(Foto: Archivo)
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Ariana Lira Delcore
Ariana Lira Delcore

En una sesión virtual sostenida la tarde de este martes, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del recibió al ministro de Justicia, , para que explique las medidas propuestas por el Ejecutivo para reducir el , luego de registrarse diversos motines en centros penitenciarios del país por temor al contagio masivo del ().

El último 5 de mayo, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley N°5110-2010, que establece medidas excepcionales para disminuir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y centros juveniles en el contexto de la pandemia del COVID-19. Entre algunas de las medidas dispuestas en la propuesta del Gobierno figura la variación de la prisión preventiva a comparecencia con restricciones para aquellos procesados –es decir, sin sentencia- por delitos no graves. Para aquellos procesados por delitos graves, se establece que los jueces deben evaluar caso por caso.

En el caso de los internos sentenciados, la iniciativa permite convertir la pena privativa de libertad por servicio a la comunidad para aquellos condenados por delitos no graves con una pena menor a 8 años. “No se les perdona la pena, sino que se convierte en un beneficio a la comunidad”, señaló Castañeda.

El titular de la cartera de Justicia precisó también que el proyecto de norma establece que los adolescentes se encuentren en calidad de procesados sean liberados, exceptuando conductas graves como violación feminicidio, parricidio, extorsión, entre otras. Para los adolescentes internados como una medida socioeducativa, esta medida sería variada por servicio a la comunidad.

Durante su exposición, Castañeda sostuvo que el proyecto presentado por el Ejecutivo “es perfectible”.

En representación del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, participó en la sesión virtual César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. El juez supremo sustentó los alcances de los proyectos de ley 5149-2020 y 51150-2020, presentados por el Poder Judicial, también con el propósito de reducir el riesgo de contagio en los penales.

La primera de estas propuestas consiste en suspender la pena para aquellos internos sentenciados a una pena igual o menor a 8 años, y para los condenados a delitos con penas mayores a 8 años que cumplan con ciertas condiciones, como ser mayores de 65 años, padecimiento de enfermedades terminales, mujeres gestantes, entre otras. El segundo proyecto presentado por el Poder Judicial, por su parte, busca que los jueces puedan, de manera temporal, revisar de oficio la prisión preventiva de los internos a su cargo.

El juez supremo, además, consideró que es posible fusionar las propuestas del Ejecutivo y el Poder Judicial, ya que “se trata de ideas y planteamientos que tienen un margen de equivalencia”.

Leslye Lazo Villón (Acción Popular), presidenta del grupo de trabajo, informó que este miércoles 13, a las 5:00 p.m., la comisión sesionará de manera extraordinaria para debatir el predictamen sobre las propuestas, de modo que, de aprobarse, puedan discutirse en el pleno el día jueves 14.

Voces parlamentarias

Alberto de Belaunde, congresista del Partido Morado, consideró que es “absolutamente necesario” actuar en la problemática de los penales y señaló que los políticos deben hacer un mea culpa respecto a la situación de hacinamiento en las prisiones del país.

“Es esta permanente política penal que hacemos desde el Congreso, en la cual la única solución a los problemas sociales es el incremento de penas. Un incremento de penas, además, que no suele guardar ningún tipo de lógica o cuidado con la estructura penal de un código, sino que van aumentando conforme a la coyuntura que van estableciendo casos dramáticos”, sostuvo.

Su colega de bancada, Gino Costa, saludó que se estén discutiendo las medidas del Ejecutivo y del Poder Judicial en materia de deshacinamiento de los penales. "[Ello] significa que los los tres poderes del estado estamos abocados a la tarea de tratar de paliar la situación existe en los penales del país”, dijo.

Por su parte, Diethell Columbus, de Fuerza Popular, propuso que el debate en la comisión se circunscriba a los dos proyectos propuestos por el Poder Judicial. “[El Poder Judicial] es el poder del Estado que tiene a su cargo el tema de la administración de justicia en nuestro país. La pregunta que nos tenemos que hacer es quién conoce mejor el quehacer que estamos discutiendo, ¿el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial?”, afirmó.

Desde Podemos Perú, la legisladora María Cabrera estimó que aquellos internos que se encuentren cumpliendo prisión preventiva deben pasar a un régimen de comparecencia restringida, en el contexto de la emergencia sanitaria.

Guillermo Aliaga (Somos Perú), manifestó que la política de deshacinamiento debe incluir una evaluación sobre la peligrosidad de los internos que podrían verse beneficiados con la norma, así como una priorización de casos urgentes, como mujeres en estado de gestación y/o con hijos menores.

“Necesitamos de una política de deshacinamiento, pero tenemos que poner algunas premisas sobre la mesa, y esas premisas no pueden ser el aperturar la puerta de los penales para que algunos reos puedan salir en una situación de libertad sin antes haber cumplido con la pena privativa y también con el pago de la reparación civil”, aseguró.

Por su parte, Wilmer Cayllahua (Frepap), propuso que los procesados que sean liberados realicen trabajo agrícola “encadenados” en la selva peruana, bajo supervisión militar.

“Los presos deberían de ir a trabajar a la selva peruana y a la agricultura, supervisados por los militares, encadenados, porque la agricultura es importante para el ser humano a nivel mundial”, consideró.

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