

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) prepublicó nuevas disposiciones que plantean la regulación de la participación de agencias de medios, creadores de contenido e influencers en la franja electoral, con el objetivo de garantizar mayor transparencia, equidad y eficiencia en la difusión de propaganda política.
En el marco de las próximas Elecciones Generales 2026 y sus primarias, se plantea formalizar la contratación directa de creadores de contenido y/o influencers como proveedores de la franja electoral, además de las agencias de medios.
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Para este efecto, se precisa que el término “medios digitales” abarque tanto a las empresas que adquieren espacios publicitarios en plataformas digitales (agencias de medios) como aquellos que generan contenido original para dichas plataformas (creadores de contenido: youtubers, streamers, influencers, entre otros), quienes utilizan formatos como videos, “shorts” o “reels”.
Según la norma, las agencias de medios deberán presentar una declaración jurada con documentos sustentatorios que acrediten al menos cuatro años de experiencia en planificación, estrategia, compra y gestión de espacios publicitarios en plataformas digitales. Además, deberán demostrar una inversión previa no menor a 186 UIT en publicidad digital realizada en los últimos cuatro años.
En el caso de influencers, creadores de contenido y similares, también será obligatorio presentar una declaración jurada respaldada con documentos. Las cuentas que se propongan en redes sociales deberán contar con un mínimo de un año de antigüedad, al menos 100,000 seguidores o suscriptores y niveles mínimos de interacción.
Los criterios de interacción se fijaron de la siguiente manera:
- En Facebook e Instagram, un engagement no menor al 1.3 % en los últimos 30 días (interacciones sobre seguidores multiplicado por cien).
- En YouTube, un promedio de 10,000 visualizaciones por video en el mismo periodo.
Estas condiciones buscan asegurar que las cuentas seleccionadas tengan una comunidad activa y consolidada, lo que fortalecerá el impacto y la equidad de la campaña electoral.
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Asimismo, la norma establece que las grabaciones para radio, televisión y redes sociales tendrán una duración máxima de 30 segundos, con el fin de unificar criterios y garantizar igualdad de condiciones para todas las organizaciones políticas.

Financiamiento público y control
El reglamento también amplía las prohibiciones de contratación con fondos del Financiamiento Público Directo (FPD). Desde ahora, no podrán participar directivos, representantes, afiliados o no afiliados que tengan sentencias consentidas o ejecutoriadas por delitos de financiamiento político ilegal, falseamiento de información o falsa declaración administrativa.
Otro cambio importante es que la rendición de cuentas del FPD será anual (antes era semestral), con plazos específicos para el periodo julio-diciembre posterior a las elecciones en las que una organización política haya obtenido representación parlamentaria. La ONPE realizará visitas de control mensuales e inopinadas para verificar el uso adecuado de los recursos.
Finalmente, se precisó que en las actividades de financiamiento proselitista, el ingreso neto corresponderá al monto recaudado luego de deducir los gastos de organización.
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