Gobierno designa a funcionario responsable de clasificar información de la PCM: quién es y por qué su rol es clave

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, designó a un funcionario de la entidad como el responsable de clasificar la información “de carácter secreta y reservada”, en medio de reiteradas negativas del Ejecutivo a transparentar información pública, como los informes sobre el trámite seguido para el incremento del sueldo de la jefa del Estado, Dina Boluarte.

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En la Resolución Ministerial N°131-2025-PCM, publicada este jueves en las Normas Legales del diario oficial El Peruano, se indicó que “se ha visto por conveniente” designar al jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional “como responsable de clasificar la información de carácter secreta y reservada identificada en la Presidencia del Consejo de Ministros, así como desclasificar dicha información”.

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Aunque no se menciona su nombre en el dispositivo legal, este encargo clave recae ahora en el coronel EP (r) Augusto César Castillo Roca, un especialista en seguridad e inteligencia estratégica y que está a cargo de esta oficina desde el pasado 15 de marzo del 2024, pocos días después de que Gustavo Adrianzén asumiera como jefe del Gabinete Ministerial.

La resolución suscrita por Arana usa como base la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento, el cual señala que es obligación de la máxima autoridad de la entidad el clasificar y registrar la información de carácter secreta “y/o designar a los funcionarios encargados de tal clasificación y registro”. Es este caso, Arana optó por lo segundo.

Augusto César Castillo Roca fue pasado a la situación de retiro en el Ejército a partir de enero de 2023 por causal de renovación, tras más de 30 años de servicio a la institución militar. Según su hoja de vida, es especialista en seguridad, defensa y desarrollo nacional, así como en inteligencia estratégica. También es licenciado y doctor en educación y cuenta con una maestría en sociología.

Tras ser pasado a la situación de retiro —aún en la era de Pedro Castillo—, Castillo Roca fue designado en febrero de 2023 como consultor FAG en la PCM. Específicamente, en la secretaría general. Y ocupó dicho cargo hasta la mitad de marzo del 2024, para luego pasar a asumir como jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional.

Esta oficina, jerárquicamente, responde a la secretaría general de la PCM y se encarga, entre otros, de brindar asesoramiento a la alta dirección respecto al planeamiento, ejecución y supervisión de estrategias y acciones relacionadas con la seguridad y defensa nacional.

Roberto Pereira, abogado y asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), explicó que se trata de “un encargo clave” pues, en la práctica, es el funcionario que va a decir qué información se entrega al público y qué se excluye.

“Tiene que ser una persona con un muy buen criterio, con un talante y una formación democrática que apueste por la transparencia y que, excepcionalmente, clasifica la información como reservada o secreta. Porque eso es lo que manda el principio de transparencia de un Estado Constitucional: la excepción es la reserva y la regla es la transparencia”, remarcó Pereira a El Comercio.

Explicó que si bien es factible que esta responsabilidad sea delegada según el marco normativo, también llama la atención que ocurra en un contexto en donde justamente se cuestiona al Ejecutivo por su negativa a entregar información, lo que amerita un especial seguimiento a las decisiones que se tomen desde su espacio.

Detalló que, en esencia, serán dos sus funciones fundamentales. La primera, clasificar antes de que ingrese un pedido de información pública la información cuya divulgación considere que puede generar un perjuicio a la seguridad nacional o al orden interno. La segunda, es que al momento de que alguien ingrese una solicitud, puede emitir informes diciendo que lo requerido afecta la seguridad y por ende no sea entregado.

“Es decir, este señor va a decidir al interior de la presidencia del Consejo de Ministros qué información, sea porque lo la clasifique previamente o sea porque la clasifique a propósito de cada pedido, no puede ser entregada”, remarcó Pereira.

El 21 de mayo, El Comercio reportó que la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas se negaron a entregar los informes que dieron origen al trámite para el incremento del sueldo de la jefa del Estado. El último jueves, este Diario dio a conocer que el Despacho Presidencial se volvió a negar a entregar los informes, esta vez haciendo un análisis “político” y “social” donde ataca a la prensa para argumentar su decisión.

Al respecto, Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil de Transparencia, remarcó que el Ejecutivo “no puede escudarse” en este tipo de análisis para negar el acceso a información pública ni mucho menos evaluar un trámite en función a quién lo solicita, lo que contraviene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Además, la designación de un funcionario específico para clasificar información se alinea con el propósito de controlar la información que se hace pública como establece la ley, al introducir un filtro adicional a las solicitudes presentadas. Es una práctica que corresponde más a regímenes autoritarios que a democráticos”, expresó Henzler a El Comercio.

Agregó que esta respuesta “se encuentra dentro de un patrón recurrente de animadversión y hostilidad” de parte del gobierno de la presidenta Boluarte “hacia el escrutinio público y la vigilancia ciudadana, que alimenta un preocupante retroceso en la libertad de prensa en el Perú, elemento central de una democracia plena”.

“Y a portas de un complejo proceso electoral, la opacidad gubernamental exacerba la insatisfacción ciudadana con la democracia, aumentando la posibilidad de que candidaturas radicales y populistas tengan éxito electoral. Están construyendo rutinas y normas cada vez más alejadas de una saludable cultura democrática”, subrayó Henzler.