Santiváñez fue censurado, pero cuatro cuestionados policías siguen al mando de unidades claves: ¿quiénes son?

Juan José Santivañez fue censurado como ministro del Interior, pero en la Policía Nacional del Perú (PNP) –que depende del Ministerio del Interior–permanecen en sus cargos cuatro oficiales cuestionados que comandan la lucha contra la inseguridad ciudadana, la minería ilegal y el narcotráfico. Ellos, con investigaciones abiertas en la fiscalía según sus registros, fueron nombrados en sus puestos en la gestión de Santiváñez y del actual Comandante General de la PNP, Víctor Zanabria.

El general Augusto Ríos Tiravanti es jefe de la Dirección de Inteligencia de la PNP. La resolución de su nombramiento fue firmada por Santiváñez y la presidenta Dina Boluarte en diciembre del 2024. Desde su cargo, Ríos debe generar inteligencia operacional para prevenir delitos.

Antes fue jefe policial de La Libertad, una de las regiones más convulsionadas del país por el crimen organizado y la minería ilegal del oro. Pero no terminó su gestión. En octubre del 2023 fue relevado porque no pudo hacer frente a bandas criminales como La Gran F.A., dedicada a la minería ilegal.

El coronel PNP Juan Balta, oficial de confianza de Ríos que está en la clandestinidad por una orden de prisión, ha sido relacionado con La Gran F.A.

Consultado por El Comercio sobre su cese como jefe policial de La Libertad, Ríos respondió que las razones están descritas en la resolución firmada por la presidenta Boluarte en octubre del 2023. El documento indica que “la reasignación en el cargo es por la causal de servicio”.

Ríos luego fue destacado a la Comisión Consultiva de la Comandancia General de la PNP, área a la que suelen destinar a los oficiales cuando no hay cargos disponibles o cuando son investigados, señalaron fuentes consultadas por este Diario.

Otro oficial cuestionado es el coronel José Luis Alarcón Camacho, jefe de División de Inteligencia del Medio Ambiente de la PNP, responsable de combatir a la minería ilegal. En el 2022, además, fue jefe de la División de Búsqueda de la Dirección Nacional de Inteligencia del Mininter.

En abril del 2024, Alarcón fue detenido por una pesquisa del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. Se le investiga por la filtración de “información sensible y confidencial que facilitó la fuga” del exministro Juan Silva y de Fray Vásquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo.

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En ese operativo, Santiváñez, entonces viceministro de Orden Interno del Mininter, se habría comunicado con el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, para contactar a Alarcón.

“Amigo, mi amigo Luchito Vivanco me ha llamado porque quiere apersonarse como abogado del coronel Alarcón Camacho. Porfa, amigo, ¿cómo puede comunicarse con él?”, se escucha decir a Santiváñez en un audio revelado por Cuarto Poder y que la Fiscalía de la Nación posee. Por este caso, Alarcón tiene comparecencia restringida.

Antes, en el 2021, Alarcón fue procesado por presuntamente administrar irregularmente recursos del Fondo de Vivienda de la Policía (Fovipol).

Un informe del 2022 de la contraloría señala a Alarcón como el responsable administrativo funcional de la contratación de fideicomisos para la ejecución de programas de viviendas de los aportantes al Fovipol en Iquitos (Loreto) y San Juan de Lurigancho (Lima).

Alarcón y otros oficiales habrían permitido los pagos a Cofide, pese a no haber contratos de ejecución y supervisión de obras.

Otro efectivo cuestionado es el coronel Richard Noriega Sevillano, jefe de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas de la Dirección Antidrogas (Dirandro). Volvió al cargo pese a que en el 2022 fue acusado de recibir una presunta coima.

El hecho se vincula con el suboficial PNP José Ríos, a quien en su celular encontraron un voucher de un depósito de S/1.000 a la cuenta de Noriega en el Banco de la Nación. La Unidad de Investigación de El Comercio realizó una informe sobre este caso.

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Consultado por este Diario, Noriega indicó: “No puedo declarar porque hay una investigación pendiente en Iquitos”. Sí precisó que el caso ya fue archivado en la vía administrativa de la PNP.

Cuando se le pregunto si Santiváñez o su estudio de abogados lo defendió, contestó: “La verdad no le podía precisar porque usted sabe que en la carrera policial pasan tantas cosas”.

Por último, está el comandante PNP Sixto Hernani Bravo, al mando de Orión, grupo de élite de la Dirandro.

Hernani tiene una investigación abierta por la presunta adquisición irregular de equipos de protección sanitaria e implementos de limpieza para el Covid-19, por el Caso Los Mercaderes del Centro. Se le acusa de recibir sobornos de empresas a cambio de elegirlas proveedores.

Hasta el cierre de la edición impresa, El Comercio no logró comunicarse con Alarcón ni con Hernani, a quienes se les llamó y dejó mensajes. Sin embargo, luego escribió el comandante Hernani, quien indicó que no podía declarar “a los medios de prensa sin el debido conocimiento y autorización de la superioridad de mi comando”.

Para el exviceministro Ricardo Valdés, “no es un tema menor que Santiváñez tenga clientes al interior del cuerpo policial” y “que esté dejando una red de contactos”.

“Toca realmente indagar si, en efecto, algunos de estos oficiales vienen siendo defendidos por el estudio Santiváñez o por algún socio o aliado, como los que hemos visto en las diferentes investigaciones periodísticas”.

Sobre los oficiales mencionados en este informe, Valdés señaló que “efectivos que han sido procesados [...] no son la mejor referencia para estar vinculados a la Policía”.

Valdés también se refirió a los antecedentes de los oficiales citados en este informe.

“Los oficiales que han sido procesados por facilitar fugas de personas con carpetas fiscales, otros investigados por corrupción por participar en compras irregulares y otros que tengan acceso a información sensible desde la Dirandro, en términos de conexiones, inteligencia, operaciones, movimientos económicos, no es la mejor referencia para estar vinculada a la Policía, porque esa información puede ser objeto de algún tipo de chantaje y extorsión”.