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La Municipalidad de Lima, durante la tercera administración de Luis Castañeda Lossio (2015-2018), pagó “en exceso” US$7’451,291.41 a la constructora brasileña OAS por la obra de Plaza Nueva y el bypass de la avenida 28 de Julio, en el centro de la capital. Así lo determinó el informe N° 303-2017-CG/MPROY-AC de la contraloría.
Este documento es recogido por la fiscal Milagros Salazar, integrante del equipo especial Lava Jato, en su solicitud de prisión preventiva por 36 meses para Castañeda Lossio, el excongresista y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, y la exgerente de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) de la Municipalidad de Lima Giselle Zegarra.
La auditoría estableció que los gastos generales aprobados por el investigado Jaime Villafuerte Quiroz, exgerente de GPIP de la Municipalidad de Lima, para Plaza Nueva y el bypass “son muy superiores” a la de otras obras similares.
Salazar explica- en su solicitud de prisión preventiva, al que accedió El Comercio- que a través de la adenda N°1 al contrato de la referida obra, se modificó el presupuesto de esta, reduciéndolo a US$56’087,461 incluido el IGV, “contemplando gastos generales ascendentes al 31,08% directo”.
“Sin embargo, es de precisarse que dicho porcentaje estipulado sería irregular, puesto que el porcentaje por dicho concepto en obras ejecutadas por el MTC [Ministerio de Transportes y Comunicaciones] solía ser de 15% a 25%, es por ello que al realizar el Informe N° 303-2017-CG/MPROY-AC la Comisión auditora de la Contraloría General de la República estableció que los gastos generales aprobados por el investigado Jaime Villafuerte Quiroz, Gerente de GPIP de la MML, para la obra Plaza Nueva y Bypass 28 de Julio, son muy superiores con obras similares”, refiere el documento.
La contraloría reordenó las partidas de la obra en los siguientes rubros: “a) US$ 28´011,935.89 correspondiente a costo directo; b) US$ 14´359,849.38 correspondiente a gastos generales (51.27%), dando un costo total de la obra la suma de US$ 54´439,446.85; c) Estudio Definitivo. – costo directo del E.D US$ 1´984,644.04, gastos generales (14.92%) US$ 296,108.89”.
El Ministerio Público advierte que, de las cifras antes mencionadas, “los gastos generales que realmente se estarían aplicando a la ejecución de la obra representan el 51,27% del costo directo, lo cual resulta inusual en la actividad económica de la construcción civil, pues en promedio los gastos generales fluctúan alrededor del 25% del costo directo”, cuando la obra es compleja. Es decir, está ubicada en una zona alejada de la ciudad y requiere construir campamentos “para alojar y alimentar al personal”.
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En octubre último, la fiscal Milagros Salazar allanó, con una orden judicial, la casa de Castañeda Lossio. (Foto: César Grados | GEC)
También indica que la “utilidad real” a favor de OAS por la ejecución de la Plaza Nueva y el bypass de la avenida 28 de Julio “representa el 13,16% del costo directo”, un valor considerado “inusual, pues en obras similares dicho porcentaje es igual o menor al 10% del costo directo”.
Por ello, precisa que si al real costo de la obra se le aplica el 15% de los gastos generales y el 10% de utilidad, “se obtiene que el presupuesto de la obra, incluido IGV, sería US$ 41´317,605 en lugar de los US$ 54´349,446”.
El Ministerio Público, citando el Informe N° 285-2015-CG/CRLM-AS, determina que “el contrato de obra en mención no cumplió con los procedimientos”.
El paso inferior en Morales Duárez
La contraloría- según refiere el pedido de prisión preventiva para Castañeda Lossio- también indicó que en el tercer gobierno municipal de Solidaridad Nacional se benefició a OAS “con la inaplicación de penalidades”, luego de que la constructora brasileña suspendiera “sin sustento” el inicio de la ejecución de obra inicial en la Av. Morales Duárez durante la administración de Susana Villarán.
Agrega que con el pago de penalidad era por un período de 1970 días calendario por un monto que ascendía a US$5'910,000.
No obstante, con la firma de la adenda N°2 al contrato de la Línea Amarilla o Vía Parque Rímac, al sustituir la obra inicial por un pasó a desnivel, se dejó sin efecto el pago.
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(Foto: El Comercio)
“Con relación a la afectación al servicio público, se debe señalar de acuerdo con el anexo VI del contrato, la obra inicial debió estar culminada el 11 de junio de 2011. Sin embargo, como se señaló, la suspensión de dicha obra, así como posteriormente su sustitución y el dejar de ejecutar 2 intercambios viales por la ejecución del paso inferior y del puente vehicular Bella Unión afectó el servicio público”, refiere el Ministerio Público.
El informe 303-2017-CG/MPTOY-AC de contraloría observa que la sustitución de la obra inicial, que pasó de un desnivel “superior” a uno “inferior” “incrementó sin sustento técnico el costo” de la construcción en US$ 9’198,297 (que comprende US$ 3’288,297 por gastos de las obras sustituidas que no se podrán utilizar y US$ 5’910,000 por la inaplicación de penalidades).
Agrega que el puente vehicular Bella Unión (que comprendía obras en Morales Duárez), desde noviembre de 2014 (el último tramo de la gestión de Villarán), contaba con un SNIP “con viabilidad aprobada a nivel de factibilidad”.
Este Diario intentó comunicarse con Bryan Werner Kabsther Berríos, abogado de Luis Castañeda Lossio, pero este no respondió a nuestras llamadas.
