

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó la tarde del martes el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza.
La acusación -aprobada por mayoría- es por presunta infracción a la Constitución y por los supuestos delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, así como posibles instigadores de usurpación de funciones.
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Ahora el texto pasará a la Comisión Permanente y, posteriormente, al pleno del Congreso, que es la última instancia.
El informe final, cuyo ponente delegado fue el congresista Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia), se aprobó con 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.

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Esta denuncia constitucional numerada 528 fue presentada originalmente por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú).
Mira aquí la sesión:

Según la acusación, los fiscales supremos, al emitir la Resolución 2246-2024 el 14 de octubre de 2024, aprobaron un reglamento que habría incurrido en la violación de la Ley 32130 aprobada por el Congreso y que le otorga las facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú en lugar del Ministerio Público.
La subcomisión este martes también procedió a la aprobación de dos informes de calificación. El primero de ellos declaró procedente la Denuncia Constitucional 645, la cual fue admitida a trámite por mayoría con 9 votos a favor, 4 votos en contra y cero abstenciones.
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Esta denuncia fue formulada por la fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, y se dirige contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros José Gavidia y Dimitri Senmache por presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo ante presuntas designaciones irregulares en el proceso de ascensos del fuero Policial Militar.
De otro lado, la subcomisión aprobó el informe que propone declarar improcedente la Denuncia Constitucional 623. Esta decisión también se tomó por mayoría, con 9 votos a favor, 3 votos en contra y 1 abstención. Este caso era en contra de once congresistas, incluidos Martha Moyano, Héctor Ventura y Jorge Montoya.
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