La toma de Lima. ¿Se cumplirá o es simple amenaza? Crónica de Fernando Vivas

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De lo que se cuidó Otárola fue de no dar publicidad al eslogan de ‘la toma de Lima’. Por eso dijo ‘asonada’ en tono despectivo. La frase que quiso evitar es potente. Toma y Lima riman con brío. Asusta. Se apela a un término coloquial y se evita el palabreo ideológico. En una rápida investigación en Google pude confirmar que ‘toma de Lima’ recién se popularizó entre octubre y noviembre del año pasado, como nombre de una marcha realizada el 10 de noviembre. Fue convocada y conducida por ronderos, reservistas y otros gremios y grupos que apoyaban a Castillo frente a la tercera moción de vacancia. Marino Flores, líder rondero que se quedó en Lima a usufructuar políticamente su relación con Castillo, fue el más notorio promotor. Los carteles de convocatoria, lucen profusamente la rima.

Le pregunté a Omar Coronel, sociólogo experto en protestas populares, si tiene registrada la génesis del concepto. Omar recuerda haberlo escuchado por primera vez, en embrión, indistintamente con las palabras ‘toma’ o ‘captura’, en junio del 2021, en el ‘Ágora Popular’, como suelen llamar a la Plaza San Martín los grupos que allí debaten y conspiran. Ante la amenaza de anular las elecciones alegando fraude, en el Ágora, que era casi íntegramente antifujimorista y espontáneamente castillista, se decía que ‘los hermanos del Sur’ vendrían a ‘tomar Lima’ en ‘defensa del voto popular’. La idea, por lo tanto, precede la asunción de mando de Castillo y lo ha acompañado en su paso por el poder.

Un chispazo que graficó la idea de la ‘toma de Lima’ por las malas, se viralizó el 18 de junio del 2021. Un grupo de ronderos que viajaron desde Cajamarca marchó con látigos y machetes (herramientas del trabajo rural y del ejercicio de su autoridad), hacia la sede del JNE en la avenida La Colmena. Un rondero, en un gesto improvisado, raspó su machete contra el asfalto. Ese fue el momento que se viralizó. Inmediatamente, surgió el debate de si se trataba de la afirmación simbólica de un rasgo identitario o de la velada amenaza de degollar a los limeños del AB o de las dos cosas a la vez. En realidad, esa coyuntura con la incertidumbre sobre si se respetaría el resultado electoral y con el miedo ante la violencia que provocaría desconocerlo, tiene ecos hasta hoy. Fue la precuela de la crisis desatada el 7 de diciembre con el golpe de Castillo y la asunción de Boluarte.

De los suyos, poco

El 28 de diciembre, día de los inocentes, dirigentes de gremios y frentes de defensa de Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, Moquegua, Ayacucho y Madre de Dios, se reunieron en Arequipa en el ‘primer encuentro macrorregional del Sur’ y formaron la Coordinadora Macrorregional del Sur. Allí decidieron lanzar un paro macrorregional indefinido desde el 4 de enero (punto A de su comunicado) y, también, “preparar la marcha de los 4 suyos en fecha próxima, a consulta para la fecha del viaje masivo a Lima”.

La invocación de la célebre marcha de 3 días (26, 27 y 28 de julio del 2000) que marcó el principio del fin de Fujimori; es forzada. Aquella fue de dimensión nacional y de convocatoria plural. Estaban desde el PPC hasta la Izquierda Unida. El nombre de los 4 suyos, según relato de Carlos Bruce, que fue el coordinador de la marcha, lo sugirió el difunto líder izquierdista Javier Diez Canseco (más detalles pueden encontrar en mi crónica “Los 4 suyos y los 20 míos” del 26/7/2030). Y el concepto inca, de los cuatro vectores de territorios dominados por el imperio Inca, que se daban cita en Cusco; se extrapoló con éxito a Lima.

Las diferencias respecto a la dimensión nacional versus macroregional sur y convocatoria de ancha base versus convocatoria de izquierda, no son las más importantes. ¿Saben cuál es el distingo crucial entre ayer y hoy? Que antes, la herencia centralista llamaba a marchar a Lima para presionar a las sedes de los poderes, para expresar las demandas ante la opinión pública y los medios, con firmeza y sacrificio, quizá con furia; pero no había ninguna vocación de amenazar o asustar a los limeños. Es más, la organización cuatrisuyana era limeña y estableció puntos de acogida, bautizados como ‘tambos’. El más animado ‘tambo’ se ubicó en la Plaza Manco Cápac, donde hace pocos días fue desalojado un grupo de manifestantes por la policía que juzgó que sus intenciones no eran similares a las de los manifestantes de dos décadas atrás.

Hoy, la convocatoria se limita a la izquierda del sur, sí busca asustar y no le encontramos liderazgos que se empinen nítidamente unos sobre otros, como los hubo en el 2000, con Alejandro Toledo a la cabeza. Samuel Acero Hurtado y los dirigentes que firman el comunicado junto a él, no tienen mucha popularidad ni representatividad. Cuando las comisiones del gobierno intentan entablar un diálogo, como el martes 10 en Juliaca, no lo logran porque son rechazadas pero también porque es difícil que un dirigente o grupo de ellos asuma la responsabilidad de hablar y negociar en nombre de todos. Lo más probable es que este sea desconocido y desbordado. Por ejemplo, Walter Aduviri, líder del ‘aimarazo’ (violenta protesta contra los beneficios otorgados por el gobierno de Alan García a la minera Bear Creek en abril del 2011) y gobernador de Puno en el 2019 (fue vacado a los pocos meses), hoy es uno de los varios políticos puneños en la órbita de la protesta, pero no es un interlocutor representativo ni respetado.

Busqué al juliaqueño Yván Quispe, ex congresista por el Frente Amplio y ex ministro de la Producción de Castillo, para que nos dé una clave, desde la izquierda progresista, para entender a la vez la furia desbordada y la dificultad, casi imposibilidad, de identificar liderazgos y convencerlos para establecer un diálogo en el que se puedan negociar demandas. Eso es lo que buscaba la comisión integrada por Raúl Molina; y el viceministro de Gobernanza, José Muro. Los dos últimos tienen experiencia gestionando conflictos y estableciendo mesas de diálogo. Esta vez se quedaron en el aeropuerto de Juliaca, protegidos por el contingente de las FFAA y volvieron con las manos vacías. Días antes tampoco quisieron recibir al ministro del Interior, Víctor Rojas. Ayer viernes, sí fue recibido Stuardo Ralón, comisionado de la CIDH, que estuvo acompañado de personal de la Defensoría del Pueblo, el único ente estatal con cierto margen de maniobra en el Sur.

¿Qué me dijo Quispe?. “Conozco varias organizaciones sociales y personajes en Puno. Ninguno tiene capacidad de mover a tanta gente. La gente ha llegado a tal nivel de hartazgo que de manera espontánea se moviliza y protesta, porque sienten que no se respetó su voto”. Yván no defiende a Castillo y minimiza el peso que el anhelo de su vuelta al poder pudiera tener en algunos manifestantes. Le pregunté si, a pesar la dificultad de identificar líderes, se puede forzar el diálogo. “Antes de los muertos sí; ahora ya no. El gobierno debió acercarse antes, cuando se estaban haciendo asambleas”. El ex ministro del Interior, Víctor Rojas, estuvo antes, pero o no tuvo talento persuasivo o los líderes regionales son muy intolerantes. El gobierno estaba apagando otros incendios y renovando su gabinete, mientras la unión quechua aimara se gestaba: las provincias del norte se movilizaron hacia Juliaca, ciudad de fuerte peso quechua, y las del sur hacia la ciudad de Puno, el eje aimara.

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En Ilave, ciudad aimara con su propia dinámica, se intentó quemar la comisaría y se quemó la casa del congresista de AP, Jorge Luis Flores Ancachi. La UI de El Comercio ha revelado chats de un grupo violento, autodenominado ‘aymarazo’ buscando esos fines. Así se demuestra, de paso, cómo se monta la intención perversa sobre la movilización espontánea para desviarla hacia objetivos específicos. He oído análisis de fuentes puneñas que presumen que hay tres fuerzas ilegales –minería, narcotráfico y contrabando- que apoyan algunas protestas para tener libertad de operaciones o para mantener el estado de cosas que los ha beneficiado durante el gobierno de Castillo. Pero los análisis coinciden en señalar que hay una base extendida de indignación que genera fácilmente la protesta y sin ello no podrían operar los radicales.

El Fredepa, el frente de defensa ayacuchano que lideró la oposición al gobierno en Huamanga, no se plegó al paro indefinido; pero convocó a una asamblea que el 6 de enero acordó realizar un paro de dos días, el pasado 10 y el 11. Su segundo acuerdo fue: “Participación masiva del pueblo de Ayacucho y sus organizaciones en el VIAJE A LIMA [en mayúsculas en el original] en coordinación y conjuntamente con las demás regiones del país”. Como ven, no hay uniformidad en el nombre ni en la fecha y se subraya que el viaje a Lima –menudo sacrificio que demanda una voluntad y logística extraordinaria- está en función de lo que se haga desde otras regiones. Una nota particular sobre Huamanga: la cabeza del Fredepa, Rocío Leandro, ha sido ampliamente expuesta por las imputaciones (uno de ellos, en el informe final de la CVR), de haber estado ligada a Sendero Luminoso; de modo que los pasos de dicha organización son más observados que los de otras. El jueves en la noche, la PNP detuvo a Leandro y a otros dos líderes del Fredepa, a pedido de la fiscalía provincial que la responsabiliza de destrozos de edificios públicos, entre ellos, el de la propia fiscalía.

¿Qué tanto hay de bluff y de amenaza real en la toma de Lima?, le pregunto a Coronel. “Algo con la dimensión de Los 4 suyos es muy difícil de repetir, había un millón [el aportado por George Soros]. Pueden llegar grupos, pero no tan organizados y masivos”. Omar piensa que no hay suficiente capacidad de organizar e invertir para ello y tiene registrado distintas fechas de llegada de los contingentes. Algunos afiches virtuales hablan del 14, otros del 15 o el 16. “Lo de las camionetas blancas que venían desde la zona del VRAEM”, me aclara, “si sugieren algo organizado, pero no veo en las regiones articulaciones para llegar a algo parecido. El gobierno parece preparado para impedir que eso ocurra. Es su cruzada. Está la imagen de Otárola prometiéndolo”.

En realidad, a partir de la marcha del jueves 12 que tuvo convocatoria múltiple –desde la CGTP hasta el grupo No a Keiko que parecía solo activarse en coyunturas electorales- Omar y otras fuentes con las que he conversado, sugieren que puede tener más impacto la protesta convocada y conducida por limeños en Lima, que la concreción del concepto de la ‘toma’. Se destaca, además, la creciente participación juvenil, lo que las aproxima a las marchas del 2020. La idea del ‘viaje a tomar Lima’ está más presente en las convocatorias de los ronderos del norte, cuyas regiones están en relativa calma; que en el Sur, concentrado en su propia paralización. El ministro Rojas, en la conferencia de prensa tras el consejo de ministros del jueves, dijo que la PNP no encontraba que coordinaran las organizaciones del Norte y del Sur y que solo tenían registrados a algunos grupos viajando desde Cajamarca. Bueno, basta darse una vuelta por Tik Tok para registrar ese fenómeno fragmentario. Los bloqueos de carreteras, por cierto, contradicen el viaje de los ‘suyos’ del Sur y del sureste. Si Lima fuese tomada en su 488 cumpleaños, que será este miércoles 18, lo más probable es que sea tomada por limeños.

Sin parar

Todas las atendibles teorías de organizaciones detrás de la violencia en las protestas o expertas en montarse en ellas para enervarlas; no bastan para explicar su constancia y furia. Fuentes policiales me contaron, antes de la escalada que comenzó el 4 de enero, que proyectaban que la ola de disturbios en enero tuviese alrededor del 60% del impacto que tuvo en diciembre. Ya lo superó. Vivimos un desborde y la PNP lo siente dramáticamente. Una fuente policial de alto nivel me dijo hace unos días que anhelaba ver a militares capacitados en disturbios ayudándolos con armas no letales. Consulté a fuentes del Mininter si evaluaban pedir algo similar al gobierno, replanteando la colaboración de las FFAA, pero me dijeron que no había ninguna propuesta oficial en ese sentido.

Fuentes del sector Defensa me confirmaron que las FFAA no han participado en enfrentamientos con manifestantes en Puno. Los 170 efectivos que estaban en el aeropuerto de Juliaca, han estado ‘en segunda línea’, según me dijeron. Conversando con ambos sectores del orden, el militar y el policial, se percibe que, tras los sucesos del 15 de diciembre en Ayacucho cuando una patrulla de soldados se enfrentó con arma letal a una turba; los militares cuidan más sus pasos. La PNP carga con la responsabilidad legal por las vidas perdidas en Puno. Y, si avanza su judicialización, tendrá que sustentar si quien disparó lo hizo con criterio de proporcionalidad (en defensa de su vida o de la de terceros) y si tenía autoridad para hacerlo (de acuerdo a la ley, solo los oficiales pueden portar armas letales).

He indagado ante fuentes de Palacio preguntando si hay una estrategia para identificar líderes y convencerlos de dialogar; pero no me han dado una respuesta precisa. Lo más concreto al respecto es lo que dijo Otárola, en la conferencia del jueves tras consejo de ministros, anunciando que han pedido a la Iglesia católica los apoye en esa tarea. Que Dios nos ayude.