De acuerdo con un informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, entre marzo y agosto del 2024, el 27,4% de la población de 15 años a más fue víctima de algún hecho delictivo a escala nacional. En el 2022, la estadística era del 22,7%. Es evidente que la criminalidad va en aumento. En Lima, hace algunos días se produjo el asesinato del profesor Julio Pacheco en Ate Vitarte, a plena luz del día y con niños presentes, lo que nos deja una sensación de inseguridad y terror muy grave.
Mientras tanto, el Congreso estuvo debatiendo incluir el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal, y se consiguió emitir un dictamen aprobatorio que, para algunos especialistas, era innecesario.
Entonces, surge en la población, según se aprecia en los medios de comunicación, una voz de protesta, un grito de ayuda dirigido a sus autoridades, al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que indica que las cosas van mejorando cuando parecen no hacerlo. La población pide auxilio al jefe del Gabinete Gustavo Adrianzén, quien, cuando se producían aglomeraciones en paraderos por el paro de transportistas, dijo que toda la ciudad estaba en calma.
¿Qué hacer? ¿Sacamos a los militares a las calles? ¿Asignamos más presupuesto al Poder Judicial y a la Policía Nacional del Perú? ¿Implementamos la pena de muerte? Ninguna de estas parece ser la salida correcta. Los problemas ya los conocemos, pero las autoridades deberían responder la pregunta clave: ¿cómo paramos la delincuencia?
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