Consejo de Ministros sale en defensa de Nicanor Boluarte y emite pronunciamiento contra allanamiento ejecutado por la fiscalía

El Consejo de Ministros en pleno salió en defensa de Nicanor Boluarte y, desde Palacio de Gobierno, emitió un pronunciamiento para rechazar el allanamiento del Ministerio Público a la vivienda del hermano de la presidenta Dina Boluarte. Según los voceros del Ejecutivo, se busca “desestabilizar, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política”.

El pronunciamiento fue leído por el jefe del Gabinete, Eduardo Arana, quien estuvo acompañado por 15 ministros de Estado. Remarcó que la medida de la fiscalía es “agraviante del orden constitucional” y “afecta la gobernabilidad y la democracia en nuestro país”.

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“El Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público, que con estas acciones se está poniendo del lado del desgobierno, en contra de la Constitución, la democracia, del estado de derecho y de la institucionalidad, situación que como peruanos no debemos permitir”, enfatizó.

Afirmó que en la medida, solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial, además de similares acciones “tomadas desmedidamente” contra ministros, políticos y ciudadanos, se advierte un “uso desproporcionado de una medida excepcional, lo que trae consigo afectación a derechos fundamentales amparados por la Constitución”.

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“Asimismo, luego de emitida la resolución del Tribunal Constitucional que interpreta el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, se ejecutan este tipo de acciones que solo buscan desestabilizar, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política que hace mucho daño a la institucionalidad y que permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y a sus familias”, expresó.

Precisó que en la aplicación de estas medidas excepcionales que restringen derechos y libertades de los ciudadanos se muestran “errores jurídicos inaceptables”, como la utilización de “figuras inexistentes en nuestro ordenamiento”, como es el caso del denominado “tercero vinculado”.

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Arana también remarcó que el derecho a la inviolabilidad de domicilio se encuentra protegido por la Constitución Política del Perú y por nuestro Código Penal, como en numerosos países, y dijo que su vulneración “afecta directamente la intimidad y la seguridad de las personas”.

“El allanamiento como acto procesal que faculta el ingreso forzoso y legítimo a un inmueble constituye una excepción a dicho derecho fundamental”, acotó.

El caso

Este miércoles 27 de agosto la fiscalía realizó un nuevo allanamiento en el domicilio del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, como parte de una nueva investigación en su contra por presuntos actos de corrupción que lo involucran.

Personal del Ministerio Público llegó poco antes de las 6 a.m. al domicilio en un operativo que se está realizando en diversos distritos que, según el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, es parte de un nuevo caso por el cual no han sido notificados.

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Boluarte Zegarra es vinculado a uno de los cuatro hechos presuntamente ilícitos que habrían sido perpetrados por una supuesta organización criminal que lideraría el ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Según la fiscalía, Santiváñez sería el “hombre clave” y, en su condición de ex ministro del Interior, habría reunido a un grupo de personas, entre ellas diversos abogados con la finalidad de que apoyen presuntos actos irregulares.

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Por ello, el Ministerio Público solicitó también el allanamiento a la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial que dirigía Santiváñez, pero este extremo del requerimiento fiscal fue rechazado por el Poder Judicial (PJ).

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