Tal como se esperaba, el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) fue elegido presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento. En la mesa directiva del referido grupo, a cargo de las reformas a la Carta Magna, lo acompañarán Luis Aragón (Acción Popular) como vicepresidente y Lady Camones (Alianza para el Progreso) como secretaria.
Rospigliosi, en declaraciones a la prensa, anunció que la comisión insistirá con el dictamen que aumenta los candados para las postulaciones a cargos de elección popular.
“La congresista Martha Moyano, que fue la anterior presidenta, había dicho innumerables veces que no había los votos necesarios, fue criticada. En la legislatura pasada se sometió a votación y no obtuvo los votos [...] Ahora, insistiremos”, manifestó.
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En junio último, el texto no tuvo consenso en el pleno debido a cambios de último momento que realizó la parlamentaria fujimorista Martha Moyano, pero también por la intención de un sector de la izquierda de incluir más delitos en la restricción. Por ello, la fórmula regresó a la Comisión de Constitución para una nueva evaluación.
El dictamen- propuesto por Moyano, entonces presidenta de la Comisión de Constitución- establecía que solo los sentenciados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición y motín no podrán participar de las elecciones, sino hasta después de 10 años de su rehabilitación.
Si se hubiera aprobado esta propuesta, se impediría, por ejemplo, una eventual postulación de Antauro Humala, quien purgó prisión por homicidio, rebelión, secuestro agravado y otros delitos por la toma de la comisaría de Andahuaylas en enero del 2005.
De la lista inicial, se retiraron los delitos de violación sexual, colusión, corrupción de funcionarios, trata de personas, homicidio y secuestro. Precisamente por estos dos últimos, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en el 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y las retenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.
Al tratarse de una reforma a la Constitución requería del respaldo de 87 congresistas en dos votaciones en legislaturas sucesivas.
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El consenso como punto de partida
Rospigliosi, en comunicación con El Comercio, afirmó que el punto de partida para que se retome el debate del dictamen que establece nuevos impedimentos para postular será “llegar a un consenso” con las diferentes bancadas, de lo contrario, “se repetirá” el escenario de hace dos meses.
“Si hay acuerdos con otros grupos y se puede garantizar o se puede tener una expectativa de su aprobación, será una prioridad, pero si no logramos avanzar mucho en eso vamos a seguir intentándolo, no es adecuado tratar de empujar un proyecto cuando se sabe que no hay los votos”, expresó el también exministro del Interior.
El congresista de Fuerza Popular evitó responder si se volverán a incluir en el texto los delitos de homicidio calificado y secuestro.
A título personal, Rospigliosi señaló que “un individuo que se rebeló contra la democracia, que asesinó a cuatro policías y que todos los días dice que va a fusilar a medio mundo”, no debe tener cabida en el sistema democrático.
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“Se ha politizado demasiado este proyecto”
El portavoz de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, promotor de la referida reforma constitucional, refirió que este proyecto “se ha politizado demasiado”, porque “se piensa que se va a convertir en un instrumento para perjudicar a unos y beneficiar a otros”. Agregó que se debe llegar a un texto que genere el mayor consenso posible.
“Si para algunos colocar secuestro puede significar bajar su apoyo, lo cual sería lamentable, sí aún con todo va a representar renuencia o resistencia, prefiero que el texto contenga solo los delitos donde nos pongamos de acuerdo, como terrorismo, narcotráfico, rebelión, sedición, traición a la patria, trata de personas y violación sexual”, manifestó a este Diario.
(Foto: Archivo GEC)
Muñante sostuvo que “de nada sirve” insistir con un dictamen que no se va a aprobar, porque eso significaría “remar en contra de la corriente”.
“Quizás no puedan incluirse todos los delitos, pero al menos va a representar un avance, lo peor es que no tengamos nada”, subrayó.
El parlamentario celeste advirtió que cualquier sentenciado por terrorismo que haya cumplido su condena puede postular a un cargo de elección. “Eso es lo que queremos evitar”, complementó.
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Muñante indicó que, sin el respaldo de Fuerza Popular, esta reforma constitucional no verá la luz.
“Si ellos están de acuerdo con los delitos de terrorismo, narcotráfico y rebelión, bueno qué se va a hacer, no vamos a estar satisfechos al 100%”, expresó.
El vocero de Renovación Popular adelantó que su bancada solicitará a Rospigliosi priorizar el debate de esta reforma.
“Además, la Comisión de Constitución tiene la obligación de hacerlo, porque hay una disposición del pleno, no estamos frente a un proyecto de ley cualquiera, el pleno ha encomendado una revisión y el grupo debe responder con un dictamen”, acotó.
El punto de vista
El abogado constitucionalista Erick Urbina consideró que “sí es necesario” la reforma de los artículos 34-A y 39-A de la Constitución, pero señaló que “no se debe legislar con nombre propio”.
“Si excluimos a uno y facilitamos a otros estaríamos incurriendo en una falta al derecho. En el contexto peruano es importante poner más filtros para las candidaturas, especialmente a la presidencia”, complementó.
En diálogo con este Diario, Urbina opinó que todos aquellos que han atentado contra la patria, al haber incurrido en terrorismo, rebelión, sedición y traición a la patria, no deben postular, al igual que aquellos que han atentado en contra del Estado peruano a través de la corrupción. “Lo cual incluye a Antauro Humala y a Alberto Fujimori, que han cometido algunos de esos delitos”, finalizó.
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A su turno, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, señaló que la prioridad de la Comisión de Constitución debe ser “defender la democracia”, en el sentido de prohibir que personas que son un peligro para este sistema “no puedan ingresar” al Estado “y dinamitarla por dentro”.
“[Los delitos considerados para la prohibición] deben ser amplios, se debe defender la democracia, tanto una persona sentenciada por terrorismo, rebelión, como por corrupción debe estar excluido. Los 130 congresistas deben hacer el esfuerzo y colocar una barrera. Y si no llegan a los 87 votos, si pasa los 66 votos, debemos ir a referéndum”, concluyó.
La agenda de la comisión
Rospigliosi, de otro lado, informó que la Comisión de Constitución priorizará los cambios en las normas electorales, a fin de adaptarlas para las elecciones de un Congreso con doble cámara. Agregó que también trabajarán en los reglamentos de la cámara de diputados, del Senado y de cuando el Parlamento funcione en conjunto con miras al 2026.
“Las modificaciones electorales son indispensables, tiene que definirse por los plazos”, manifestó, aunque evitó señalar cuáles serían estas reformas en concreto.
El congresista de Fuerza Popular, además, señaló que depende de la Mesa Directiva del Congreso establecer la fecha en la que se realizará la segunda votación del dictamen que elimina a los movimientos regionales.
Más información
Rospigliosi fue autor y promotor de la ley que limita los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crímenes de guerra respecto a hechos ocurridos antes de julio de 2002.
Al respecto, el congresista fujimorista dijo que el Parlamento debe defender su posición ante el Tribunal Constitucional, cuando el Ministerio Público interponga una demanda de inconstitucionalidad en contra de la norma.
