“No se ha convertido en comisión investigadora” me dice Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular, sobre la Comisión de Fiscalización. Esto quiere decir que el grupo no tiene facultad para reclamar por la fuerza la presencia de Dina Boluarte u otros peces gordos, ni ‘deadline’ para presentar un informe contundente. Le digo a Ventura que quizá a él, que ha sido presidente de la comisión y hoy es miembro titular, le entusiasme la pesquisa; pero que presumo que ni a su bancada ni a las otras que componen el llamado ‘Bloque País’ les interesa hurgar en las cuitas de Dina, pues lo que buscan es sostenerla hasta el 2026. Ventura ensaya una respuesta sobre un interés de la bancada fujimorista en ‘aportar estabilidad y gobernabilidad’, pero que Dina debe ‘colaborar con las investigaciones’.
También conversé con Eduardo Salhuana, portavoz de Alianza Para el Progreso (APP) y me dijo que lamentaba el largo silencio oficial que hubo sobre los Rolex, pero “hay que reconocer que es positivo que la presidenta haya dado por fin una versión”. El más experimentado en un parlamento de novatos (fue ministro de Justicia y congresista en dos periodos), reprime cualquier comentario irónico o incrédulo sobre el ‘préstamo’ de tres relojes Rolex admitidos por la prestataria Boluarte y por el prestamista Wilfredo Oscorima, a través de su abogado Humberto Abanto. En este par de diálogos se expresa la fórmula del ‘status quo’: la mayoría congresal recrimina a Dina por los escándalos que hagan peligrar el plazo establecido hasta el 2026 de su extraordinaria temporada de caza legislativa, sin observaciones del Ejecutivo que lo lleven a plantear acciones de inconstitucionalidad ante el TC, ni cuestiones de confianza, ni otros frenos.
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El carpe diem parlamentario hubiera sido impensable en el anterior ciclo de poderes confrontados. Hoy hasta la oposición de Perú Libre y Cambio Democrático, izquierda progresista y conservadora hermanadas en mociones de vacancia ‘cumplidoras’, pareciera respaldar ese status quo con su desgano fiscalizador. No hay congresistas que usen ingeniosamente sus poderes fiscalizadores para reclamar información sensible, para dar pistas a la prensa. A lo sumo, presentan denuncias ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que, según me dijo su presidenta Lady Camones, tiene una carga procesal de alrededor de 480 denuncias contra altos funcionarios, incluyendo dos contra Dina. Ya se archivaron las que tuvo respecto de su presunto trabajo ilegal, siendo ministra, para el Club Apurímac. Aquella vez, la SAC tuvo un informe exculpatorio, y eso le permitió a Dina asumir el mando el 7 de diciembre del 2022. Valga este antecedente que muestra cómo, antes de que asuma el mando, su entonces abogado Alberto Otárola ya había conseguido una correlación parlamentaria a su favor.
Actualmente, está en la SAC la denuncia que hizo la ex fiscal de la nación, Patricia Benavides, por la presunta responsabilidad de Boluarte en las muertes durante las protestas de diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023. Hay otra, fresquita, del Caso Rolex, planteada por el congresista Elías Varas de Perú Bicentenario. Pero no es en la SAC, a menos que esta decidiera promover el debate de si puede procesar a la presidenta, donde está el frente caliente para Dina.
La fiscalía, nadie la para
La trampa mortal para Boluarte está en una fiscalía de la nación que la investiga con la mezcla de firmeza e ingenuidad del fiscal Juan Carlos Villena, novato en las lides de la alta política judicializada. Villena juró como supremo el 14 de junio del 2022, el mismo día que Patricia Benavides, pero se mantuvo ajeno a los casos polémicos que primero catapultaron y luego sepultaron a su colega. No tiene antecedentes de cuidado, pero menciono uno para sacarles una sonrisa: fue amonestado porque los empleados de una sede provincial a su cargo, lo sorprendieron con un agasajo con mariachis por su cumpleaños y él suspendió las labores.
Juan Carlos Villena se tragó el sapo de que Dina Boluarte no concurriera a la primera citación que le hizo para el 27 de marzo. En la víspera, su abogado Mateo Castañeda pidió reprogramación de la cita y su solicitud fue atendida. Pero, paralelo a ella, el juez dio una orden de ‘exhibición de información’ que no fue reprogramada y la fiscalía acudió en la fecha anunciada, por las puras. Dina Boluarte creyó que había pateado el problema hasta después de la semana santa, tras la cual nos distraeríamos con el cambio de ministros y la investidura de Gustavo Adrianzén. Pero la FN tenía otro cálculo y otros apremios. Entre la noche del viernes santo y la madrugada del sábado de gloria, un combazo contra la puerta de su residencia, hizo ver a Dina Boluarte que nos debía, por lo menos, una narrativa. Que la peregrina idea de que otras noticias podían hacer olvidar a los Rolex, se estrellaba contra la realidad.
Descartada la confesión del regalo, pues comprometía a Dina Boluarte de lleno en el delito de enriquecimiento ilícito y a Wilfredo Oscorima como su instigador; surgió la idea del préstamo. No sabemos si fue Werner Salcedo, el gobernador de Cusco, quien dio involuntariamente la idea: según el propio relato de este y el de Wilfredo Oscorima a través de Humbero Abanto, el ‘préstamo’ fue espontáneo, en una reunión en la que el ayacuchano vio al otro sin reloj y decidió prestarle el Rolex que llevaba puesto, por puro horror a la muñeca vacía. Hasta ahora no se encontrado una razón –proyecto común, presupuesto compartido, gestión clave- que haga a Salcedo objeto de interés non sancto para Oscorima. Podría ser ese relato de Salcedo el que inspiró el de Dina Boluarte y que obligó a Oscorima a guardar silencio en su declaración fiscal del jueves 4, para no ‘spoilear’ la que Dina haría el viernes 5 ante el FN y poco después hizo pública en un pronunciamiento. Hagamos notar que, en ese interin, Alberto Otárola tiene una visita registrada a Palacio, por lo que no se descarta que haya contribuido con la narrativa, por lo menos a darle un vistazo.
Durante ese día 5 de abril hubo un ajuste indispensable al relato. Si el préstamo ya era difícil de digerir, al menos era mejor que el silencio. Pero lo que resultaba peor que el silencio e imposible de tragar era el ‘préstamo’ de un reloj comprado en la cercanía del cumpleaños. Abanto tuvo que hacer la curaduría dramatúrgica. Lo entrevisté esa noche en RPP y me dijo que ese reloj sí fue comprado como regalo pero que la presidenta no quiso aceptarlo sino como prestado. No había sido revelado, en ese momento, algo aún más difícil de tragar. Según “La Encerrona” y “Cuarto Poder”, así como la compra del Rolex de mujer del 31 de mayo del 2023 coincide con una visita de Oscorima a Palacio; la compra posterior, el 25 de julio del 2023, de una pulsera Bangle, coincide con otra visita y con un dato contundente: ese día se publicó el DU que otorgó S/. 321 millones a la región Ayacucho.
Guantes o combazos
El fiscal Villena tiene un caso que va engordando cada día mientras se adelgaza la narrativa del préstamo. La denuncia que contra él ha hecho un grupo de congresistas que son sus denunciados no ha sido recibida con entusiasmo por la SAC. Es más, hay varias voces de congresistas y bancadas que dicen que no apoyarán ese afán, como si hubieran puesto una raya que los diferencie de ‘Niños’, ‘mochasueldos’ y especies afines. Los fiscales encargados del caso por Juan Carlos Villena, en especial el adjunto supremo Hernán Mendoza, tienen la consigna de no dejarse mecer, de allanar e incautar. Los relojes y la pulsera que llevó Humbero Abanto para mostrar en una diligencia el jueves pasado, fueron incautados a pesar de que Oscorima, en ese momento, no era investigado sino testigo del caso. El argumento técnico podemos presumir que está en la necesidad de que relojeros y joyeros expertos revisen la data y los rasgos que identifica a cada objeto.
El argumento político tras la firmeza de Juan Carlos Villena puede ser un combo de factores: miedo a que se perciba lenidad u omisión ante Dina Boluarte, que podría costarle una defenestración en el Congreso como la que padeció Zoraida Ávalos acusada políticamente de no haber sido severa con Pedro Castillo y con Martín Vizcarra. El otro factor, indisociable del miedo o cautela profesional, es la presunción de que los políticos judicializados van a replicar, por simple acción/reacción, acusando la politización de la justicia y lanzando al fiscal etiquetas de ‘caviar’ o ‘fujimorista’, según el color del imputado. Por eso, un FN que persigue a sus enemigos declarados y a los enemigos de sus enemigos, tiene más chance de sobrevivir en la jungla. Por supuesto, no faltará quien diga que unos persigue con guantes y a otros a combazos. A una presidenta débil e impopular, le tocan los combazos.
Una coda para que la presidenta no se distraiga: el Poder Judicial lanzó el viernes 12, en un post en X, una campaña contra la corrupción de funcionarios, con este encabezado: “No importa si el beneficio es de un sol o cien mil soles, basta que el funcionario reciba el donativo y condicione o modifique su conducta derivada de su cargo”. En la gráfica que acompaña al texto, un funcionario recibe un regalo empaquetado con un coqueto pompón. Dentro, pudiera caber un reloj o una pulsera. No sabemos si es una coincidencia o un mensaje subliminal; pero conste, según cuenta oficial del PJ, que siempre debe haber un juez dispuesto a aceptarlos pedidos de los fiscales que persiguen a los funcionarios que reciben dádivas. Dina la tiene difícil.