Inicia juicio a Keiko Fujimori: la historia del Caso Cocteles y las claves de la etapa final del proceso

El juicio esta a cargo del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE). El tribunal está conformado por los jueces Juana Caballero García (presidenta), Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias. Uno de ellos será sorteado como director de debates, quien liderará las sesiones y, más adelante, elaborará el proyecto de sentencia.

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Sin embargo, antes de escuchar los argumentos de las partes y de que comiencen a evaluarse las pruebas, se espera que la primera sesión este centrada en el debate sobre si el juicio inicia o no. Varias de las defensas, entre ellas de la Keiko Fujimori, han presentado recursos que tendrían como consecuencia que el juicio no se instale o que el caso retroceda a la etapa previa, el control de acusación.

En caso el tribunal decida instalar el juicio, la fiscalía podrá hacer sus alegatos iniciales, donde deberá resumir su acusación y las penas solicitados contra todos los acusados. Luego vendrán los alegatos de la procuraduría de lavado de activos y de todas las defensas. Recién luego de todo ello comenzarán los interrogatorios a los testigos y la evaluación de las pruebas.

En diálogo con El Comercio, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, cuestionó tanto el fondo como la forma de la acusación fiscal. Dijo que se presentó tras un cierre abrupto de la investigación en marzo del 2021, “en plena campaña electoral” y con diligencias pendientes.

Para la defensa, ello derivó en un desorden en el desarrollo del caso durante el control de acusación, en el que el juzgado devolvió el requerimiento a la fiscalía en múltiples ocasiones. También en defectos en el posterior auto de enjuiciamiento, el documento con que el Poder Judicial ordenó que el caso pase a juicio en diciembre del 2023.

“Hemos deducido su nulidad porque consideramos que también es defectuoso. Está con imprecisiones de hechos, no cumple los presupuestos para los medios de prueba, se han aceptado medios de prueba extemporáneos” comentó.

Si el Poder Judicial les da la razón en el inicio del juicio, ello resultaría en que el juicio no se instale, que el caso retroceda a la etapa de control de acusación y que se tenga que emitir un nuevo auto de enjuiciamiento. “Nos respondieron y nos precisaron que esa es una de las primeras cosas que se van a ver”, indicó.

También dijo que recién el 17 de junio se terminó de notificar el expediente judicial a las defensas. “Son 785 tomos, con 500 hojas cada tomo. Hay más de 1,300 páginas que no están. Hay casi 100 páginas ilegibles. Ayer el juzgado nos notificó dándonos la razón. Han dispuesto que se complete. Pese a ello, la fecha se mantiene”.

No obstante, la abogada aseguró que su defendida sí se presentará a la audiencia de instalación del juicio. “Vamos a ir. Keiko está tranquila, está lista para estar presente en esta audiencia. Lo único que reclamamos es que si vamos a empezar una etapa tan importante y crucial para el proceso, a fin de evitar futuras nulidades, que se haga de manera correcta”.

Sobre el fondo de la acusación, Loza afirmó que la propia fiscalía sostiene que los aportes de empresarios peruanos son “de fuente lícita”. “El supuesto aporte que hizo Rasmuss, que hizo el señor Romero, en la tesis del Ministerio Público, no tiene matiz de ilícito. No se puede lavar dinero si el dinero es de fuente lícita. Yo no veo cómo van a poder probar [el lavado]”

Respecto al presunto aporte de Odebrecht, la abogada afirmó que el mismo Jorge Barata declaró que “no le consta que el dinero hubiera ingresado al partido”. “Si lo que se reclama es una supuesta simulación de aportantes, se está hablando de un tema administrativo, no de un delito de lavado de activos”.

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También afirmó que las pericias de la fiscalía no lograron determinar una ruta del dinero desde Brasil hacia Fuerza Popular, ni que el dinero de los aportes fueran a parar al patrimonio de Keiko Fujijmori o que tuvieran un desbalance patrimonial.

Respecto a lo que se viene en el juicio, indicó que temas como el uso de las declaraciones de testigos brasileños se resolverán a medida que avance el juicio. Sin embargo, comentó que la justicia brasileña “ya ordenó” que exejecutivos como Marcelo Odebrecht y Jorge Barata no declaren en este juicio.

Loza también recordó que han pedido al Ministerio Público la exclusión del proceso del fiscal José Domingo Pérez. El pedido se vincula también con los dichos de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, que derivaron en una investigación fiscal a Pérez. Si bien la solicitud fue rechazada a nivel de su fiscalía superior, indicó que el pedido está en trámite ahora ante una fiscalía suprema. “No estamos ante un fiscal objetivo”, afirmó.

La abogada estimó que el juicio duraría como mínimo dos años, teniendo en cuenta el antecedente del juicio a Ollanta Humalal, que es un caso similar, aunque con menor número de acusados. “Lo único que reclamamos es que las cosas se hagan de manera correcta. Keiko va a estar ahí presente, más allá de que, como defensa, tenemos que cautelar que no se vulneren sus derechos”.

Finalmente, evitó opinar sobre los jueces que integran el colegiado a cargo del juicio. “Lo único que reclamamos, de manera muy respetuosa, es que las audiencias se conduzcan bajo un criterio de imparcialidad, de un respeto debido a los derechos de ambas partes, que se garantice la igualdad de armas”.

Eso sí, dijo esperar que lo mediático del juicio “no influya de manera negativa”. “Esperamos, sinceramente, que esta influencia no genere un ‘juicio paralelo’, ‘juicio mediático’, donde tengamos jueces que pudieran sentirse presionados ante una decisión”.

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, acusa a la lideresa de Fuerza Popular de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por ello, pide 30 años y 10 meses de condena, así como 15 años y 5 meses de inhabilitación. La defensa rechaza todos los extremos de la acusación y cuestiona la forma en que el caso llegó a esta fase.

En tanto, la Procuraduría contra el lavado de activos plantea una reparación civil toal de S/ 151′063,509.84.

Para el juicio, la fiscalía tiene una lista de 1,031 testigos; mientras que la defensa de Keiko Fujimori tiene 91. Las pruebas documentales también se cuentan por los miles. Por ello, se prevé que será un juicio largo y complejo, cuya velocidad final dependerá de la frecuencia con que el juzgado realice las audiencias. Por ahora, se han programado sesiones para este lunes y para este martes.

A través del juzgamiento, finalmente se establecerá -al menos en primera instancia- si la lideresa de Fuerza Popular es culpable o inocente de estas acusaciones y si los supuestos aportes constituyen lavado de dinero. En el camino, el proceso judicial ha estado marcado por múltiples incidentes y, por el protagonismo político de su principal acusada, ha estado bajo un constante ojo mediático.

La fiscalía acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal que lavó más de US$ 17,307,359.72 y S/ 18,000. Así consta en al auto de enjuiciamiento, documento judicial de más de 6 mil páginas que resume la acusación y que revisó El Comercio. Ese documento es, además, el que ordena que el caso vaya a juicio.

Según la tesis fiscal, la mayor parte del dinero habría ingresado a través de sus campañas electorales del 2011 y del 2016. Entre ese monto está el presunto aporte de US$ 1 millón de parte de la constructora brasileña Odebrecht, lo que vincula este caso a la trama Lava Jato en Perú. El resto provendría de empresarios nacionales.

Los montos de dinero lavado, según la acusación fiscal

La tesis de la defensa de Keiko Fujimori, ejercida por la abogada Giulliana Loza, es que no se recibió dinero de parte de Odebrecht. En cuanto a los aportes de empresarios nacionales, sostienen que no se trata de dinero de origen ilícito, por lo que no puede haber lavado de activos y que, como máximo, estaríamos ante una falta administrativa.

Las penas más graves solicitadas por la fiscalía son para los integrantes de la supuesta ‘cúpula’ de la organización criminal. Así como con Keiko Fujimori, también se piden 30 años y 6 meses de prisión para los acusados Jaime Yoshiyama, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, José Chlimper y Adriana Tarazona.

Para el resto se piden penas que van de los 22 años y 8 meses a los 4 años y 6 meses. Entre esos otros acusados están Mark Vito Villanella, exesposo de Keiko Fujimori, quien se enfrenta a un pedido de 22 años de prisión por organización criminal y lavado de activos, y la propia Giuliana Loza, para quien solicitan 6 años y 6 meses por obstrucción a la justicia.

También figura como acusado el partido Fuerza Popular como persona jurídica, para el que se ha solicitado su disolución. Sin embargo, una ley aprobada por el Congreso este año, con el apoyo de la bancada fujimorista, podría evitar que esa sanción sea impuesta.

Si bien las indagaciones en torno a las campañas de Keiko Fujimori se pueden rastrear hasta el 2015, el caso como se le conoce hoy tiene su origen en el año 2017. Ese año, en medio del estallido del caso Lava Jato, la fiscalía peruana tuvo acceso a una anotación encontrada en la agenda de Marcelo Odebrecht: ‘aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita’

Conocida esta noticias, el fiscal Germán Juárez Atoche, quien por entonces ya investigaba a Ollanta Humala por presuntos aportes de Odebrecht, inició una investigación preliminar a la excandidata presidencial. Por entonces, Fuerza Popular dominaba el Congreso con una mayoría de 70 congresistas, liderados por Keiko Fujimori.

En septiembre del mismo año, sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez fue asignado a la investigación. Con el correr de los meses, las pesquias no solo se limitarían al presunto aporte de Odebrecht, sino también otros presuntos aportes no registrados en las campañas del 2011 y 2016.

La investigación estuvo marcada por distintos acontecimientos y diligencias. En diciembre del 2017, el fiscal Pérez allanó los locales de Fuerza Popular y en octubre del 2018, obtuvo la detención preliminar de Keiko Fujimori y los principales investigados. Si bien esa medida fue revocada, luego logró una prisión preventiva de 36 meses que sí fue confirmada en segunda instancia.

En el 2019, la Corte Suprema confirmó esa primera prisión preventiva, aunque la redujo a 18 meses. A inicios de ese mismo año, el juez Richard Concepción Carhuancho, inicialmente a cargo del caso, fue apartado y reemplazado con el juez Víctor Zúñiga. Y en noviembre, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de la excandidata.

Poco después, sin embargo, la fiscalía ratificó su pedido de prisión preventiva. En enero del 2020, el juez Zúñiga dictó la medida por segunda vez. Pese a ello, en mayo de ese año y en medio de la pandemia, la sala de apelaciones revocó la decisión. Desde entonces, Keiko Fujimori es procesada bajo libertad con restricciones. Actualmente, no tiene impedimentos para salir de Lima o viajar al extranjero.

En marzo del 2021, el fiscal cerró la investigación y presentó su acusación ante el Poder Judicial. Por entonces, Keiko Fujimori estaba en plena campaña presidencial de primera vuelta. El juez Víctor Zúñiga inició las audiencias de control de acusación en agosto de ese año.

En el control de acusación, el juez devolvió en varias ocasiones el requerimiento a la fiscalía para que se hagan correcciones. Toda esa primera etapa del control terminó en agosto del 2022. Luego, el magistrado rechazó los recursos presentados por Keiko Fujimori y sus coacusados para que el caso sea archivado allí, sin que se llegue a juicio.

Todo ese proceso duró hasta mayo del 2023, cuando terminaron las audiencias de control de acusación. Seis meses después, en diciembre, el juez emitió el auto de enjuiciamiento. En enero del 2024, el juicio fue asignado por sorteo al Tercer Juzgado Penal Colegiado de la CSNJPE y se programó el inicio para el 1 julio del 2024.

A nivel estrictamente jurídico, el juicio apunta a dar una respuesta a una pregunta que lleva casi siete años abierta: si los presuntos aportes de campaña que recibió el fujimorismo ocurrieron y si son lavado de dinero. Por ahora, el Poder Judicial solo ha autorizado que el caso vaya a juicio para que allí se decida todo. La responsabilidad penal o no de los acusados se decidirá en esta etapa.

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez dijo a El Comercio que llega a la inicio del juicio “con la seguridad de que la fiscalía ha realizado su trabajo de poder presentar un caso sólido, con pruebas que se van a actuar en juzgamiento, y que finalmente serán los jueces quienes tendrán que determina la responsabilidad penal de todos los acusados e imponer la condena si es que logran actuar las pruebas debidamente”.

Ante los pedidos para evitar que el juicio se instale o se postergue, el fiscal consideró que por los antecedentes de la CNSJPE en casos similares, esto no ocurrirá. “Seguramente van a ser incidencias que se van a debatir o van a procurar que se debata antes de la instalación del juicio. Pero tenemos la confianza en que los jueces van a seguir los criterios de los otros casos que están juzgando y la instalación se llevará a cabo”.

En esa línea, lo importante para la fiscalía en esta primera sesión es que el juicio se instale. “Las defensas han buscado, dentro y fuera del proceso, con toda una campaña para desacreditarnos, que no se llegue a este momento. Para nosotros sí es bastante importante que se logre la instalación”.

Luego de la instalación, se prevé que el Ministerio Público inicie con sus alegatos de apertura para sustentar su acusación. Luego harían lo mismo la Procuraduría contra el Lavado de Activos y las defensas de los acusados.

Sobre su continuidad al frente del caso, del que la defensa de Keiko Fujimori, busca excluirlo, Pérez afirmó que estos mecanismos se le han aplicado desde que asumió esta investigación. “Esperemos que se me permita no solo la sustentación de la acusación, sino que pueda llevar todo el juzgamiento”.

Consultado respecto a si siente el respaldo de la institución de cara al juicio, respondió que se siente “respaldado por el fiscal coordinador Rafael Vela y creo que se va a hacer un trabajo a nivel del equipo especial”.

En el juicio contra Ollanta Humala por presuntos aportes de Odebrecht, las defensas lograron que un juez brasileño prohibiera a testigos de su país declarar para la justicia peruana. Sobre la posibilidad de que eso se repita en el juicio a Keiko Fujimori, el fiscal dijo que “no le sorprendería si también lo van a plantear”.

“Uno de los abogados, Humberto Abanto, ha dicho públicamente que lo ha estado solicitando en Brasil. Si bien esto todavía no ha ingresado al proceso como una solicitud, entendemos que seguramente lo hará. Pero hay que tener en cuenta que los ejecutivos de Odebrecht han estado declarando en otros juicios [...[ Habrá que esperar, llegado el momento, la posición que adopten la justicia brasileña y los jueces peruanos”, indicó.

Sobre los jueces a cargo del juicio, Pérez destacó que son magistrados “con experiencia en esta clase de casos complejos, emblemáticos”. “Tienen experiencia acumulada en casos bastante grandes. Lo que sí espero es que se pueda mantener la presencialidad en las audiencias, pero también que se permita el acceso de los distintos medios de comunicación”.

El abogado comentó que dentro su tiempo al frente del Caso Cocteles ha sido “atacado de una manera desproporcionada, No solo dentro de la propia institución, sino también fuera”.

“Quienes han intervenido en este proceso, como fiscales, jueces, testigos, colaboradores, han sido atacados de alguna manera, acosados, amenazados. Se ha tenido que sortear todos estos inconvenientes, que han sido generados por quienes están siendo llevados a juicio oral”.

El fiscal dijo que la velocidad con la que el juicio avance y se llegue a una sentencia depende que el Poder Judicial dé las facilidades a los jueces del caso. En el juicio contra Alejandro Toledo, mencionó, hay audiencias diarias y todo apunta a que se tendrá una sentencia este año. Si solo hay una o dos audiencias por semana, el juicio podría durar hasta dos años, lo que “no es lo más adecuado para casos donde hay una expectativa social muy alta”.

“Espero que el juzgado pueda tener más personal, que ya no tengan más carga. Eso ya no depende solo de los jueces, de su voluntad, sino de las autoridades que dirigen la Corte Superior Nacional”, dijo Pérez Gómez.