Dina Boluarte vuelve a premiar a Juan José Santiváñez: su legajo de polémicas y cómo se explica su designación

Cabe señalar que, en la convocatoria enviada por Palacio de Gobierno, solo se señaló que se trataba de un acto oficial encabezado por la mandataria. Sin embargo, terminó siendo una ceremonia de juramentación de nuevos ministros.

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Santiváñez, quien arrastra diversos cuestionamientos e investigaciones fiscales por presunto abuso de autoridad y supuestos actos de corrupción, toma las riendas del sector Justicia en medio de las críticas por la promulgación de la ley que otorga una amnistía a los integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la Policía Nacional (PNP) y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo, entre el período 1980-2000.

En más de una oportunidad, diversas fuentes de Palacio han señalado a El Comercio que el hoy titular del Minjus goza de la entera confianza de la jefa de Estado por encima del propio premier Arana y su hermano Nicanor Boluarte.

Debido a ello, inmediatamente después de su censura, a fines de marzo de este año, la presidenta lo nombró como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, que depende del Despacho Presidencial. Por sus servicios en este puesto Santiváñez percibía S/17 mil mensuales.

No obstante, su poder traspasó Palacio y se extendió hasta Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), donde fue nombrado como integrante del Consejo Directivo y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), donde - según “Panorama”- buscó impulsar un programa conducido por la presidenta Boluarte.

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Santiváñez tiene abiertas dos pesquisas en la fiscalía: una por presunto abuso de autoridad y otra por presunta corrupción. Por esta última pesa sobre él una orden de 18 meses de impedimento de salida del país.

Se trata de una investigación por el presunto presunto tráfico de influencias agravado por supuestamente haber intervenido en su calidad de abogado y luego como ministro del Interior para lograr la excarcelación de Miguel Joel Marcelo Salirrosas, expolicía a quien le brindó asesoría para anular su condena ante el Tribunal Constitucional.

En la pesquisa por abuso de poder, el Ministerio Público le imputa haber usado su cargo como ex ministro del Interior, para que se le abra un proceso disciplinario al capitán PNP Junior Augusto Izquierdo Yarlequé, conocido como el “agente Culebra”.

Esto, luego de hacerse públicos diversos audios que Santiváñez, supuestamente, habría enviado al efectivo policial, indicando que la PNP protegía al prófugo Vladimir Cerrón, y también acciones contra la Diviac [División de Investigación de delitos de Alta Complejidad]. Santiváñez ha negado ser uno de los interlocutores del audio grabado, pero se rehúsa a pasar por el peritaje.

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En su paso por el Poder Ejecutivo como ministro y funcionario de Palacio, Santiváñez ha recurrido a constantes ataques a los medios de comunicación, incluso presentó una denuncia contra periodistas de “Punto Final”, que elaboraron un reportaje sobre sus reuniones y el uso de vehículos del Estado.

Este hecho generó el rechazo y preocupación de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV).

En la ceremonia de este sábado Boluarte también nombró a nuevas ministras en los sectores Mujer y Desarrollo e Inclusión Social. Ana Peña Cardoza juró como titular del MIMP en reemplazo de Fanny Esther Montellanos Carbajal, y esta última asumió el MIDIS, cartera que antes encabezaba Leslie Urteaga.

Antes de asumir como titular del Ministerio de la Mujer, Peña Cardoza ejercía el cargo de jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú.

La flamante titular del MIMP es abogada especializada en derecho administrativo y ha desempeñado diversos cargos en el Estado, por ejemplo, fue jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura y asesora II del despacho ministerial en dicha cartera.

Ha laborado también como directora de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

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En tanto Montellanos, se desempeñó hasta este 23 de agosto como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cargo al que juró el 31 de enero de este año.

Según su perfil, cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión pública y cooperación internacional. Además, es licenciada en Educación y cuenta con una Maestría en Política Social con mención en Promoción de Infancia.

En su paso por el Estado se ha desempeñado en distintos cargos como viceministra de Política y Evaluación Social del Midis, en 2022, y también como viceministra de Prestaciones Sociales en esa misma cartera, en 2020.

Mira aquí la ceremonia:

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Voces en el Parlamento cuestionan el retorno de Santiváñez al Gabinete Ministerial. Para el congresista Diego Bazán (Renovación Popular) esta decisión responde a la cercanía del ministro con la presidenta. “No nos queda duda de que el señor Santiváñez sigue siendo la persona más cercana a la señora Dina Boluarte […] es el asesor en la sombra de la presidenta y tenía gran influencia en el Ejecutivo”, declaró en Canal N.

Asimismo, advirtió que el nuevo ministro mantiene un proceso de antejuicio político, y que su designación le otorga un “salvavidas” para extender esta protección. “El único fin que tenían hoy es colocar al señor Santiváñez”, señaló.

En la misma línea, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) calificó en su cuenta de X el nombramiento como “una burla al país”.

En tanto, Edward Málaga-Trillo (no agrupado) cuestionó la falta de pronunciamientos de líderes políticos sobre el tema: “Sí, está en la cancha del Congreso poner freno a tanta desvergüenza. Pero para eso tendríamos que conocer la postura de quienes presiden partidos y digitan bancadas, especialmente Keiko Fujimori, César y Richard Acuña, Vladimir Cerrón, José Luna, Patricia Li, entre otros. ¿Hablarán?”, escribió en X.

También se pronunció Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), quien calificó la designación como un acto irresponsable: “Esto es una provocación al Congreso y una necedad, este señor es incapaz de gestionar nada. ¿Qué puede hacer por la justicia en el país un exabogado de procesados por corrupción y otros delitos graves? Boluarte premia a su favorito a costa de todos los peruanos”, publicó en X.

Pese a ello, en diálogo con El Comercio, los analistas políticos José Carlos Requena y Enrique Castillo coincidieron en que, si bien esto despertará críticas entre legisladores, estas no tendrán mayores consecuencias ni llevarán a una ruptura del “pacto tácito” o la “convivencia” entre Boluarte y la mayoría congresal.

“Se puede suponer que [la designación] tiene como fin resolver los problemas de la presidenta de cara al 2026“, opinó Castillo. “Ella necesita en el gobierno a personas de su extrema confianza que puedan enfrentar las investigaciones que den en la fiscalía, en lo poco que pueda hacer, y en el periodismo, que es el que más puede hacer”.

Requena añadió que el retorno de Santiváñez, pese a sus antecedentes en el sector Interior, evidencia que la ruptura de la presidenta con la ciudadanía y la opinión pública. “[Ella] quiere sentirse más cómoda en los últimos meses que le quedan en el cargo, esa es su consideración. Las críticas de la ciudadanía y la prensa, para ella, son secundarias”, dijo.

Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, opinó que el nombramiento de Santiváñez es “absurdo” por sus investigaciones y por la medida judicial que pesa en su contra; así como “peligroso”, ya que en su gestión previa se “avanzó hacia la el debilitamiento del proceso penal”.

“Es una persona que ha demostrado que en realidad no tiene un norte técnico o académico, un norte en pro de mejor del sistema, sino, básicamente, que obedece a intereses personales y de los que lo acompañan: la presidenta Dina Boluarte, los ministros que están con él,los congresistas".

El exviceministro anticipó que la nueva gestión de Santiváñez impulsará una eventual salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como el “entorpecimiento” al trabajo de la fiscalía y el Poder Judicial mediante la promulgación de nuevas leyes, de la mano con el Congreso.

Además, indicó que no existe un impedimento legal o constitucional “expreso” para que un ministro censurado luego sea nombrado en otra cartera.

Al respecto, hay al menos un antecedente. Betssy Chávez fue censurada como ministra de Trabajo en mayo del 2022 y, pese a ello, el entonces presidente Pedro Castillo la nombró meses después como ministra de Cultura. Eventualmente, también fue nombrada como presidenta del Consejo de Ministros.