FP suma su segundo proyecto en busca de regular la publicidad estatal

Un poco más de seis meses después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la ley que prohibía la publicidad estatal en medios privados, Fuerza Popular suma su segunda iniciativa en busca de regular la capacidad del Estado para difundir información. El proyecto de ley es de autoría de la legisladora Alejandra Aramayo Gaona.

La primera iniciativa que presentó el fujimorismo tras la inconstitucionalidad de la denominada “Ley Mulder” fue la rubricada por la legisladora Karla Schaefer Cuculiza. Este proyecto plantea que las radioemisoras de provincias, especialmente de “las zonas más alejadas”, puedan difundir campañas del Estado.

Tanto Aramayo como Schaefer votaron a favor de la “Ley Mulder”. Schafer negó que haya sido un error apoyar dicha ley. “Para mí no ha sido un error [respaldar esta norma], esto [el gasto en publicidad] tenía que parar […] Lo que se está cortando son los cientos de millones que se han gastado para lavar la cara del gobierno”, dijo en junio del año pasado.

-Tarifas y acreditación-
La iniciativa vuelve a incluir la regulación de la tarifa que cobran las centrales de medios para colocar publicidad, algo que la Comisión de Transportes planteaba eliminar. “Es un trabajo de intermediación que merece ser pagado, pero acá también planteo proporcionalidad, no pueden cobrar entre 15% o 20%, para poner publicidad. Pero el monto no le corresponde al Congreso, tiene que ser establecido en el reglamento de la ley”, agregó.

En abril pasado, la Comisión de Transportes presentó un predictamen con los 7 proyectos de ley que se presentaron en el Congreso tras la declaración de inconstitucionalidad de la "Ley Mulder". Francis Allison, quien intervino a nombre de la Asociación de Agencia de Medios ante la comisión, consideró que de eliminarse ese pago de comisiones que reciben, sería el Estado quien asuma ese costo.

Otra modificación que incluye el proyecto de Aramayo es que una institución pueda publicitar en estados de emergencia sin licitación pero con la salvedad de establecer una “tarifa plana”. Asimismo, plantea crear una lista de medios proveedores creadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El medio que no esté inscrito, no podrá ser contratado para publicidad estatal.

“Esta iniciativa incluye a los gobiernos regionales y locales, con lo cual ya no tendremos más el caso de autoridades que pagan por publicidad solo a periodistas afines a su gestión, no más medios del régimen de turno. Estamos descentralizando la publicidad estatal para que beneficie a las regiones donde hay necesidad de aproximación de poblaciones con el Estado”, manifestó.

En el debate del predictamen de Transportes, en abril pasado, también se trató el asunto. Bernardo Roca Rey, presidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), hizo una precisión sobre este tema: "Si bien estamos de acuerdo con la formalidad del sector, se sugiere incluir una excepción para que se pueda contratar a medios que no cuenten con autorización del MTC en aquellos lugares donde no existen medios formales".

El planteamiento de Aramayo no solo exige estar incluido en una lista de proveedores y acreditado en el MTC, sino también establece otros requisitos para poder contratar publicidad con el Estado: tener licencia de funcionamiento y no tener deuda vigente ante el Estado (en caso de tener una deuda, el reglamento definirá el porcentaje del valor contratado que se destinará al pago de la acreencia, a través de retenciones de la Sunat).

Al igual que la "Ley Mulder", la iniciativa fujimorista también busca promover que el Estado apueste más por el uso de medios digitales para la difusión de sus actividades y comunicados.

-Planificación-
Aramayo ahora admite que la ley del congresista aprista Mauricio Mulder “era absolutamente inquisitiva”, pero también alega que fue necesaria para detener el “excesivo gasto” respecto a la publicidad estatal.

“Hoy día el gobierno tiene una conducta conservadora para la publicidad, ahora el gran problema no es la publicidad, sino las consultorías. Lo de la publicidad lo frenaron por la “Ley Mulder”. Era una medida sobredimensionada para el problema; pero en el tema del gasto, fue efectiva”, dijo la legisladora de Arequipa a El Comercio.

La legisladora sustenta la disminución en el gasto publicitario al comparar el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En el 2018, el PIM -que es una actualización como consecuencia de las modificaciones presupuestarias- se redujo en unos S/20 millones respecto al presupuesto inicial. En lo que respecta al 2019, la reducción ha sido de más de S/4 millones.

Aramayo, integrante de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, grupo encargado de analizar el tema, asegura que su proyecto se sostiene en dos puntos fundamentales que son la racionalidad y la proporcionalidad. “Los recursos del Estado tienen que ser racionales de acuerdo a los objetivos anuales que se establezcan en cada sector y proporcional con los objetivos del Estado. Eso obliga a ceñirse a una planificación, con lo que nadie podrá decidir publicitar algo sin que esté dentro del plan nacional”, explicó.

Con el proyecto de Aramayo suman 8 las iniciativas (7 de ellas ya predictaminadas) que buscan regular la publicidad estatal tras la declaración de inconstitucionalidad de la “Ley Mulder”.  El predictamen de la Comisión de Transportes, presentado en abril pasado, recibió observaciones de los máximos representantes de los medios de comunicación. Una de la principales críticas en el debate de abril fue al artículo 7 del predictamen, donde se señala que las entidades públicas deberán preferir contratar con los medios estatales.

En lo que respecta a la legisladora Aramayo es el segundo proyecto que presenta sobre medios de comunicación. A inicios del 2017 presentó -junto a su colega de bancada, Úrsula Letona- una iniciativa donde planteaba que los condenados e investigados por delitos de corrupción en agravio del Estado no puedan ser directores periodísticos, editores, productores, miembros del directorio, accionistas, gerentes generales o apoderados de un medio; así como la creación de una “veeduría ciudadana” regulada por el Ministerio de Transportes. Ante críticas de diversos sectores, ambas parlamentarias retiraron la iniciativa de ley.