado disposición para colaborar y ello debe aprovecharse sin que reemplace al Estado.
Lo ocurrido en Chile es un aviso que debe tomarse con responsabilidad y se debe actuar con rapidez y buscar mitigar los efectos que traerá. Solo eso marcará la diferencia entre sufrir el fenómeno y enfrentarlo.
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