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A estas alturas, cualquiera que haya estado prestando atención debería por lo menos haber levantado una ceja con los cambios de Gabinete de esta semana. Desde hace un tiempo se sospecha que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte tendría algún nivel de proximidad malsana con el prófugo Vladimir Cerrón y su entorno de Perú Libre. Sus nuevos ministros y filtraciones solo abonan a esta tesis.
Como mencionamos en este Diario el jueves, por ejemplo, luego de que el excanciller Javier González-Olaechea se mostrara firme en sus críticas contra el fraude electoral en Venezuela, es de suma preocupación que la nueva cabeza de Relaciones Exteriores se una al puñado de países que le hacen el juego a la dictadura de Nicolás Maduro. Cerrón –desde la clandestinidad que le permiten las redes sociales– celebró la abrupta salida de González-Olaechea y mencionó que esperaba que su reemplazo, el embajador Elmer Schialer, retomara relaciones diplomáticas con estados como México, Venezuela, Bolivia y Corea del Norte. Para redondear la figura, por si hiciera falta, desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén señaló que no reconocía a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, en un claro giro –aunque ellos lo nieguen– de la política exterior peruana.
Por su lado, el nuevo ministro de Vivienda, Durich Whittembury, genera preocupación, dado que trabajó en la cartera durante la gestión de Geiner Alvarado –hoy preso bajo sospechas de corrupción–; él ejerció en el 2021 como secretario general del mismo ministerio que hoy lidera.
El elenco lo completa Juan José Santiváñez, ministro del Interior, inmerso en un escándalo a causa de unos audios –cuyo contenido él ha negado– en los que se lo escucharía conversando con el capitán PNP Junior Izquierdo a propósito de una aparente protección desde Palacio de Gobierno a Cerrón, que ya va camino de cumplir un año prófugo y cuya presencia en las redes sociales y en actividades de su partido invita a creer que no pasa mayores apuros. Las acusaciones alcanzan a la presidenta de la República como parte clave del entorpecimiento en los intentos de captura del exgobernador de Junín. Cerrón, dice Izquierdo que le habría contado Santiváñez, se trasladó en el propio vehículo presidencial.
El silencio desde Palacio de Gobierno frente a estas imputaciones es grave. ¿Qué implicaría para el país que la instancia más alta del Ejecutivo esté hipotecada a un criminal prófugo? La hipótesis gana fuerza y la presidenta, en lugar de salir a deslindar claramente de estas imputaciones, solo guarda silencio.
