

Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre el archivamiento de la investigación por los aportes de campaña de los años 2011 y 2026, conocido como el Caso Cocteles, que involucraba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el Tribunal Constitucional (TC).
En primer lugar, el legislador José Cueto (Honor y Democracia) cuestionó la actuación de los fiscales del equipo Lava Jato, que calificó de “pésima”, y pidió que sean denunciados.
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“No me extraña, después de la pésima actuación de los fiscales, era de esperarse que en algún momento esto se caiga y efectivamente así ocurrió. Desgraciadamente cuando hay este tipo de jurisprudencia, los abogados de los otros casos lo van a usar”, expresó.
“Son años perdidos, dinero, recursos de todo tipo y estos dos señores están de lo más lindo. Yo espero que después de esto el fiscal de la Nación interino tome acciones porque la verdad que es una vergüenza. No deben desactivar [el equipo especial Lava Jato], deberían denunciarlos”, agregó.
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Similar posición adoptó el expresidente del Parlamento José Williams (Avanza País), quien dijo que no tiene la información completa y prefirió no hablar más al respecto.
No obstante, el congresista negó que el actual Tribunal Constitucional esté politizado y sea una cuota de poder del Poder Legislativo, indicando que es la última instancia para el cumplimiento de las leyes en el país.
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“No creo que sea una cuota del Congreso de la República. La elección de los abogados que conforman el Tribunal Constitucional es abierta y obedece a debates. Pienso que no es así. Es la última instancia en el cumplimiento de las leyes y creo que tiene una tarea muy valiosa”, subrayó a Canal N.
Por su parte, el parlamentario Edwin Martínez (Acción Popular) prefirió no abordar con profundidad el tema al señalar que no es ni constitucionalista ni penalista, sino “un político que ve con otra perspectiva el tema judicial”.
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“Aquí ha habido muchísimos hilos que han tejido actos de corrupción, pero que lamentablemente no han sido investigados adecuadamente y se han derivado por otras aristas ya con determinaciones netamente política y no judiciales o penales. [Es] el caso de Odebrecht, de la exalcaldesa Villarán”, acotó.
“Impacta mucho porque lamentablemente sí o sí vivimos temas mediáticos. La política es un tema que hoy lamentablemente genera mucha expectativa en la población y toda determinación, ya sea fiscal o judicial que tenga que ver con temas políticos, repercute en la sociedad”, añadió.
El caso
Como se recuerda, por mayoría el TC dejó sin efecto la investigación y acusación del Ministerio Público contra la lideresa de Fuerza Popular por el Caso Cocteles.
En su resolución, el TC señaló que la indagación carecía de sustento jurídico y que el delito de lavado de activos, imputado por la fiscalía en contra de Keiko Fujimori, no estaba penalizado en 2011 y antes de noviembre del 2016.
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Respecto al delito de organización criminal, el Tribunal Constitucional sostiene que no se ha probado que Fuerza Popular haya tenido un fin criminal y que la fiscalía no aportó prueba de ello.
Además, atribuyó al Ministerio Público una “excesiva criminalización” y que existía una vulneración del plazo razonable en contra de Fujimori Higuchi, pues son más de diez años y con innumerables subsanaciones a la acusación fiscal.
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“Las actuaciones del Ministerio Público tendientes a incriminar a la beneficiaria específicamente por los citados delitos carecen de todo sustento y como tales, deben quedar sin efecto”, dictó el TC, con lo cual quedó sin efecto la nueva acusación fiscal presentada en julio del 2025.
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