Reinfo: Los peligros del predictamen del Congreso que pretende extender el registro hasta el 2026 y reponer a 50 mil excluidos

Al interior de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, se viene preparando las condiciones para una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual se convirtió en los últimos años en un manto legal de impunidad para la minería ilegal. Y se ha puesto sobre la mesa un predictamen que plantea no solo extender el plazo del registro hasta diciembre del 2026, sino también bloquear el inicio de procedimientos de exclusión y la reincorporación de más de 50 mil informales que ya habían sido depurados al no haber cumplido los requisitos.

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Se trata de un predictamen propuesto desde la presidencia de la comisión, a cargo del congresista Víctor Cutipa Ccama (Juntos por el Perú-VP-BM). El mismo que se pretende discutir en una sesión extraordinaria este viernes, la cual inicialmente había sido convocada para que se realice en Caravelí, Arequipa.

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A última hora, Cutipa retrocedió en su pretensión, en medio de cuestionamientos de parte de integrantes de la comisión —como Patricia Juárez (Fuerza Popular)— al tratarse de una zona de influencia de minería ilegal e informal. Fue advertida como una maniobra para ejercer presión entre los legisladores para aprobar así una extensión del Reinfo.

“Lo que está haciendo es claramente un manejo inadecuado de los procedimientos parlamentarios. (...) Estamos esperando la respuesta del presidente [Cutipa]. Caso contrario, si persiste en que la sesión se lleve a cabo en Caravelí, vamos a plantear la censura”, expresó Juárez más temprano el jueves.

Ante ello, Cutipa insistió en su postura, indicando que se trataba de una sesión semipresencial que ya había sido convocada, “y ellos verán si lo hacen presencial o virtual”. “Yo no puedo trabajar en base a las amenazas de censura, sino al final de censura tras censura van a escribir lo que yo tengo que hacer; ya se cumplió con todo el procedimiento”, respondió.

No obstante, poco después cursó un oficio a todos los integrantes comunicando el cambio de locación a Lima. La sesión se desarrollará en la Sala Francisco Bolognesi del Congreso a las 4:00 p.m.

En el predictamen propuesto se condiciona la vigencia del proceso de formalización a la entrada en vigor de la Ley Mape (Ley de la pequeña minería y minería artesanal) y su respectivo reglamento; sin embargo, una fórmula que está entrampada en la misma comisión y que, desde julio, no se ha vuelto a abordar.

“El plazo de vigencia del proceso de formalización (...) culmina con la entrada en vigor de la ley de pequeña minería y minería artesanal (...). En su defecto, el plazo de vigencia se amplía de manera excepcional e improrrogable hasta el 31 de diciembre de 2026”, se apunta en el texto planteado.

Pero esto es solo la extensión. Además, mediante disposiciones complementarias, se pretende ordenar al Ministerio de Energía y Minas (Minem) que suspenda la tramitación “o el inicio de procedimientos de exclusión” del Reinfo, así como dejar sin efecto la exclusión de los más de 50 mil registros que ya habían sido depurados.

“Se reincorporan al proceso de formalización minera integral las personas naturales o jurídicas excluidas en cumplimiento del artículo 2 del Decreto Supremo 012-2025-EМ”, se indica en el texto. Este decreto extendió el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de este año, pero también permitió iniciar la depuración de aquellos que tenían el registro suspendido por más de un año.

Para ello, se recogen en el predictamen tres proyectos de ley planteados por Guido Bellido (Podemos Perú), así como Roberto Sánchez y Wilson Quispe Mamani (Juntos por el Perú-VP-BM), respectivamente. Bellido proponía extender el Reinfo hasta junio de 2029, Quispe hasta diciembre de 2028 y Sánchez hasta diciembre del 2026, tal como ahora se acoge.

En el desarrollo de la fórmula, se asegura que la disposición de ampliar el Reinfo, así como el reincorporar a los depurados y el suspender la posibilidad de iniciar procesos de exclusión se encuentra amparado en la Constitución y “en los estándares internacionales de derechos humanos”.

“Su finalidad inmediata es proteger el derecho al trabajo reconocido en el artículo 22 de la Carta Magna, permitiendo que los mineros artesanales y de pequeña escala continúen con sus actividades productivas mientras culmina el proceso de formalización. En ese sentido, la reincorporación evita una exclusión abrupta que podría generar desempleo masivo y afectar derechos sociales conexos como el acceso a la salud, la educación y la alimentación de las familias vinculadas a esta actividad”, se indica.

Además, también se incluye como argumento para la ampliación las declaraciones esbozadas el último miércoles por el premier Ernesto Álvarez, donde aseguró: “El gran problema es de que si se renueva el Reinfo es un incentivo para los mineros ilegales, pero por otra parte la minería artesanal necesita mayor tiempo para poder intentar formalizarse”. Sin embargo, de llegar a aprobarse, se trataría de la quinta ampliación.

Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expresó su preocupación porque, desde la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, se insista en impulsar la aprobación de proyectos que prolonguen la vigencia del Reinfo, “sabiendo que es un mecanismo que ha demostrado haber fracasado en todo lo que es el proceso de formalización minera”. Algo que también ha sido advertido —agregó— por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo e incluso la Comunidad Andina.

“Ahora están estableciendo que todo este avance que se había dado a lo largo de este año con las exclusiones de aquellos que tenían más de un año suspendidos sean reincorporados y que, además, no se continúe con los procesos de suspensión. Claramente ello no contribuye en una formalización real y, por el contrario, perpetuamos el status quo sabiendo del fracaso al que nos lleva, y con todas las repercusiones que podemos tener”, aseveró Grossheim.

La directora de la SNMPE recordó que la última vez que se trató el tema de la Ley MAPE en la comisión fue a propósito de un predictamen completamente nocivo que fue rechazado, y desde entonces no se ha vuelto a discutir el asunto. Cuestionó, en ese sentido, que no se esté abordando el tema de fondo de manera técnica en lugar de plantear una prórroga inmediata con sus respectivas adiciones. “Para nosotros esto sería un retroceso en el proceso de formalización y, en realidad, de depuración del Reinfo”, subrayó Grossheim.

Por su parte, Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, calificó de “absolutamente nocivo” el predictamen propuesto. Sobre los más de 50 mil registros que fueron anulados, incidió en que esto ocurrió debido a que culminó para ellos el proceso de formalización y nunca levantaron las observaciones.

“Lo que hizo el Minem fue ampliar el proceso, pero solamente para los Reinfos vigentes, quedaron cerca de 31 mil. Cuando dicen que lo que quieren es que estos más de 50 mil Reinfos nuevamente vuelvan a ser calificados como un proceso de formalización, eso no se puede hacer; ya terminó el proceso para ellos. Hacer ello es absolutamente inconstitucional”, remarcó Arenas.

En esa línea, apuntó que la Ley Mape “no tiene nada que ver con la formalización minera”, sino que se trata de un marco que regula a la minería artesanal y a pequeña escala, mas no la formaliza. “La única posibilidad de formalización es a través del Reinfo. La Ley Mape ordena y reordena el sector, no es una ley que formaliza. Y ellos dicen ‘no, como no hay Ley Mape, vamos a hacer que el Reinfo salga adelante’. No tiene que ver una cosa con la otra, absolutamente”, sostuvo.

Por su parte, César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, remarcó que lo que se pretende ahora es generar “máxima impunidad”, pues de aprobarse este predictamen en la práctica el Estado no va a poder supervisar ni controlar a quienes estén en el Reinfo.

“En la primera disposición final dice: ‘no pueden ser suspendidos’. Es decir, el Estado no puede, así encuentre ilegalidades, no los va a poder sacar del Reinfo. Y, por otro lado, también plantea que todos los mineros excluidos puedan ser reincorporados. Esto es ya la impunidad total, no hay ningún mecanismo de control”, comentó Ipenza.

Reiteró que para permanecer en el Reinfo se debían cumplir tres condiciones básicas, como el simplemente tener Ruc, una declaración de producción y únicamente la presentación del instrumento ambiental. “Esas han sido las condiciones para que un minero permanezca en el Reinfo. Y si las personas ni siquiera han cumplido con esas cosas mínimas y ahora los pretenden reincorporar, simplemente es para seguir lavando oro de origen ilegal”, aseveró Ipenza.