Que lo saque el pueblo

Felicito al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por decidir abrir investigación contra el presidente Pedro Castillo. Los miedos de su predecesora, Zoraida Ávalos, quedaron obsoletos. La decisión de Sánchez se comunicó por Twitter, escueta, lacónica y legítima, sin fundamentar cuál era la interpretación del artículo 117 de la Constitución sobre la que reposa.

A falta del ‘floro’ institucional del Ministerio Público (MP), tenemos que presumir que Sánchez interpreta de modo no restrictivo el artículo 117 cuando este lista los motivos por los que se puede acusar a un presidente, excluye a los delitos comunes, y no dice nada sobre la investigación. Ante este vacío, el MP ahora opta por investigar para privilegiar la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero respetando la prerrogativa presidencial de no ser acusado.

Aquí viene mi atingencia. Si se está ‘solo’ investigando porque no se puede exponer, siguiendo el espíritu del 117, a un presidente a la fatalidad penal de una acusación por delitos comunes, entonces, ¿se le podría detener preliminarmente o dictársele prisión preventiva? ¿Se le podría exponer, por una vía excepcional, a lo que justamente el artículo 117 quiere evitar? Desde mis convicciones democráticas, pienso que no. Jueces y fiscales no debieran decidir la interrupción de un mandato, sino el Congreso. Lo ideal sería, de llegar el caso, que los congresistas lo hagan gracias a los avances de la investigación fiscal y no a sus presunciones de políticos enconados.

Parafraseando al propio Castillo: Si el pueblo lo puso, que el pueblo lo saque, a través de sus 130 representantes elegidos en el Congreso. Tampoco esperemos un referéndum ni menos una asamblea constituyente para tomar una decisión, que sería a la vez trascendente y urgente, si la amplia mayoría de representantes llega a la convicción de que el Gobierno es inviable.

No le tengo tantas reticencias a la vacancia, ya empleada contra dos presidentes sin que el TC ni la comunidad internacional hayan planteado objeciones de cuidado, como se la tendría a un temerario pedido fiscal con refrendo judicial. Creo muy peligroso dejar que decisiones judiciales o administrativas suplanten la voluntad popular en casos cruciales para la democracia y el orden constitucional. Con la misma convicción con la que me opuse a las decisiones del JNE de excluir a Julio Guzmán y a César Acuña en la campaña del 2016, cuando cinco miembros de un jurado decidieron por millones de peruanos y torcieron en alguna medida la historia, me opondría hoy a que la justicia atrase ahora a la política.

Sin embargo, confío en que si llegara el caso de que la fiscalía tuviera pruebas irrefutables y terminales de la corrupción de Castillo, el MP estará a la altura de la historia y le dejará la decisión al Congreso.