A poco más de cinco meses para las elecciones del 2026 se han registrado dos hechos de violencia política en el país que generan preocupación por cómo se desarrollará la próxima campaña electoral. Estos sucesos ponen en riesgo el curso democrático del proceso, pasando de la polarización ideológica a la violencia física. Además, la falta de acciones efectivas para controlar la criminalidad que azota al país podría afectar el normal desarrollo de los comicios.
El primer caso fue el asesinato de Percy Ipanaqué, precandidato a diputado por Juntos por el Perú, ocurrido el 28 de noviembre en Piura. Ipanaqué recibió siete balazos días después de haber denunciado presuntos vínculos criminales entre empresarios y autoridades. En cuanto a Rafael Belaunde, precandidato presidencial de Libertad Popular, dos sicarios dispararon desde una moto contra el vehículo en el que se transportaba. Aunque resultó ileso, sufrió cortes en la cara debido a que el parabrisas de su auto se rompió.
Estos acontecimientos amenazan con afectar el carácter democrático de las próximas elecciones. El crimen organizado podría interferir en los comicios generando temor en las futuras autoridades y presionándolas para no interferir con los intereses de estas organizaciones criminales. Por otro lado, existe el riesgo de que este panorama concentre la campaña únicamente en seguridad y “mano dura”, favoreciendo candidatos con discursos autoritarios y populistas, relegando el debate sobre temas importantes como economía, salud o educación.
La situación requiere que el Estado actúe de manera efectiva contra esta crisis que afecta a gran parte de la población y cuyas consecuencias comprometen tanto el presente como el futuro.
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