Dos diputadas de Obras retiran su apoyo al proyecto de amnistía para golpista Pedro Castillo: ¿qué dice la bancada?

El proyecto de amnistía para el golpista Pedro Castillo que impulsa la diputada Catherine Palomino (Juntos por el Perú), cercana del exjefe de Estado y actual presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara Baja, pierde a dos de sus primeros adherentes.

Las parlamentarias Andrea Medina y Jenny Samanez, del Partido Cívico Obras, decidieron retirar sus firmas del proyecto de ley a menos de una semana de haberse presentado formalmente. Medina envió un documento al oficial mayor de Diputados, Hugo Rovira, el 5 de noviembre, en el que solicitó que se retirara su rúbrica. Samanez hizo lo propio el 4 de noviembre del 2026.

Medina explicó que su decisión era individual, en su condición de firmante, y que no comprometía a los demás diputados que suscribieron la iniciativa legislativa. Sin embargo, no precisó otras razones que motivaron su decisión.

Consultada por este Diario, Samanez afirmó que decidió retirar su firma luego de enterarse de los alcances del proyecto que había suscrito.

“[He visto que usted retiró la firma del proyecto de amnistía para Castillo...] Apenas me enteré de que se trataba, retiré mi firma”, dijo.

Preguntada sobre si el vocero de la agrupación y el presidente del partido, Ricardo Belmont, le pidieron firmar la propuesta, Samanez señaló que quien la invitó a suscribirla fue Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú y actual jefe del Gabinete de Asesores de la bancada de izquierda en el Senado.

“Me pidió el señor Sánchez. Él mismo me pidió [suscribir el proyecto]”, agregó.

Por su parte, el vocero del Partido Cívico Obras, Víctor Piñán, señaló que las decisiones de sus colegas eran individuales y que no respondían a una posición de bancada.

Consultado sobre la posibilidad de que otros legisladores retiren sus firmas, respondió: “por parte de Obras creo que no”.

Por lo pronto, el futuro del proyecto dependerá de la posición que adopten los integrantes de la bancada del Buen Gobierno. Sus tres representantes en la Comisión de Justicia podrían definir el destino de la iniciativa.

De los 20 miembros de este grupo de trabajo, nueve pertenecen a agrupaciones de izquierda y ocho a partidos de derecha. Los tres restantes son Romina Uribe, Edgar Gonzáles y Rossana Alayza, del Buen Gobierno, cuyos votos podrían inclinar la balanza en uno u otro sentido.

Espíritu de la norma

La norma contempla dos tipos de amnistía: una por los hechos relacionados con el mensaje del 7 de diciembre del 2022 y otra por actos vinculados a las protestas sociales. Sin embargo, excluye de este beneficio los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos.

En el primer supuesto, la iniciativa comprende a todas las personas que hayan intervenido en los actos previos o preparatorios, la elaboración, redacción, lectura, difusión, refrendo, acompañamiento o ejecución administrativa del discurso que Castillo emitió el 7 de diciembre del 2022.

“La amnistía comprende a todas las personas que hayan intervenido en los hechos señalados en el artículo 4, en cualquier grado de autoría o participación, y con independencia de su situación procesal”, indica el documento.

El segundo supuesto extiende la amnistía a los hechos ocurridos desde el 28 de julio del 2021 hasta el día anterior a la entrada en vigor de la norma, siempre que se hayan producido en el contexto de protestas, movilizaciones, paros y otras acciones colectivas de naturaleza política y social desarrolladas en el país durante la crisis de ese período.

El principal beneficiado es Pedro Castillo, quien enfrenta una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión, tras el golpe de Estado de diciembre del 2022. El exmandatario permanece recluido en el penal de Barbadillo.

Otra beneficiada es Betssy Chávez, quien enfrenta la misma condena. A diferencia de Castillo, la exjefa del Gabinete se encuentra en México, a donde llegó tras abandonar el Perú el 7 de agosto, luego de recibir un salvoconducto otorgado por el Gobierno de Keiko Fujimori.