Editorial: El dinámico

Vladimir Cerrón Rojas no es un novato en la política. En el 2005, con 35 años, se afilió al Partido Nacionalista Peruano, al que renunció poco después de que este perdiera las elecciones presidenciales del 2006. Ese mismo año funda el Frente Patriota Peruano y lo utiliza como plataforma para tentar, sin éxito, la presidencia regional de Junín. Triunfa en este empeño en las siguientes elecciones del 2010 y durante su gestión encabeza la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). Seguirían dos fracasos electorales –su intento de reelección en el 2014 y la postulación a la presidencia de la República en el 2016–, pero volvería a ser elegido gobernador regional en el 2018.

Esta vez, Cerrón se podría encontrar cerca de conseguir poder a escala nacional. Como presidente de Perú Libre, partido que está a un paso de ser declarado ganador de las elecciones presidenciales del 2021, no está de más recordar que el exgobernador fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible en perjuicio del Estado y del Gobierno Regional de Junín, motivo por el cual no completó su segundo mandato. Si bien esta sentencia fue anulada hace poco en la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, la Procuraduría del Poder Judicial apelará la decisión, en tanto que el Órgano Control de la Magistratura (OCMA) inició una investigación al juez responsable de la anulación.

Recientemente han saltado a la luz nuevos y potentes indicios de corrupción ligados a Cerrón. Según informó ayer este Diario, el secretario de organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, y el congresista electo por Cusco, Guido Bellido, acordaron solicitar S/35 mil a cada dirección regional para pagar la reparación civil de S/850 mil de Cerrón. De no hacerlo, su condena podría variar de comparecencia a prisión efectiva. En marzo de este año, militantes de Perú Libre habrían acosado a trabajadores del Gobierno Regional de Junín para que depositaran parte de su sueldo a fin de pagar la reparación.

Estos pedidos se calzan dentro del tipo de actividades de la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro, la cual, según las autoridades, traficaba con favores irregulares y puestos de trabajo dentro del Gobierno Regional de Junín. La semana pasada, en un operativo policial se encontraron S/803 mil y poco más de US$6 mil en efectivo en las oficinas y viviendas de los investigados. Al mismo tiempo, el diario “La República” informó ayer que Cerrón habría presentado declaraciones juradas incompletas cuando postuló a cargos públicos: la suma que tenía ahorrada en la Caja Huancayo de S/1,26 millones no calzaría con sus ingresos reportados. La fiscalía ha tomado interés en el caso y el exgobernador ha sido citado hoy para escuchar sus explicaciones.

La estela de irregularidades en la trayectoria de Cerrón debe dejar dos reflexiones importantes con miras a los próximos meses. La primera es que cualquier participación suya en un eventual gobierno de Perú Libre –sea esta explícita o encubierta– debe ser cuestionada. Una persona que arrastra condenas y denuncias sustentadas no debe ejercer poder público. La presencia de Cerrón se convertiría, además, en un enorme pasivo político para el gobierno.

La segunda es que la institucionalidad de los gobiernos regionales debe ser reforzada. Con las elecciones subnacionales a la vuelta de la esquina, es urgente asegurar que gobernadores y alcaldes no puedan aprovechar su poder para gestionar intereses y favorecerse a ellos mismos y sus allegados. Por su súbita relevancia nacional, Cerrón es hoy el ejemplo más claro, pero está lejos de ser el único.