Los círculos se van cerrando

Hay algo que el presidente Pedro Castillo, sus abogados, ministros y demás defensores no pueden borrar. Y tal vez esto explique la intensidad del discurso –últimamente más de víctima que confrontacional– que viene empleando el Gobierno en estos días. Y, de repente, también fue lo que terminó de impulsar esa acción desesperada de pedir la mediación de la OEA frente a lo que han llamado una nueva modalidad de “golpe de Estado” en el país. Me refiero a los círculos que se vienen cerrando en las denuncias por corrupción que enfrenta el jefe del Estado y que ya no están dejando margen para las dudas sobre su participación en los delitos que se le imputan.

Considero que hay dos casos en especial que investiga la fiscalía que ya resultan irrefutables respecto de la responsabilidad del presidente. Estos están basados en testimonios de personas que participaron de manera directa en los hechos. Ellos reconocen haber cometido delitos, pero también que Castillo tuvo conocimiento de lo realizado. El primer caso es el pago por el nombramiento de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petro-Perú. El segundo son las acciones que se tomaron desde Palacio para que Bruno Pacheco eluda la justicia.

A raíz de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el pasado 11 de octubre, sabemos que el empresario Fermín Silva reconoció ante el equipo especial de fiscales que entregó un soborno de S/30 mil a Pacheco en las instalaciones de la clínica La Luz, para que se lo entregase al presidente por el nombramiento de Chávez en Petro-Perú. Un testimonio que confirma lo dicho previamente por el exsecretario y que también sustenta lo declarado por Yober Sánchez (sobrino de Fermín Silva), que dijo haber sido testigo de la entrega.

En cuanto al segundo caso, Beder Camacho, que ya resulta evidente que se acogió a la colaboración eficaz, ha reconocido públicamente que en la primera semana de abril llevó a Bruno Pacheco, quien por entonces ya estaba con orden de detención preliminar, a un domicilio en Huaral ante el temor de que este último fuera arrestado. Además, esto ya a nivel de fiscalía, dice que mantuvo permanente comunicación con él cuando estaba en la clandestinidad y que Castillo tenía pleno conocimiento de todo ello.

Así como el primer suceso representa un claro ejemplo de corrupción, el segundo lo es de obstrucción a la justicia. No hay mucho más que discutir. Son dos casos que (detalles más, detalles menos) ponen de manifiesto la actuación delictiva del presidente. Dos círculos que prácticamente ya están cerrados (en estos días es posible que se sume un tercero). Estos son los hechos que Castillo, sus abogados, ministros y demás defensores no pueden borrar.