El Congreso de la República aprobó este jueves en segunda votación el dictamen que modifica el régimen de extinción de dominio, herramienta clave para el decomiso de bienes vinculados a delitos como corrupción, narcotráfico y lavado de activos. La propuesta fue respaldada por 42 parlamentarios, mientras que 25 votaron en contra y 10 se abstuvieron.
La norma, contenida en el Proyecto de Ley 3577/2022-CR, introduce cambios en artículos del Decreto Legislativo 1373, incluyendo modificaciones al título preliminar y la incorporación de un nuevo artículo, el 40-A. El dictamen había sido aprobado en primera votación en diciembre del 2024 y fue impulsado inicialmente por Fuerza Popular.
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El proyecto de ley propone que la confiscación de bienes de origen ilícito solo se lleve a cabo una vez que exista una sentencia judicial firme y definitiva.
“No se necesita la emisión de una sentencia firme y consentida o de un laudo, si están referidas a las siguientes actividades ilícitas penales: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, estafa y delitos informáticos contra el patrimonio”, se lee en el documento.
Durante el debate, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, solicitó que el dictamen regrese a la Comisión de Justicia por tratarse de un tema “bastante delicado que debe verse con mucha mayor prudencia”. No obstante, su pedido fue rechazado por el Pleno.
“Si bien es cierto que, en los últimos tiempos, la ley que estamos planteando modificar, en su nombre se han cometido excesos y abusos, (…) pero creo que la norma, tal como está redactada, nos hemos ido hasta el otro extremo”, señaló Salhuana desde su curul.
“Plantear que la extinción de dominio, que es un proceso autónomo, se defina cuando haya sentencia consentida y ejecutoriada, es prácticamente anular este procedimiento”, advirtió.
La aprobación ha generado preocupación en diversas instituciones del sistema de justicia. El juez supremo Manuel Luján Túpez, coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, alertó que con esta reforma, más de cinco mil procesos por corrupción podrían quedar sin efecto.
“Este proyecto de Ley, aprobado en primera votación por el Congreso, establece su aplicación inmediata, por eso es que están al apuro y si ello ocurre, más de 5 mil procesos, la mayoría vinculados a casos de corrupción quedarían en la total impunidad”, sostuvo.
Luján recordó que el actual régimen de extinción de dominio ha permitido recuperar cerca de US$160 millones para el Estado, incluyendo bienes decomisados por narcotráfico, minería ilegal, tala, trata de personas y corrupción.
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El Ministerio Público también expresó su rechazo a la norma. A través de sus canales oficiales, advirtió que más de 5,500 investigaciones se verán afectadas si se exige una sentencia firme para proceder con la extinción de bienes. “Si se modifica la ley, el Estado no podrá recuperar nada”, remarcó la Fiscalía.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió días antes que el país ha recuperado más de S/560 millones en bienes y dinero. En ese contexto, señaló que las modificaciones propuestas por el Congreso comprometen gravemente la capacidad del Estado para investigar y perseguir el delito.
Entre los casos que podrían verse comprometidos figuran procesos relacionados con el prófugo Vladimir Cerrón, Rodolfo Orellana, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Artemio.
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