Dina Boluarte: ¿Cuánto complica su situación que admitiera que firmó documentos de club siendo ya ministra?

“Sí, fue así [firmé documentos], y ese es el tema que voy a explicar […] Hay una ley de Registros Públicos y tiene su propia reglamentación, las personas que en algún momento asumieron la representación legal [del club], como es mi caso, mientras no se inscriba la sucesión [en Sunarp], la ley obliga…”, manifestó.

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Boluarte Zegarra también dijo que ha suscrito documentos, como presidente del referido club departamental, durante este año. “Sí, porque todavía la vicepresidenta [de la institución] que ahora es la presidenta no había inscrito todavía su representación legal por un tema burocrático”, expresó.

Al ser consultada sobre la solicitud que hizo a inicios de abril, a nombre del Club Departamental Apurímac, para que la Municipalidad de Lima reactive su licencia de funcionamiento para diferentes giros, entre ellos el de bar y restaurante, Boluarte se limitó a decir que “es una historia larga que viene desde el 2019″, cuando el permiso fue cancelado.

Incluso, refirió que “no se ha venido haciendo ningún nuevo acto”, cuando, de acuerdo al portal Epicentro, el pedido tiene su firma, número de DNI y su nombre, escritos con su puño y letra.

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) dijo que no recuerda haberse encontrado con el exalcalde de Lima Jorge Muñoz en actos oficiales, después de que este dijera que ella aprovechaba esos momentos para hablar del tema de la licencia del club departamental.

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Boluarte, además, negó que vaya a renunciar al MIDIS y refirió que detrás de las denuncias constitucionales presentada en su contra en el Congreso por una infracción al artículo 126 de la Carta Magna, suenan “los tambores” de la vacancia. “Vamos a ir con la verdad y con documentos que prueben [que no he incurrido en una irregularidad], yo estoy tranquila y serena”, expresó.

La primera vicepresidenta de la República también dirigió sus cuestionamientos a la contraloría, a la que acusó de no haberle notificado el informe completo sobre su declaración jurada de intereses, donde advirtió que violó el artículo 126 de la Constitución. Este establece que “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

“En la carta que me envía la contraloría no dice que están enviando al Congreso [un informe] con recomendación de denuncia constitucional en mi contra, la primera persona en enterarse de las conclusiones debía ser yo, porque se me estaba afectando en mi derecho a la defensa y el debido proceso”, finalizó.

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Le piden que dé un paso al costado

El portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, exhortó a Boluarte a renunciar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. “Lo prudente y digno sería que renuncie de una buena vez. Su censura es inminente. Evite que ambos, Legislativo y Ejecutivo pierdan el tiempo”, refirió a través de su cuenta de Twitter.

Fuentes de la bancada celeste indicaron que ya tienen redactada la moción de interpelación en contra de la titular del MIDIS, y que cuentan con 15 de las 20 necesarias para presentar el documento.

El vocero de Avanza País, José Williams Zapata, demandó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento a darle celeridad a la evaluación de las denuncias contra Boluarte. Añadió que es poco probable que ella vaya a renunciar, por lo que es necesario continuar con el proceso en su contra.

Williams Zapata consideró que la situación de la primera vicepresidenta “debilita al gobierno”.

Desde la bancada de Perú Libre, la congresista María Agüero afirmó que si Boluarte Zegarra “ha cometido alguna infracción”. “Tendrá que ser sancionada por ello. Si se comete falta, se tiene que asumir”, agregó en declaraciones a la prensa.

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Este Diario ha informado que ninguna de las tres bancadas oficialistas en el Parlamento- Perú Libre, Bloque Magisterial y Perú Democrático- ha brindado su respaldo a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ella fue expulsada del partido que dirige Vladimir Cerrón, sentenciado exgobernador regional de Junín, en enero último.

Fuentes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales indicaron a El Comercio que es poco probable que el grupo tenga listo para el viernes, cuando se realizará una nueva sesión, el informe respecto a que si las denuncias contra Boluarte cumplen con los requisitos técnicos para ser admitidas a trámite.

Cierra el círculo de la infracción

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi indicó que la admisión de parte de Boluarte, lo único que hace es confirmar que incurrió en una infracción al artículo 126 de la Carta Magna. Añadió que las cartas enviadas a la Municipalidad de Lima para pedir que una licencia de funcionamiento para club departamental Apurímac “cierran el círculo”.

“Ella ha mandado documentos a la Municipalidad de Lima, es falso que solo haya firmado para regularizar [un traspaso de cargo]. La señora Boluarte debió poner en una balanza, qué es más importante: ser primera vicepresidenta y ministra o seguir conduciendo un club departamental, ella ha cometido una infracción”, remarcó a El Comercio.

Rospigliosi advirtió que los cuestionamientos de la titular del MIDIS a la contraloría apuntan a dar la imagen de que su derecho a la defensa fue afectado. Esto a pesar de que ella dio respuesta a los cuestionamientos formulados por la institución.

“En la subcomisión, ella también ejercerá su derecho a la defensa, ahí podrá dar los descargos que considere”, sostuvo.

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También señaló que es “irrelevante” si el Club Departamental Apurímac genera o no lucro, porque el artículo 126, al prohibir a los ministros de Estado realizar gestiones a favor de instituciones privadas no hace esa distinción.

El abogado constitucionalista Alberto Cruces afirmó que Boluarte, al haber dicho que sí realizó actos que implican la representación del club departamental, ha complicado su situación y “derrota” la tesis que tiene su defensa, en el sentido, de que solo había realizado trámites de traspaso.

“Queda claro que esto va en contra del artículo 126 de la Constitución, pero no sabemos si amerita dos, cinco o diez años de inhabilitación o solo una destitución, porque la sanción [de esta infracción] no está tipificada en el reglamento del Congreso”, remarcó el también profesor de Derecho en la PUCP.

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Cruces, en comunicación con este Diario, estimó que si el Parlamento termina inhabilitando a Boluarte de ejercer cargos públicos, es muy probable que esta busque, a través de una acción de amparo ante el Poder Judicial, anular esta medida, como lo ha hecho el expresidente Martín Vizcarra, inhabilitado 10 años por el vacunagate.

El constitucionalista opinó que la sanción del Congreso a abogada debe ir en razón del artículo 126, que se refiere al ejercicio del cargo de ministra y no de primera vicepresidenta de la República.

“La infracción es sobre el cargo de ministra, que [una sanción] tenga consecuencia sobre su puesto de vicepresidenta y el funcionamiento del sistema en general es irrazonable, sería como una vacancia encubierta, se extendería más allá de lo contemplado en la infracción”, acotó.