Un día después de que se conociera la denuncia número 13 en contra de un integrante del actual Parlamento por recortar el salario de sus trabajadores, la congresista Katy Ugarte (Bloque Magisterial) presentó el lunes un proyecto de ley que amplía las penas por el delito de perjurio y que, según advirtieron expertos, busca evitar nuevas acusaciones contra los llamados “mochasueldos”.
Ugarte planteó que el delito de perjurio se sancione con una pena de prisión no menor de seis años y no mayor de ocho, cuando ahora se castiga ese delito con entre uno y cuatro años. Es decir, con cárcel suspendida.
En la actualidad, el artículo 411 del Código Penal sanciona la falsa declaración cuando se da en un proceso administrativo. No obstante, la propuesta de la congresista cusqueña amplía los escenarios a declaraciones hechas en procesos judiciales, comisiones investigadoras del Parlamento, comisiones congresales con facultades de investigación y ante un tribunal o una persona con autoridad para tomar testimonios bajo juramento.
Para tal fin, Ugarte busca agregar los artículos 411-A y 411-B al Código Penal para tipificar el delito de perjurio. “Esta medida es crucial para mantener la confianza en los procesos judiciales y administrativos, y para proteger los derechos de las partes involucradas”, indica la parlamentaria.
(Foto: El Comercio)
Al respecto, el abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, alertó que el proyecto de Ugarte puede ser interpretado como “una represalia” y como un intento de “blindaje” para que trabajadores y extrabajadores del Congreso no denuncien a legisladores que incurren en el presunto delito de concusión.
“A Michael Urtecho, después de 10 años, lo sentenciaron a 20 años de prisión, los congresistas están asustados y como no quieren llegar a ese escenario, están viendo como blindarse”, manifestó a El Comercio.
Rospigliosi remarcó que la figura de perjurio está clara en el Código Penal y que extenderla al Congreso “habiendo tanto parlamentario involucrado en denuncias de ‘mochasueldos’ no es adecuado”.
Explicó que, si la norma estuviera vigente, los congresistas que fueron denunciados de recortar el salario a sus colaboradores y luego blindados por instancias administrativas del Parlamento- como Magaly Ruiz, Rosio Torres, Edgar Tello, entre otros- podrían haber llevado a los tribunales por presunto perjurio a los que los acusaron.
“La Comisión de Ética es considerada una instancia administrativa, ahí muchos extrabajadores congresales han declarado la verdad, pero sus testimonios fueron desestimados por los votos. No se puede decir que han mentido. El proyecto de Ugarte es un exceso. Es una represalia para que no hablen [en las instancias judiciales] por temor al antecedente de Urtecho”, acotó.
(Foto: El Comercio)
Desde fines de abril, el pleno del Congreso tiene pendiente debatir un informe de la Comisión de Ética que sugiere que Ugarte sea suspendida por 60 días, tras haber sido denunciada de recortar el sueldo a los asesores y técnicos de su oficina.
Y desde marzo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) no resuelve una denuncia interpuesta por la Fiscalía de la Nación en contra de la congresista del Bloque Magisterial por concusión. El documento incluye un informe de la UIF que revela depósitos bancarios por al menos S/35 mil a favor de Ugarte por parte de sus asesores.
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Sin fundamento y genera sospecha
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que el proyecto de ley de la congresista “carece de fundamento jurídico suficiente” para aumentar la pena del delito de perjurio. Agregó que el propósito de la integrante del Bloque Magisterial “es contrario al espíritu que debe gobernar una reforma”.
“Se trata de una acción de amedrentamiento hacia las personas que, eventualmente, serían fuentes de información, que podría servir como base para investigaciones penales sobre todo de corrupción, casos en los que suelen estar metidos los congresistas”, expresó a este Diario.
Maldonado dijo que no es necesario que se agregue a comisiones del Parlamento como escenarios para que una falsa declaración sea sancionada penalmente.
“Estas comisiones son usualmente órganos de investigación que no tienen carácter penal, producen información que puede ser referida a un órgano penal. No es necesario agregar esto a la norma actual, se trata de un proyecto dirigido a limitar las posibilidades de obtener testimonios sobre eventuales hechos de carácter delictivo”, subrayó.
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El abogado penalista sostuvo que la propuesta de Ugarte tiene como objetivo “impedir nuevas denuncias por concusión y enriquecimiento ilícito” y que de esa manera, un sector del Congreso pueda “seguir con su patrón criminal de recortar sueldos, pero ahora estarán protegidos por una norma”.
En comunicación con El Comercio, el abogado penalista Enrique Ghersi dijo que la propuesta de Ugarte “incrementa insensatamente” la pena por perjurio.
“El homicidio simple tiene ocho años de condena, eso sería equivalente al perjurio [de acuerdo con el proyecto de la congresista]. Estoy en contra de la sobrecriminalización que se da en el país”, remarcó.
Ghersi opinó que el delito de falsa declaración solo debería aplicar cuando se da ante un juez o un tribunal.
El proyecto de Ugarte también propone sancionar con la misma pena de prisión que se le imponga al autor de perjurio a la persona que “con dolo” la induzca a cometer ese delito, “ya sea mediante la entrega o promesa de dinero u otro beneficio de cualquier índole para sí misma o para tercero”.
Para Rospigliosi, este párrafo puede afectar la libertad de expresión de los periodistas.
“Los periodistas pueden ayudar a la víctima a romper su temor a hablar, pero probar [a nivel judicial] es difícil, hay que armar el rompecabezas. El reportero podría ser citado al Congreso. Y luego un juez de manera equivocada puede generar alguna represalia, hay que tener cuidado con textos dubitativos [en los proyectos]”, dijo.
Este Diario se comunicó con Ugarte y le hizo consultas sobre su proyecto de ley. Sin embargo, la congresista del Bloque Magisterial se excusó de brindar declaraciones y refirió que prefería dar sus respuestas este miércoles.
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Pretende allanar el camino a Fujimori y otros en su situación
Otro proyecto de ley cuestionado es el N°8594/2024-CR, de Luis Cordero Jon Tay (Somos Perú), donde plantea modificar el literal j del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones, con el objetivo de permitir que los servidores públicos sentenciados por colusión, peculado y corrupción de funcionarios puedan postular a la presidencia o vicepresidencias de la República, tras haber sido rehabilitados.
El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho electoral, refirió que la propuesta de Cordero Jon Tay, con pasado en Fuerza Popular, allana parte del camino para que el expresidente Alberto Fujimori- quien tiene sentencias firmes por colusión agravada- pueda ser candidato a la presidencia en las elecciones generales de 2026.
“No solo allana el camino a Fujimori, sino a Álex Kouri y a todas las exautoridades sentenciadas por delitos de corrupción, ellos podrían postular y sería gravísimo. Señores como Cordero sirven de topos de otras bancadas para que presente estos proyectos de ley impropios. Este tipo de iniciativas pretenden embarrar más la trayectoria de los candidatos, no queremos a los peores”, mencionó.
En julio último, Keiko Fujimori anunció que el expresidente Alberto Fujimori- sentenciado a 25 años de prisión en el 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta- será el candidato presidencial de Fuerza Popular en el 2026. En diciembre salió del penal de Barbadillo tras la reposición de su indulto. (Foto: AFP)
Una postura similar tuvo el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, quien indicó que el proyecto de Cordero “puede favorecer a Fujimori y a otros que están en su misma situación”.
“Esta iniciativa puede parecer que tiene fines loables y que trata de reconciliar el concepto de rehabilitación con el perdón de la pena y la reinserción a la sociedad, pero en realidad busca habilitar el camino para que personas que por sus antecedentes delictivos no pueden presentarse, lo hagan. Lo que oculta es que permitirá que los criminales, los corruptos, puedan participar sin obstáculos”, expresó.
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A su turno, el abogado penalista Enrique Ghersi señaló que el proyecto de Cordero no solo favorece a Fujimori, sino también puede allanar el camino para el prófugo secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien tiene una sentencia por tres años y seis meses por delito de colusión por el Caso Aeródromo Wanka.
“Este proyecto parecer uno con nombre propio, es polémico, esto va a acabar en el Tribunal Constitucional”, finalizó.
(Foto: Congreso)
En conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), afirmó que no cree que el proyecto del parlamentario de Somos Perú vaya a prosperar.
“No creo que sea un proyecto que prospere, la tendencia es al revés, creo que hay que tomar medidas para evitar que los ciudadanos que hayan tenido una sentencia por delitos graves no puedan acceder a un alto cargo en el país”, finalizó.
