Congreso aprueba amnistía para miembros de las FF.AA. y la PNP: los detalles y el impacto

El pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictamen que otorga una amnistía a los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo, entre el período 1980-2000.

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El texto fue aprobado por 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.

El martes por la mañana y tras un acalorado debate, la Comisión de Constitución había aprobado la fórmula legal con 15 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones.

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El dictamen cuenta únicamente con dos artículos. En el primero se plantea la medida para aquellos miembros de las fuerzas del orden y de los comités de autodefensa “que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados” por su participación en la lucha contra el terrorismo en el período 1980-2000. Es decir, que tendría efectos en los procesos en curso, sin sentencia.

En el segundo, “se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de 70 años miembros de las FF.AA. y de PNP, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, ”que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada o se encuentren en trámite de ejecución de sentencia, con pena efectiva o suspendida". Esto siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo, ni por corrupción de funcionarios. (El texto inicial planteaba 80 años).

Así votaron los congresistas. El tablero electrónico marca las 11:51 p.m. del miércoles 11 de junio:

Lee aquí el texto sustitutorio ingresado a las 23:44 horas del miércoles y aprobado por el Pleno:

La propuesta deviene de un proyecto de ley presentado —en abril del año pasado— por el legislador Jorge Montoya (Honor y Democracia), siendo respaldado en el grupo de trabajo con los votos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular.

Durante el debate en la Comisión de Constitución, el presidente de ese grupo de trabajo, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), aseguró que la propuesta “no implica ni representa ninguna impunidad”. Y dijo que, por el contrario, responde a una necesidad de “reparar” a quienes defendieron el orden constitucional y la democracia “en uno de los períodos más trágicos y dolorosos” del país.

“Hoy, 25 años después, existen cientos de militares y policías, en realidad, son más de 1.000 procesados o investigados sin sentencia firme, muchos de ellos con condiciones de salud y económicas precarias. Permanecen atrapados en un limbo judicial que no resuelve su situación jurídica ni permite a sus familias reconstruir sus vidas. Esta situación no es compatible con un Estado democrático”, expresó.

Rospigliosi también indicó que la prolongación de los procesos “se ha convertido en una forma de castigo sin sentencia, en una pena anticipada, injusta e inconstitucional”.

“En este contexto, la amnistía se presenta como una herramienta jurídica válida para restaurar el equilibrio quebrado, restituir el derecho al plazo razonable y poner fin a una persecución penal que ha dejado de ser compatible con la justicia”, subrayó.

Respecto a la amnistía para los condenados mayores de 80 años, aseguró que esta propuesta se sustenta en el principio humanitario de protección de la dignidad y los derechos humanos de las personas en la etapa avanzada. [Actualización: durante su debate en el pleno Rospigliosi anunció una modificación en la propuesta, precisando que se concederá amnistía de “carácter humanitario” a los adultos mayores de 70 años].

Este es el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución:

Por su parte, el parlamentario Jorge Montoya (Honor y Democracia), autor de la iniciativa, aseguró que la propuesta “busca terminar con la persecución judicial que por décadas sufren quienes salieron a combatir al terrorismo”.

“Se busca establecer un marco de garantías para quienes salieron en defensa del orden constitucional y el sistema democrático, quienes no pueden permanecer de por vida con la amenaza de la persecución penal o sometidos a investigaciones o procesos interminables, carentes de racionalidad y justicia”, afirmó.

En su alocución, Montoya también aseguró que son 1.092 los miembros de las Fuerzas Armadas tanto con investigación preliminar o preparatoria, así como en etapa intermedia, de juicio oral y con recursos de nulidad. Y que hay solo 38 sentencias ejecutoriadas. “Esto significa que la persecución está evidenciada en números”, aseveró.

LEE AQUÍ EL DICTAMEN COMPLETO APROBADO:

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) indicó que “lo que se propone no es perdonar las penas de aquellos que cometieron exceso y, por lo cual, han sido sentenciados”; sino que se trata de “aquellos denunciados, investigados, [y que] hasta el día de hoy no se encuentra ninguna prueba contra ellos”.

“Un juicio de 25, 30 años, no nos engañemos ya no es una investigación judicial, eso es persecución política pura y dura. Y hasta el día de hoy se sigue cometiendo esas injusticias. Por eso, sin miedo, sin temor, apoyaremos este proyecto”, expresó Muñante.

A favor de la propuesta se expresaron también legisladores como José Williams (Avanza País), Alfredo Azurín (Somos Perú), Martha Moyano (Fuerza Popular), entre otros.

“Sin miedo y sin temor, hay que señalar que esta ley es una ley de impunidad”, respondió, por su parte, el congresista Jaime Quito (Bancada Socialista). A su juicio, lo que en realidad se busca con la fórmula es “reescribir la historia”, “señalando como héroes a aquellos que sistemáticamente violaron los derechos humanos en nuestro país”.

En ese sentido, también se pronunció su colega de bancada Alex Flores (BS), quien remarcó que la propuesta “es inconstitucional, es ilegal, va en contra de la jurisprudencia en materia de derechos humanos a nivel internacional y, además, es inmoral y antiético”.

“Pretender impunidad para los responsables, de asesinos de gente inocente, no es de democracia, no es de una sociedad civilizada. Tiene que quedar claro que no estamos hablando de los miembros de las fuerzas armadas y la policía que en cumplimiento de su deber hicieron uso legítimo de la violencia que le faculta el Estado. Estamos hablando de excesos, de situaciones extrajudiciales que claramente están documentadas por la historia”, insistió Flores.

La congresista Ruth Luque también cuestionó la fórmula (Bloque Democrático Popular). Tras la discusión, el tema fue llevado al voto, siendo aprobado sin mayores modificaciones.

En el dictamen, se consigna que se pidieron opiniones institucionales a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y del Interior, así como a la Defensoría del Pueblo. En el caso de esta última, emitió inicialmente una “opinión desfavorable”.

Sin embargo, en una mesa técnica del 21 de abril, se tuvo una nueva opinión institucional “en sentido favorable”.

En esta mesa, también se mostraron a favor del texto los representantes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa que acudieron a la cita. La representante del Ministerio Público consideró que el tema era inviable jurídicamente.

Más allá del fondo, especialistas en derecho constitucional consultados por El Comercio cuestionaron la fórmula e incidieron en que esta corre el riesgo de caerse (si es que es ratificada en el pleno), ya sea a nivel del Tribunal Constitucional o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Sobre todo, se cuestiona la generalidad de la norma, que no especifica casos concretos.

“Es absolutamente inviable”, remarcó el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. Incidió en que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hace más de 25 años ha dejado zanjado que “no existen las amnistías generalizadas, bajo ningún pretexto”.

“Lo que ha dicho la corte es que la amnistía no puede funcionar de manera generalizada, porque viola el derecho a la verdad que está subyacente en el artículo 8 del Pacto San José. Por lo tanto, esa ley no tiene ninguna viabilidad y, si se hiciera ley, sería fulminada por el Tribunal Constitucional. Y, si no fuera fulminada por el tribunal, va a ser fulminada por la Corte Interamericana”, remarcó Quiroga.

Respecto al artículo que amnistía a mayores de 80 años, Quiroga también indicó que “es absolutamente inconstitucional” pues “una amnistía no puede quitar las cosas juzgadas”. “Si ya fueron juzgados, fueron sentenciados y fueron hallados responsables, no puede luego una amnistía decir que no son responsables. Es cambiar el estatus jurídico de la realidad. No tiene ninguna viabilidad”, aseveró.

Similar postura tuvo el abogado constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez. A su juicio, en ambos casos de sentenciados y procesados podría operar una comisión ad hoc —como la que encabezó el sacerdote Hubert Lanssiers— que pueda abordar de manera individual y distinguirlos. Pero se mostró en contra de que se aborde esta situación de manera genérica.

“¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que si sale una ley imperfecta, esta ley va a ser fácilmente atacada en el Tribunal Constitucional. Y si no lo fuese así, por la Corte Interamericana, porque se considera que las leyes de amnistía, así dadas de una manera genérica, abierta, son proclives a garantizar la impunidad. Y eso no puede darse en una sede de protección a los derechos humanos”, aseveró.

En la misma línea se pronunció el exmagistrado del TC, Óscar Urviola, quien remarcó que ya existe antecedentes a nivel de la Corte IDH en contra de situaciones similares.

Cuestionó los largos procesos en contra de miembros de las fuerzas del orden que no llegan a sentencias firmes, lo que es -remarcó- una afectación a los derechos fundamentales.

“El camino va por, en todo caso, buscar formas para que el Poder Judicial pueda de una vez cerrar estos casos con sentencias o condenatorias o exculpatorias, por lo que se trata en este tipo de delitos es llegar a la verdad”, puntualizó.