Congreso gastó más de S/120 millones en bonos y aumentos desde el 2021

Este último aumento hace que esa “asignación”, destinada a todos los legisladores, suba de S/ 7.617,20 mensuales a S/ 11 mil. Es decir, es un aumento de S/ 3.382,80 por cada uno de los 130 congresistas.

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Así, el aumento se traduce en un gasto de S/ 439.764 mensuales. Y en total, representará S/ 5′277.168 del presupuesto anual del Congreso. Según el reportaje de Punto Final que dio cuenta de este acuerdo, el incremento de la asignación sería reconocido desde marzo de este año.

Adicionalmente, El Comercio informó este martes que el Legislativo destinó más de S/12 millones para aumentos salariales del Servicio Parlamentario. La cifra es parte de los S/ 50 millones del crédito suplementario aprobado por el Gobierno de Dina Boluarte a favor del Congreso el 29 de marzo.

Ese aumento es parte de un proceso de “revalorización y recategorización” de puestos para el personal del Servicio Parlamentario contratado a plazo indeterminado. Estos cargos son ocupados actualmente por personal que tiene varios años trabajando en el Congreso.

El aumento representa un costo de S/ 12′113.321,71 y beneficiará a 683 servidores, entre auxiliares, técnicos y profesionales (entre ellos los asesores de las comisiones). El desembolso es consecuencia de otro acuerdo de la Mesa Directiva, de noviembre del 2023, que da luz verde al convenio colectivo del Sindicato de Trabajadores del Congreso.

Luego, el Congreso solicitó el dinero al Ejecutivo, como figura en el decreto del crédito suplementario. El Gobierno estimó el monto a desembolsar de acuerdo con la nueva escala remunerativa del Congreso, elevada en un 15% a inicios de año.

Otro informe de El Comercio, publicado en enero de este año, reportó que el actual Parlamento ha entregado cuatro bonificaciones a sus trabajadores. La última de estas también incluyó entre los beneficiarios a los propios congresistas.

Los pagos, que fueron realizados en las administraciones de María del Carmen Alva (Acción Popular), José Williams Zapata (Avanza País), y Alejandro Soto, suman un total de S/108′660.700.

De ese monto, la actual Mesa Directiva autorizó el desembolso de un bono de S/33′976.800. Durante la gestión de José Williams, se dio un total de S/47′341.500 en pagos extra a sus trabajadores; y en la gestión de María del Carmen Alva, fue de S/27′342.400.

A inicios de enero de este año, a través de un comunicado, Alejandro Soto afirmó que “en el presente año 2024 no se entregará ningún bono a ningún estamento laboral”. Lo que vino después, en efecto, no fueron nuevos bonos, sino los aumentos a parte del personal legislativo y a los propios parlamentarios por la referida “asignación de función congresal”.

Un incremento inoportuno

Por José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso

El incremento del monto de la Función Congresal resulta inoportuno por motivos económicos y políticos. 

El artículo 22º inciso f) del Reglamento del Congreso establece que “los congresistas perciben una asignación por el desempeño de la función congresal, la misma que no tiene carácter remunerativo. Dicha asignación no es pensionable ni homologable y está afecta al pago del impuesto a la Renta”. 

Difícilmente una decisión de este calibre se aprueba sin una evaluación del impacto económico y político ante la población, por lo que sería fatal para la institucionalidad del Congreso y de la democracia que se haya aprobado el incremento de la Función Congresal sin tener en cuenta los efectos negativos que se iban a generar ante la opinión pública. 

Las presiones de los parlamentarios por el incremento de sus ingresos son permanentes pero no son de ahora; las he visto en diversas oportunidades, pero también he sido testigo de cómo las Mesas Directivas se han opuesto tajantemente a ello por el carácter impopular de esa medida. 

Los ingresos de los Congresistas deben homologarse con el de los altos funcionarios públicos mediante una ley y tomando en cuenta la precedencia que establece la Constitución. 

Actualmente, los legisladores tienen una remuneración mensual de S/15.600, además de los S/ 7.617,20 por la “asignación de función congresal”. En suma, reciben por mes S/ 23.217,20. Pero con el reciente aumento, el ingreso mensual pasará a ser de S/ 26.600.

A esto también se puede sumar S/ 2.800 de gastos en cada mes que tienen semana de representación (los cuales sí deben ser justificados o pueden ser devueltos), para un total de S/ 29.400. Es decir, los ingresos mensuales pueden llegar a bordear los S/ 30.000.

La actual remuneración mensual de S/ 15.600 para los legisladores fue establecida en agosto del 2006 por la Mesa Directiva, entonces presidida por Mercedes Cabanillas, como parte de unas “políticas de austeridad” establecidas en esa gestión.

En tanto, la “asignación de función congresal” fue aprobada por el pleno del Congreso en octubre del 2008. Ese mes, durante la gestión de Javier Velásquez Quesquén como presidente, la Mesa Directiva fijó el monto en S/ 7.617.20, el cual no se había modificado hasta el actual Congreso.

La asignación tiene como objetivo “facilitar el desempeño de las funciones del congresista” con un dinero que permita “solventar gastos de alojamiento, alimentación, transporte, combustible, atención a sus representados o delegados, entre otros”.

El pago se hace a través de un depósito bancario y no está sujeto a rendición de cuentas. Es decir, los legisladores reciben el dinero para cumplir sus funciones, pero sin la necesidad de tener que justificar en qué lo gastaron

Adicionalmente, los 130 legisladores reciben gratificaciones de S/ 15.600 en julio y diciembre. También se les otorga 48 pasajes anuales (ida y vuelta) vía aérea a cualquier lugar del país y en cualquier aerolínea; seis equipos celulares y un equipo celular para el sistema de votación electrónica. Todo esto según se consiga en la cartilla administrativa entregada a cada parlamentario al inicio de su gestión.

La entrega de bonos y los aumentos se dan en medio de una coyuntura marcada por los casos de ‘mochasueldos’ que rodean el Congreso. Al menos una decena de legisladores han sido acusados o son investigados por recortar sueldos, e incluso bonos y gratificaciones, a trabajadores de sus despachos y/o de las comisiones que presiden.

Algunos casos siguen bajo investigación de la Fiscalía de la Nación, como los de Alejandro Soto o Raúl Doroteo (Acción Popular). Otros ya cuentan con una denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público para levantar la inmunidad de los congresistas implicados, como los de Rosio Torres (APP), Magaly Ruiz (APP), Heidy Juárez (Podemos) o Katy Ugarte (no agrupada).

En solo un caso, el de María Cordero (ex Fuerza Popular), el Congreso ya aprobó levantar la inmunidad a pedido de la fiscalía y suspenderla mientras es procesada ante la Corte Suprema.

Congresistas de Cambio Democrático-JPP presentaron una moción para dejar sin efecto el aumento a 11 mil del pago de asignación por función parlamentaria. Sin embargo, la iniciativa no encontró mayor respaldo en la sesión de este martes de la Junta de Portavoces, según informó la vocera de esa bancada, Sigrid Bazán.

La legisladora dijo que el tema no se sometió a votación para que ingrese a debate en el pleno “porque no se considera materia de discusión del pleno, lo que me parece un error”. “Me sorprende que el actual oficial mayor y la actual gestión de la mesa diga que esto no puede ser discutido por el pleno”, declaró en el Palacio Legislativo.

No obstante, Sigrid Bazán dijo que optará por presentar una “hoja de exoneración” para juntar firmas de voceros de bancadas y que el tema puede ingresar al pleno, que se reunirá este jueves. “Necesitamos más de la mitad de firmas para que el tema se exonere. No hay voluntad política de retroceder. Voy a sacar esta exoneración y ver qué voceros me firman”.

El aumento también ha sido criticado por otros legisladores y líderes de partido con bancadas.

Más temprano, la congresista Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, había dicho a RPP Noticias que el tema iba a ser visto en la Junta de Portavoces. “Ha sido un pedido de los distintos colegas [...] Yo puedo hablar por Rosselli Amuruz y sí, creo que no era necesario”.

Cuestionado por la posibilidad de anular el aumento, Édgar Tello (Bloque Magisterial) respondió que “hay que ver también el presupuesto que hay en los ministerios”. “No se puede mirar solo a un lado”, manifestó a la prensa en el Congreso. De forma similar, Flavio Cruz (Perú Libre) dijo que aún no toman una posición como bancada y aseguró que no sabían sobre el acuerdo.

“No hay ningún tipo de justificación que valga. El Congreso está en la mirada del pueblo con una indagación sobre este tema, pero seamos más amplios: veamos la remuneraciones de los ministros, de Fonafe, la Contraloría, el BCR, la Sunedu, el Tribunal Constitucional, veamos todo [...] No estoy queriendo justificar, quizás no es el momento propicio”, afirmó.

El día anterior, su compañero de bancada Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, había intentado justificar el acuerdo. No obstante, Vladimir Cerrón, líder del partido y actual prófugo de la justicia, dijo este martes vía Twitter que “el aumento debe ser derogado” y que “no está acorde a la moral, la ética y menos a la realidad económica del pueblo”. “Pido a la bancada un voto unánime para revertir el desacierto”.

Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que “sería bueno” que el pleno discuta la posibilidad de dejar sin efecto el aumento. “No puede ser posible que se dé esto a espaldas de los congresistas y finalmente nosotros tenemos que estar respondiendo ante la prensa. Debería ser la Mesa Directiva, el presidente del Congreso, quien salga a responder por esto”.

Eduardo Salhuana, vocero de APP y compañero de bancada del presidente de la Mesa Directiva,dijo que él está a favor de dejar sin efecto el aumento. Sin embargo, también aseguró que los portavoces tenían conocimiento del aumento, que solo se hizo público el último fin de semana a través de la prensa.

“Era un pedido que venía desde el año pasado y que la directiva anterior no lo había tomado en cuenta y ahora se planteó. [Fue] totalmente inoportuno y por eso creo que esa reconsideración debe proceder”, declaró el legislador. El lunes, el líder del APP, César Acuña, declaró que los legisladores de la bancada “deberían renunciar a esa asignación”.