La Ley Orgánica del Ministerio Público señala que este es un órgano autónomo garante y protector de la sociedad civil. Dentro de las muchas funciones que realiza, defiende la legalidad y previene el delito.
Siendo así, esta institución es una de las más importantes dentro de nuestro sistema jurídico, al igual que el Poder Judicial y el TC; no obstante, viene siendo cuestionada debido a diversos escándalos acontecidos de manera interna, especialmente, con relación a sus personajes más importantes y célebres.
Todo esto me lleva a cuestionar la seriedad de la institucionalidad de este organismo fundamental y el problema estructural que atraviesa, que desmerece y deslegitima la credibilidad de su funcionamiento.
El artículo 5 de la mencionada ley orgánica señala que “siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores”. De esta forma, es válido expresar que, para el buen funcionamiento de esta institución, hace falta una ética impoluta que comulgue con la legalidad y la constitucionalidad de su accionar, y no, como se ve en el plano real de la actualidad, un comportamiento antiético e inclusive delictuoso desde sus más altas vertientes superiores.
¿Qué está pasando con la fiscalía? ¿Por qué parece ser que los más altos defensores de la “legalidad” actúan como agentes contrarios a ella?
Sinceramente considero que es un problema moral y, por qué no decirlo, ético, el hecho de la intromisión de la corrupción en la función pública, especialmente, en la Fiscalía de la Nación. Este problema estructural no parece de fácil solución y, mucho más aún, es desalentador para un estudiante de Derecho ver este tipo de situaciones en las instituciones que estudia. En fin, solo el tiempo juzgará.
