La presidenta Dina Boluarte aseguró que la población es incitada por políticos para protestar contra su gobierno y el Congreso. En el país se han reportado más de 20 muertos en las violentas protestas que se realizan en diversas regiones.
“El país está cansado de más sangre, de más muerte. No me esperaba tremenda violencia provocada por algunos políticos azuzando las calles”, dijo en el programa “Milagros Leiva entrevista”.
Según información de inteligencia policial, hay congresistas de izquierda que estarían facilitando recursos, dinero y logística a operadores del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, y a gremios que cometen vandalismo.
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Los legisladores Guido Bellido (Perú Bicentenario), Guillermo Bermejo, Betssy Chávez (Perú Democrático) y Edgar Tello (Bloque Magisterial), cercanos al vacado expresidente Pedro Castillo, son señalados en reportes policiales como presuntos instigadores de las protestas.
Según Alberto Otárola, primer ministro y ex ministro de Defensa, Bermejo estaría “dirigiendo y conspirando contra el Estado de derecho” .
La presidenta señaló el jueves pasado que la izquierda “está queriendo sacar agua para su molino” a partir del golpe de Estado que dio Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, cuando anunció la disolución ilegal del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la implementación de un gobierno de excepción.
Boluarte señaló que la izquierda “está cometiendo un grave error” al hacer política “de esa manera, generando caos [y] destrozos”.
La jefa del Estado añadió que la ola de protestas que se registran en diversas regiones no se gestó “de la noche a la mañana”, sino que hubo una planificación previa. Por ello -dijo- su gobierno declaró estado de emergencia a nivel nacional por 30 días.
La semana pasada, más de 30 camionetas pick-up llegaron a Lima provenientes del Vraem para sumarse a las manifestaciones en la capital.
Luego de revisar a los ocupantes, la policía descubrió armas punzocortantes y hondas. Además, detuvo a Pedro Araujo Ñaña, un requisitoriado por tráfico ilícito de drogas.
Araujo señaló que participaba en la marcha porque dirigentes del Vraem financiaron el transporte y los alimentos que serían empleados durante el tiempo que durasen las protestas.
Además, Boluarte recordó que el pasado 12 de diciembre, decenas de manifestantes tomaron el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón, en la región Arequipa; luego, el 16 de diciembre, vándalos atacaron la comisaría de Huamanga, Ayacucho.
“Todo era casi como un dominó, y si no se tomaban las medidas necesarias, ahora el Perú estaría ardiendo como Troya”, aseveró.
Boluarte llamó a los “líderes políticos que están utilizando un mensaje negativo” a detener la difusión de discursos falsos.
Según la presidenta, hay actores políticos que informan en diversas regiones que ella dio un golpe de Estado a Castillo.
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Boluarte reiteró que no usurpó el poder, como reclama el vacado expresidente Castillo desde el penal de Barbadillo, donde cumple 18 meses de prisión preventiva. “No soy ninguna traidora ni usurpadora, siempre aposté porque culminara su mandato de cinco años”, dijo.
La jefa de Estado añadió que el tiempo que estuvo al lado del golpista “fue en vano”.
Según añadió, su gobierno “de transición” busca garantizar la democracia y unas elecciones idóneas.
Recientemente, el Ejecutivo propuso al Congreso adelantar las elecciones generales para el 2024.
Tras idas y vueltas, el pleno del Parlamento aprobó que los comicios generales se realicen en abril del 2024, en lugar del 2026. Aún falta unasegunda votación para ratificar esta decisión.
Boluarte informó anoche que mostró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “todo el abanico de la violencia que se ha suscitado” en el país. “[La comisión] está acá a iniciativa nuestra [...] Ellos mismos se han sentido asombrados y horrorizados con tremenda violencia”, añadió.
La presidenta se reunió con la CIDH el martes pasado para explicar las medidas implementadas por su gestión ante la creciente convulsión social.
También se reunió ayer con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en Palacio de Gobierno y con representantes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú.
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