Por mayoría, el Tribunal Constitucional (TC) dejó sin efecto la investigación y acusación del Ministerio Público contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el financiamiento de sus campañas electorales del 2011 y 2016, conocido como el Caso Cocteles.
Como se recuerda, la excandidata presidencial era investigada por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.
En su resolución, el TC señaló que la indagación carecía de sustento jurídico y opuesto a lo establecido en la Constitución Política.
Sobre el presunto delito de lavado de activos, el tribunal indicó que los hechos imputados por la fiscalía en contra de Keiko Fujimori no estaban penalizados en 2011 y antes de noviembre del 2016.
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Respecto al delito de organización criminal, el TC sostiene que no se ha probado que Fuerza Popular haya tenido una fin criminal y la fiscalía no aportó prueba de ello.
Además, atribuyó al Ministerio Público una “excesiva criminalización” y que existía una vulneración del plazo razonable en contra de Fujimori Higuchi, pues son más de diez años y con innumerables subsanaciones a la acusación fiscal.
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“Las actuaciones del Ministerio Público tendientes a incriminar a la beneficiaria específicamente por los citados delitos carecen de todo sustento y como tales, deben quedar sin efecto”, dictó el TC, con lo cual quedó sin efecto la nueva acusación fiscal de julio del 2025.
Por su parte, la abogada de Fujimori Higuchi, Giulliana Loza, saludó la decisión señalando que la justicia constitucional les dio la razón al sentenciar que su patrocinada fue investigada por hechos que no constituían delito.
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“El Tribunal Constitucional ha declarado fundado nuestro habeas corpus en favor de Keiko Fujimori. Se reconoció que fue investigada por hechos que no eran delito, vulnerando el principio de legalidad. La justicia constitucional nos dio la razón”, expresó en “X”.
En julio pasado el equipo especial Lava Jato presentó una nueva acusación penal en el proceso seguido contra la lideresa de Fuerza Popular y otros por el ‘Caso Cocteles’.
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El fiscal provincial José Domingo Pérez presentó la acusación penal contra Fujimori Higushi, además de Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya y Mark Vito Villanella.
Asimismo, contra Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, además de las personas jurídicas Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S.A.C.
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En relación con Keiko Fujimori, la fiscalía solicitó 35 años de pena privativa de libertad y 730 días multa, por los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
En enero de este año el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional acogió el pedido de la lideresa de Fuerza Popular y de otros acusados y anuló el juicio oral por ese caso.
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Los abogados habían solicitado que se les aplique la resolución del Tribunal Constitucional a favor de José Chlimper, emitida en diciembre del 2024 y que anulaba parcialmente la acusación fiscal.
En su requerimiento anulado, el fiscal José Domingo Pérez había pedido 30 años y 10 meses de condena, así como 15 años y cinco meses de inhabilitación contra Keiko Fujimori tras acusarla de presunto lavado de activos, organización criminal, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
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