El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República un proyecto para aprobar una nueva Ley de Contrataciones del Estado, la cual busca, de acuerdo con la sustentación de la propuesta, unificar y mejorar la gestión de adquisiciones estatales hechas por el régimen de la contratación pública.
Además, la propuesta contempla establecer un régimen de contratación pública unificado, incluyendo un este aquellos regímenes especiales de contratación vigentes actualmente.
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Según la información de Andina, la iniciativa busca también incluir en las contrataciones del Estado los principios de colaboración, innovación y valor por dinero. El segundo de los mencionados habilita a las entidades contratantes a impulsar la generación de soluciones y crear o desarrollar bienes, servicios u obras innovadoras.
El valor del dinero, a su vez, es un principio que llevará a las entidades estatales a maximizar el valor que obtienen en cada contratación, sobre todo en lo que respecta a eficiencia, eficacia y economía.
De igual forma, se plantea en el proyecto de ley incorporar a los procesos de contratación la gestión de riesgos, señalando que las entidades contratantes deben identificar estos, basándose en prácticas como el análisis y el monitoreo. También se propone promover la integridad en las compras públicas, recalcando la importancia de mantener una buena conducta funcional.
Asimismo, se busca fortalecer el rol supervisor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), acompañando a la entidad pública contratante en la mejora de su gestión, aplicando medidas correctivas, validando procesos en curso o suspendiendo estos.
De aprobarse este proyecto, la OSCE también pasaría a administrar el listado de profesionales no elegibles para formar parte de los equipos técnicos propuestos por los proveedores del Estado. Esta relación la conforman quienes han incurrido en infracciones específicas.
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El Ejecutivo considera que es necesario contar con este nuevo marco legal, toda vez que se vienen registrando bajos niveles de competencia en los procedimientos de selección de postores para licitaciones. Así, en 2022, se registraron entre cuatro y menos de tres postulantes en diversos concursos.
Asimismo, se ha detectado que existe una tardía o inoportuna atención de las necesidades del Estado al convocar a estas licitaciones y contrataciones. Así, la fase del proceso de contratación correspondiente a las actuaciones preparatorias es la que mayor tiempo le viene tomando desarrollar a las entidades públicas, generando demoras considerables.
De igual forma, se constataron deficientes niveles de ejecución y paralización en diversas obras correspondientes a los tres niveles de gobierno. Estas implican proyectos de mejoramiento de servicios educativos y de agua potable y alcantarillado, así como la construcción de pistas, veredas y caminos vecinales.
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Otra causa que motivó a la presentación del proyecto de ley es la precaria gestión de riesgos en la contratación púbica y la ausencia de mecanismos para prevenir actos de corrupción. Así, el Ejecutivo indica que en 2021 las deficiencias llegaron a 29.2% mientras que los proveedores que fueron sancionados por irregularidades en ese año sumaron 3016.
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