La Fiscalía de la Nación a 100 días del ‘Operativo Valkiria’: ¿cómo cambió la interna durante la era Juan Carlos Villena?

Los que se oponían a Patricia Benavides no la pasaban bien. La fiscal suprema Zoraida Ávalos había sido inhabilitada por el Parlamento; el fiscal superior Rafael Vela, su examigo, había sido suspendido por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público -en otra trama bajo sospecha de corrupción- y separado de la coordinación del equipo especial Lava Jato y de las Fiscalías Contra el Lavado de Activos.

LEE TAMBIÉN | ¿Proyecto para reorganizar el Ministerio Público tiene respaldo en el Congreso?

En el horizonte estaban los intentos del Congreso para destituir al pleno de la JNJ, que la investigaba; y la remoción de Maria Barreto como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. Esos hechos también hoy son parte de la investigación penal que involucra a Patricia Benavides.

Pero el monolítico poder de la ex fiscal de la Nación se desmoronó hace casi 100 días con la ‘Operación Valkiria’, su posterior suspensión por parte de la JNJ y el ascenso de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación interino. Todo ello marcó el inicio de una restructuración interna en el poder del Ministerio Público, de acuerdo con información de fuentes de El Comercio ligadas a la institución.

Cuando asumió como supremo en junio del 2022, junto a Patricia Benavides, Juan Carlos Villena era una suerte de ‘outsider’ en la Junta de Fiscales Supremos. Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez ya habían sido titulares del Ministerio Público (MP) y Benavides trabajó con los cinco fiscales de la Nación previos antes de asumir ella misma el cargo.

En cambio, Juan Carlos Villena hizo toda su carrera fuera de Lima y era ajeno a las antiguas disputas en los pasillos del edificio central de la fiscalía. Eso sí, conocía a al menos uno de los supremos: Pablo Sánchéz, quien fue fiscal de la Nación cuando él era presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ica (2015-2016).

Al margen de ello, Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez tenían una relación cordial con Patricia Benavides. Nuevamente, todo cambió el día de ‘Valkiria’, cuando ambos exigieron juntos su renuncia en un pronunciamiento que se hizo público.

Iniciada la gestión de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación, comentan fuentes de El Comercio, Pablo Sánchez se convirtió en su principal apoyo en la Junta de Fiscales Supremos. La experiencia de Pablo Sánchez como penalista fue un factor importante en esa cercanía.

Las decisiones de esos primeros días fueron claves. Los dos dieron luz verde a que Delia Espinoza se integre a la Junta de Fiscales Supremos tras haber sido enviada como representante del Ministerio Público al Jurado Nacional de Elecciones durante la gestión de Patricia Benavides.

Poco después, Juan Carlos Villena encargó a Delia Espinoza la indagación a Patricia Benavides por su presunta red criminal. Se excusó de llevarla él o encargarla a Pablo Sánchez porque podían ser testigos del caso y para que no se alegue un adelanto de opinión por el pedido que hicieron para que Benavides renuncie.

Juan Carlos Villena también removió a los fiscales de confianza de Patricia Benavides de puestos claves, repuso a Marita Barreto en la jefatura del Eficcop y encargó la coordinación del equipo especial Lava Jato a Elssie Garavito, exadjunta de Rafael Vela.

Uno de los que salieron fue Marco Huamán, la mano derecha de Patricia Benavides en las indagaciones a altos funcionarios como encargado del Área de Denuncias Constitucionales y Enriquecimiento Ilícito. En su lugar, nombró a Luis Germaná, quien hasta entonces era más conocido por haber dirigido la Oficina de Control Interno del Ministerio Público durante la gestión de Pedro Chávarry. En el 2018, sancionó al fiscal José Domingo Pérez por declaraciones que dio en entrevistas.

Desde entonces, comentan las fuentes, Luis Germaná se ha convertido en una de las figuras de mayor confianza de Villena. Dentro de su gestión al frente del Área de Denuncias Constitucionales, ha removido a casi todo el personal que antes trabajó con Marco Huamán durante la gestión de Patricia Benavides y ha impulsado recientes denuncias constitucionales contra altos funcionarios, entre ellas las de dos congresistas ‘mochasueldos’. Todo apunta a que vendrán más.

Juan Carlos Villena también puso al fiscal Alcides Chinchay al frente de la Segunda Fiscalía Suprema Transtoria Anticorrupción, otro puesto clave. Chinchay ya había integrado ese despacho cuando estos eran liderados por Bersabeth Revilla y -con diferencias de por medio- por Uriel Terán, exhombre de confianza de Patricia Benavides.

Desde allí, ha asumido procesos importantes, como los seguidos contra Pedro Castillo (por el golpe de Estado y por organización criminal) y contra Enma Benavides, a la que se prevé que le dé un nuevo impulso. También tiene casos como el juicio contra Daniel Salaverry y una investigación contra Pedro Chávarry; además de las indagaciones previas en torno a una denuncia penal contra el periodista Gustavo Gorriti y los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Con el transcurrir de los días, sin embargo, la relación de Juan Carlos Villena con Pablo Sánchez se debilitó y su vínculo con Delia Espinoza se fortaleció. Detrás de ello hubo varios factores

Uno fue que la presencia física de Pablo Sánchez en el edificio del Ministerio Público ha disminuido por sus problemas de salud. Otro, como en toda relación humana, son sus carácteres: Sánchez es más reservado y Espinoza tiene una personalidad más activa. Ambos, eso sí, son reconocidos como buenos penalistas.

El otro factor es la trascendencia de la investigación contra Patricia Benavides que dirige Delia Espinoza; sumada a las declaraciones que ha dado allí Jaime Villanueva, exfuncionario de las gestión de Benavides y también del propio Sánchez.

Las filtraciones de las declaraciones de Jaime Villanueva ante el despacho de Delia Espinoza como parte de esa indagación llevaron a que Villena inicie diligencias preliminares contra Pablo Sánchez y otros. Lógicamente, ello marcó una prudente distancia entre ambos.

Esas filtraciones, indican las fuentes, han causado malestar en la interna del Ministerio Público por diversos motivos. Jaime Villanueva es colaborador eficaz ante el Eficcop, que viene trabajando en la corroboración de sus dichos; pero ante el despacho de Espinoza se presentó como testigo.

En la declaración filtrada de Jaime Villanueva que menciona a Pablo Sánchez, Patricia Benavides, Zoraida Ávalos y Rafael Vela, el fiscal del despacho de Espinoza a cargo de la diligencia fue Reynaldo Abia. Su actuación es cuestionada dentro de la fiscalía por no repreguntar y no pedirle precisiones sobre los presuntos hechos irregulares que relató. Además, advierten que en el pasado tuvo sus propios choques con Sánchez y Vela.

Delia Espinoza y Marita Barreto, a su vez, tienen antiguas diferencias. Estas se remontan al 2015, cuando estaban en la Fiscalía contra el Lavado de Activos y chocaron a raíz del caso Rodolfo Orellana, el más sonado por aquella época. Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación, sacó a Espinoza de la coordinación de esas fiscalías, la reemplazó con Rafael Vela y respaldó a Barreto.

Una muestra de la distancia entre ambas se dejó ver en una reciente audiencia judicial. Delia Espinoza afirmó que el Eficcop aún no le remite la información entregada por el agente especial ‘Roberto’, la cual implica a Benavides en supuestos negociados ilícitos con el Congreso.

Dadas las cosas, las dos indagaciones en torno a Benavides (la del Eficcop y la de Delia Espinoza) van por cuerdas separadas, pese a tener a prácticamente los mismos protagonistas. La relación entre Marita Barreto y Juan Carlos Villena, eso sí, está en buenos términos.

Así, hoy el principal apoyo del fiscal de la Nación en la Junta de Fiscales Supremos es Delia Espinoza. Una fuente comenta, por ejemplo, que el consejo de la fiscal fue clave para que Villena envíe su mensaje el pasado 22 de febrero contra un proyecto del Congreso que busca intervenir el Ministerio Público y separar a los fiscales supremos.

Por entonces, ya se había anunciado un proyecto de Renovación Popular con ese propósito. Días después, se presentó uno de Perú Libre en el mismo sentido. En tanto, el último viernes, Espinoza incluyó a 14 legisladores en la investigación seguida a la ex fiscal de la Nación. Las relaciones entre la Fiscalía de la Nación y el Congreso, es evidente, ya no las mismas que durante de la gestión de Patricia Benavides.

Juan Carlos Villena y Delia Espinoza también participaron juntos el último viernes en la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que abordó la situación de la fiscalía peruana.

Las fuentes coinciden en que pese a las diferencias internas en fiscalía, sí hay unidad ante una amenaza externa: las iniciativas que busquen afectar su autonomía. Una muestra son los pronunciamientos de juntas de fiscales apoyando el mensaje de Villena y la posición manifestada por el Ministerio Público ante la CIDH en defensa de la independencia institucional y contra proyectos puedan afectarla.

En la fiscalía no se oponen a reformas para superar la crisis. De hecho, Juan Carlos Villena y Delia Espinoza informaron ante la CIDH que ya se está trabajando en una propuesta. Pero sí se rechaza una eventual intervención desde el poder político que pueda esconder otro tipo de intereses.