Durante la CADE Ejecutivos 2024, realizada en Arequipa, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular), participó en una de las mesas sobre la reforma política. En entrevista con El Comercio, la parlamentaria fujimorista consideró que la situación del Reinfo “ha llegado a punto de quiebre”.
— ¿La censura del ministro de Energía y Minas por parte del Congreso no es un triunfo de la minería informal y también de la minería ilegal? Tras la destitución se hizo un viral, donde este sector celebraba.
La verdad no sé cuál será el motivo de celebración de los mineros, porque las motivaciones de Fuerza Popular para interponer la censura ha sido la poca o nula participación de Mucho en la designación del directorio de Petroperú. Él públicamente ha señalado que la decisión sobre quien iba a la presidencia de Petroperú fue de la presidenta de la República y no de él como ministro de Estado. Y, además, hemos visto que se nombró al exministro Vera como gerente general de Petroperú, todos sabemos cuál es su posición ideológica respecto a este tema.
El señor Mucho, asimismo, ya estaba seis meses en el gobierno, en el MINEN y la Ley MAPE estaba pendiente de presentarse, de acuerdo a la última norma que amplió el Reinfo, desde el 2022. Desde ese año, el Ejecutivo tiene pendiente la presentación del proyecto que finalmente va regular a la minería artesanal e informal. Eso no ha ocurrido en todo este tiempo. Entonces, faltando una semana para el vencimiento de este plazo [del Reinfo] el señor Mucho presenta la propuesta de Ley MAPE.
— Una semana no, porque el plazo del Reinfo concluye el 31 de diciembre…
Lo que ocurre es que la legislatura termina el 13 de diciembre, y estamos hablando que el Congreso tiene que resolver antes del 13 de diciembre, porque ya están programadas otras actividades hacía adelante. Entonces, faltando un tiempo corto, el señor Mucho presenta un proyecto de ley que, por supuesto no es sencillo, que recoge muchos problemas que se tiene a nivel de mineros informales, ilegales, pequeña minería y concesiones.
— En la CADE, gremios empresariales, como Confiep y SNI, señalaron que, si bien el proyecto de Ley MAPE del gobierno no es la mejor, pero sí era un primer paso para ponerle fin al Reinfo…
Bueno, pero la ley MAPE no establecía que el Reinfo se acababa mañana o a parte del día siguiente de la vigencia tras su aprobación, la norma también establecía un período de seis meses. Entonces, hay un periodo de transición que tiene que darse definitivamente para la aplicación de la nueva normativa que se dé y para que también se dé el debate de una nueva ley de minería.
A título personal, yo no he estado de acuerdo con que se prorrogue este tipo de actividades que en muchos de los casos son contaminantes, que llevan detrás de sí la trata de personas, que lleva al lavado de activos, esto ha sido de gobierno tras gobierno un desacierto, un despropósito y dejades del Estado peruano, que ahora se ve acorralado por reclamos de un conjunto de personas que en muchos casos trabajan de manera ilegal. Esta situación ha llegado a un punto de quiebre. A partir de acá tiene que haber voluntad política del gobierno para implementar la normas que finalmente aprueba el Congreso.
“No podemos considerar de manera alguna que una de las vías frente a una resolución judicial es ponerse a buen recaudo”, afirmó Juárez. (Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)
— Usted dice que la situación ha llegado al límite, ¿por qué Fuerza Popular no hace el esfuerzo de dar un marco legal que le ponga fin al Reinfo?
Porque las soluciones no son mágicas, porque sí nosotros mañana declaramos sin efecto el Reinfo, ¿qué va a ocurrir con todas esas actividades que se desarrollan en este momento? Ya hemos visto que frente a la inacción del Ejecutivo de presentar el proyecto de Ley MAPE tenemos frente al Congreso, solventados con dineros sabe Dios de dónde, a un conjunto de mineros que están reclamando, que están viviendo, pernoctando frente al Parlamento, yo no sé cómo el Estado permite algo como eso. Y el Estado no ha hecho absolutamente nada frente a esas soluciones, eso es lo que ha significado parte de la caída del señor Rómulo Mucho.
— ¿Y el Parlamento no está cediendo a esa presión al ampliar el Reinfo y no ver soluciones a mediano y largo plazo?
Entiendo que el proyecto que se aprobaría, no solamente contemplaría ese período de transición en donde tiene que estar la prórroga del Reinfo lamentablemente porque tenemos que considerar la situación de miles de personas que trabajan en esta actividad. Pero este tránsito no va a ser una simple prórroga, sino va a ser el tiempo que se requiera para poner esta ley [MAPE], que se está trabajando a efectos de por fin formalizar la minería informal y artesanal.
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— En una entrevista con El Comercio, el presidente de ADEX ha referido que el crimen organizado “está instalado en el Congreso”. ¿Cuál es su respuesta?
Yo tengo que hablar por la institución, o sea yo creo que si hay uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la ausencia de institucionalidad en nuestro país. Puede haber desacuerdos respecto a algunas actuaciones y algunos congresistas, pero lo que no podemos es generalizar y señalar que hay actividades de organización criminal dentro del Congreso. Si hubiera y el presidente de ADEX conoce sería bueno que denuncie. Y de esa manera dejaría a salvo la honra de personas que no estamos involucrados en actividades que él señala.
— ¿Es el momento de que la presidenta Boluarte realice cambios profundos en el Gabinete Ministerial?
Claro que sí, hemos visto que hay algunos sectores que no están funcionando, creo que esta es una excelente oportunidad a partir de la censura del ministro [de Energía y Minas] Rómulo Mucho para que la presidenta pueda darle nuevos aires a su Gabinete. No es bueno rodearse de ministros cuya principal tarea es defender a la presidenta y a su hermano. El perfil que debe tener un ministro no es el de un escudero, sino de un alto funcionario del Estado que vuelca su experiencia para solucionar los problemas de su sector y eso no lo estamos viendo.
¿Por ejemplo, en qué carteras deben ser los cambios?
Yo creo que eso le corresponde analizar a la presidenta de la República y al primer ministro. No obstante, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el MIDIS a mí me parece gravísimo, en otras circunstancias el ministro [Julio Demartini] ya hubiera estado fuera. Yo sé que me bancada ha votado en contra de la censura, porque los elementos que plantearon para la censura no eran los adecuados con los que nosotros compartíamos. Pero sí hemos planteado una interpelación para que el ministro vaya a responder. Y así como [debe ser cambiado] el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, la ministra de la Mujer que no le vemos mayor protagonismo ni trabajo a favor de las mujeres y otros sectores que creo es conveniente que se refresquen.
Si bien es cierto que las políticas públicas deben tener continuidad, pero también es cierto que cuando existe un ruido político tan grande, cuando existen escándalos tan manifiestos como en el MIDIS, creo que amerita un cambio.
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— ¿Fuerza Popular no blindó a Demartini? 16 congresistas fujimoristas votaron en contra cuando semanas tras semanas se ha visto que se conformó una red de corrupción en Qali Warma y que la comida destinada a niños fue dada a perros.
Es una situación grave como vuelvo a repetir y, por eso, corresponde que el ministro sea interpelado antes de una censura apresurada promovida por sectores de izquierda. Que primero se le interpele y nosotros evaluaremos si procede o no una censura. Pero mientras tanto el ministro Demartini tiene que tomar acciones para separar a los funcionarios involucrados e iniciar acciones administrativas, y luego explicar porque definitivamente el responsable político es el ministro.
— A inicios de este año, la presidenta destituyó y envió al retiro al director de la Policía por las altas cifras de inseguridad. ¿Bajo este criterio, el ministro del Interior debe continuar o no en el cargo?
A ver, nuestra bancada no ha tenido ningún acercamiento ni favoritismo, como un sector ha señalado, respecto al ministro del Interior. Nosotros hemos estado a la espera de los 60 días que el ministro pidió.
— Esos 60 días se cumplieron esta semana y se ha ampliado a 45 días más el estado de emergencia…
Bueno, se cumplieron los 60 días recién y nosotros estamos, en este momento, en el debate de la Ley de Presupuesto, seguramente en la próxima reunión de bancada vamos a analizar cuál ha sido la actuación del ministro del Interior en estos 60 días y tomaremos una decisión.
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— El Estado de emergencia no ha tenido las denuncias de extorsión ni los crímenes en Lima. Un policía ha recibido una bala en la cabeza. ¿Cuál es el balance que usted realiza?
Es que yo creo que los estados de emergencia tampoco son la gran solución para combatir la inseguridad ciudadana y ya lo hemos dicho, el sistema de justicia no responde, hay mucho de los casos de detenidos en flagrancia que son puestos en libertad por el Ministerio Público. También vemos que acciones de inteligencia en el gobierno no hay. Ese es uno de los puntos que los primeros días que estábamos en estos temas de inseguridad, Fuerza Popular mencionó en un comunicado. Necesitamos que los entes de inteligencia de las diversas fuerzas del orden se unifiquen bajo un solo liderazgo. Y creemos que hay varias decisiones que el Ejecutivo no toma y no parten solamente por el hecho de tener un ministro del Interior, sino parte por la decisión y la voluntad política de la cabeza que es la señora Boluarte.
— En una entrevista con El Comercio, el presidente del Congreso ha señalado que “mientras la sala no ratifique o resuelva, Nicanor Boluarte tiene derecho a preservar su libertad”. ¿Comparte esta postura?
Si nosotros hablamos de respeto a las instituciones tenemos que respetar todos los mandatos judiciales. Nosotros pedimos respeto a la aprobación de normas del Congreso y su cumplimiento para el Ministerio Público y si pedimos eso, nosotros debemos de respetar las decisiones que seguramente muchos no comparten, pero que finalmente son decisiones que cuando vivimos en un sistema democrático podemos contradecirlas, si no están de acuerdo que planteen algún tipo de apelación o el recurso que consideren. Nosotros no podemos considerar de manera alguna que una de las vías frente a una resolución judicial es que las personas se pongan a buen recaudo. Ya nos ocurrió a nosotros como Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a pesar de una sentencia del Tribunal Constitucional fue encarcelada. Hay que dar la cara en todos los casos.
— ¿No existe el derecho a estar prófugo?
No, no creo, si tú eres imputado por algún delito, aún cuando consideres que eres inocente tienes que respetar los fueros del Poder Judicial.
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— El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se ha pronunciado en contra de la decisión de la Corte Suprema de declarar ilegal el partido de Antauro Humala, pero omitió decir que uno de sus hermanos está afiliado a esa agrupación. ¿Mantenerlo al frente de la Defensoría no es socavar el prestigio de la entidad?
Esa explicación la debe dar el señor Josué Gutiérrez, que no entiendo cuál ha sido el sentido de sus declaraciones, especialmente cuando pareciera que hay un conflicto, porque finalmente si su hermano está en ese partido que ha sido declarado proscrito, entonces tendría que explicar si es que tiene o está ejerciendo la defensa de su hermano.
— ¿El Parlamento debe evaluar retirar del cargo de Gutiérrez?
Nosotros evaluaremos en su momento, a partir de las declaraciones de Gutiérrez no se ha dado ninguna reunión de la bancada ni política de parte de la dirigencia de Fuerza Popular. No hemos tenido la oportunidad de debatir este tema.
— Durante su presentación en la CADE Ejecutivos 2024 usted hizo una autocrítica sobre el Congreso. ¿Por qué eligió este escenario para hacerlo?
Es importante reconocer errores, no podríamos nosotros considerar que la actuación del Congreso es aceptada por todos los grupos y, además, sabemos que ha habido casos de muchos congresistas que realmente han faltado al honor que significa ser congresista. Y creo que eso lo aprecia, lo visualiza, lo conoce mucha gente. Corresponde en muchos de los casos hasta pedir disculpas por lo que ocurre en el Congreso como institución. Creo que el Parlamento debería ser una de las instituciones más valoradas, y que deberíamos tener como objetivo preservar la institucionalidad que siempre debe tener un Congreso.
