

Por 10 votos a favor y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó este martes 2 de diciembre el informe final referido a las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618 contra la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por haber denunciado a 11 legisladores.
La acusación había sido presentada por los legisladores Kira Alcarraz (no agrupada) y José Cueto (Honor y Democracia). A Espinoza Valenzuela se le sindica de presunta infracción de los artículos 40, 45, 93, 139 (incisos 3 y 5), 158 y 159 (inciso 2) de la Constitución Política.
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Asimismo, se le acusa de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato por denunciar a 11 legisladores por aprobar el dictamen del Proyecto de Ley N° 319/2021-CR, que autorizaba la percepción simultánea de remuneración y pensión para pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP).
Delia Espinoza había presentado la denuncia constitucional 549 contra los congresistas José Williams, Jorge Montoya, Alfredo Azurín, Roberto Chiabra, José Cueto, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez, quienes integraron la Comisión de Defensa en el periodo 2021-2022.
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Tras evaluar los descargos del informe final, a cargo del congresista Elvis Vergara (Acción Popular), la SAC rechazó el pedido de nulidad planteado por Espinoza Valenzuela, al considerar que no existían vicios que invalidaran la actuación procesal.
El documento también recomendó archivar los extremos referidos a los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, luego de determinar que no existían elementos suficientes para sustentar una acusación penal.
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Del mismo modo, planteó archivar las denuncias sobre la presunta infracción a los artículos 158 y 159 inciso 2 de la Constitución respecto a su ejercicio funcional como fiscal de la Nación.
Sin embargo, el informe final sí propuso acusar a Delia Espinoza por infracción constitucional en los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) al considerar que su conducta vulneró principios básicos del ejercicio público y afectó competencias propias del Parlamento.
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En consecuencia, la subcomisión planteó imponer una sanción de inhabilitación por 10 años. Finalmente, se recomendó remitir el informe a la Comisión Permanente para que continúe el procedimiento correspondiente.
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