La semana pasada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su primera evaluación de la economía del Perú, actualmente candidato a este organismo (”Estudios económicos de la OCDE: Perú 2023″). Cabe recordar que, según sus términos, la OCDE “está integrada por un grupo de países que comparten las mismas ideas. Para ser miembro, un país debe practicar los principios de la economía de mercado y ser una democracia pluralista”.
La informalidad del empleo es uno de los principales desafíos que subraya el estudio. Según Álvaro Pereira, director de Estudios de Países de la OCDE, en declaración recogida por el Centro de Investigación Económica y Social (CIES). “Si hay que elegir un reto de todos los que el Perú debe superar, la reducción de la informalidad debe ser prioridad […]. En términos macroeconómicos, el Perú es un ejemplo para otros países. Sin embargo, la labor no acaba ahí, hay amplias brechas por cerrar”.
La economía peruana logró un fuerte crecimiento durante la primera década de este siglo y a inicios de la segunda, lo que se manifestó en el aumento del producto bruto interno (PBI) y de las exportaciones, así como en la reducción de la pobreza y el incremento de las reservas, entre otros indicadores macroeconómicos. Sin embargo, la reducción de la informalidad del empleo fue muy modesta: del 2007 al 2014, solo del 80% al 72,8%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A partir del 2014, esa reducción se estancó, y en el 2019 el porcentaje resultó ser casi el mismo que cinco años antes: 72,7% (INEI). Peor aún, en los años más recientes creció y ahora supera el 75%.
Un factor que explicaría el comportamiento desigual de algunas variables macroeconómicas centrales es que, si bien la fuerza del mercado tiene un alto impacto sobre, por ejemplo, el incremento del PBI o de las exportaciones, su incidencia en la reducción de la informalidad es muy menor. Esto, en particular cuando se trata de una realidad muy porosa, como la del Perú, con una frontera entre informalidad y formalidad sumamente difuminada.
El Perú estará lejos de superar los retos planteados por la OCDE si el Estado y los sucesivos gobiernos no dan la talla. Hoy por hoy, los obstáculos resultan insalvables, pues parece imposible construir las bases políticas y sociales para lograr aquello que recomienda el documento aludido: “Una estrategia integral a largo plazo para aumentar significativamente la formalización y la cobertura de la protección social en el Perú. Esto requiere profundas reformas de la seguridad social, incluyendo los sistemas pensionales y de salud, y de los regímenes de asistencia social, en paralelo a cambios en las políticas laborales, educativas y de formación”.
Según el mismo equipo de la OCDE, cumplir con estos objetivos requiere, como una de las principales reformas, la tributaria. El estudio, como lo resume la nota del CIES, “recomienda que se financie el aumento de la cobertura de la protección social con ingresos fiscales generales y no con contribuciones a la seguridad social”. El camino para conseguirlo sería aumentar sustantivamente la recaudación tributaria, una de las más bajas de la región.
Al margen de la discusión acerca de la pertinencia de las propuestas de la OCDE, queda claro que alcanzar los objetivos requeridos para acceder a este organismo será extremadamente difícil con un Estado infiltrado por intereses particulares y una élite política tan precaria como la actual. Generar avances exige acuerdos que involucren a los más amplios sectores sociales.
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