Censuren a Landa

En febrero, cuando César Landa fue nombrado canciller por primera vez por el gobierno de Pedro Castillo, muchos se preguntaron cómo una persona con sus antecedentes profesionales –que incluyen la presidencia del Tribunal Constitucional– podía hipotecar su reputación para trabajar en una administración con tantos problemas como la actual. Una pregunta que, ya para ese entonces, no solo tenía sentido por la falta de capacidades y exceso de prontuario que caracterizaba a los miembros del Gabinete, sino también por los indicios de corrupción que las investigaciones de la fiscalía empezaban a revelar. Algunos incluso confundieron al constitucionalista con una garantía de un mejor gobierno.

Nueve meses después, queda claro que desde el principio se sobrestimó la solvencia ética y profesional del señor Landa. Al que ya se le podía cuestionar por aceptar el cargo una vez, pero cuando lo hizo por segunda, tras la gestión de Miguel Rodríguez Mackay y con aún más evidencias contra su jefe, se pintó de cuerpo entero.

Lo que en un momento pareció un encuentro entre opuestos, entre un jurisconsulto conocido y un jefe del Estado empapelado en cuestionamientos, ahora se nota como la relación de un picapleitos cualquiera con su cliente. En la que el primero está dispuesto a todo para proteger al segundo, sin importar todo lo que deba romperse en el trayecto.

Pero el problema es que lo que Landa está rompiendo en su esmero por apañar y consentir a Pedro Castillo es la cancillería y, así, la posición del país en el mundo. Y la carta enviada por el presidente a la Organización de Estados Americanos (OEA) pidiendo que se active la Carta Democrática Interamericana en nuestro país es la muestra más clara y escandalosa de esto.

El objetivo de esta medida ha sido claro y uno solo: expandir la estrategia de victimización del presidente al foro internacional. Una reacción desesperada a las investigaciones en su contra y a la denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Se da, además, en un contexto en el que buena parte de la información que ha recabado el Ministerio Público ha llegado a través de personas que alguna vez estuvieron en el seno del poder y a la derecha del mandatario, por lo que la conspiración macabra que el régimen quiere vender no tiene ni pies ni cabeza. Pero este es el cuento que el canciller César Landa ha avalado y elevado al plano internacional.

Los defensores del ministro de Relaciones Exteriores y del Gobierno seguro argumentarán que el pedido de Castillo a la OEA sí se sustenta en una amenaza real contra la democracia, perpetrada desde el Parlamento. Pero la verdad es que la oposición a esta administración es débil y torpe, y lo poco que ha hecho en términos de control político (como las censuras a algunos miembros del Gabinete) lo ha hecho dentro del marco de la Constitución. Al mismo tiempo, lo concerniente a la denuncia hecha por la fiscal de la Nación también tendrá que resolverse dentro del cauce legal. Nada de lo que se ha hecho contra el Ejecutivo, hasta ahora, se ha hecho pisoteando la democracia.

Castillo y Landa, en cambio, la están pisoteando junto con la imagen del Perú en el extranjero. No solo están trivializando una herramienta internacional importante en beneficio de la campaña de victimización del presidente, sino que también están vendiéndole una patraña al mundo, sugiriendo la existencia de un intento de “golpe de Estado” cuando lo único que hay es un Gobierno sumido en las sombras.

Hoy, el Congreso interpelará a César Landa. Por embarrar una institución antaño prestigiosa y por participar en el manoseo de nuestra política exterior, merece que se le censure.