Por primera vez en el Perú el Poder Judicial, en la persona de un juez de Nauta, Loreto, ha reconocido –en términos legales– que el río Marañón es titular de derechos, lo mismo que sus afluentes. Esto, como respuesta a una demanda de mujeres del pueblo kukama contra la contaminación del río por Petro-Perú, en una zona donde, en paralelo, abunda la minería ilegal. La sentencia consagra a las organizaciones indígenas como guardianas y defensoras del río Marañón y sus afluentes.
Tal como informa la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en la cuenca del Marañón –río cuyo recorrido es de 1.400 kilómetros– la depredación a causa de la minería ya es visible: “A través de imágenes satelitales registradas por el MAAP [Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina], se muestra un bosque mucho más depredado. En esta zona la minería empieza a orillas del río y se extiende dentro del bosque, porque no se realiza con dragas, sino con maquinaria pesada al costado del río, en el mismo bosque” (Actualidad Ambiental, 2/2/2024).
El fallo de Nauta avivará seguramente, en la población aledaña al río Marañón, el estado de alerta contra los efectos de la minería ilegal, confirmándose como un actor de primera importancia en la lucha por evitar la devastación de la Amazonía y, por lo tanto, el deterioro de sus condiciones de vida.
En la región Amazonas, cerca de la frontera con Ecuador, los wampis están movilizados “en respuesta a una década de amenazas derivadas de actividades extractivas”, en términos de la propia SPDA. La convocatoria wampis a la movilización pacífica del reciente 22 en el distrito de Río Santiago hace referencia a mafias “cada vez más enriquecidas y ambiciosas, [que] persisten en sus acciones destructivas, sin cesar en sus amenazas y [contraviniendo] a las autoridades defensoras del ambiente”. “Tampoco la justicia peruana responde ante este flagelo de corrupción y criminalidad que está minando el territorio autónomo, colocando en gran peligro la pervivencia de la actual y futura generación de la nación wampis”, advierten en su página web.
Recientes declaraciones de Antauro Humala –la “minería nativa” es la única verdaderamente peruana– y de Hernando de Soto –los mineros informales son “víctimas de las deliberaciones de políticos desaprobados”– indican que el debate sobre el tema está comenzando a ocupar un lugar importante en la agenda política. De esto puede resultar algo positivo si supone un debate público nacional y regional, responsable y participativo, así como, ojalá, acuerdos entre la mayoría de los actores.
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